“Todo se hizo de acuerdo con la ley y espero que el juez llegue pronto a la misma conclusión”, ha manifestado este lunes la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya tras declarar como investigada (antigua figura de imputada) ante el juez que investiga la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali.
La ex jefa de la diplomacia española ha pasado una hora declarando en el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza y ha contestado a las preguntas del juez, el fiscal y la abogada del Estado, pero no de las dos acusaciones populares. Ante la insistencia del juez, quien le preguntó hasta en tres ocasiones quién dio la autorización final para acoger en España al líder saharaui, González Laya no ha querido revelarlo, ni tampoco qué miembros del Gobierno participaron en el debate, alegando que se trató de una decisión política y que hacerlo supondría dejar al descubierto el sistema de toma de decisiones de asuntos que afectan a la política exterior y la seguridad nacional. Sí ha subrayado que la medida se tomó “por razones humanitarias”, gravemente enfermo de la covid,
González Laya se ha acogido, para no revelar más información, al acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010 que aplicó la Ley sobre Secretos Oficiales a su departamento y clasificó como secretos o reservados todos aquellos documentos o informaciones “cuya revelación no autorizada pueda dañar o poner en grave riesgo […] las relaciones diplomáticas con terceros países”. Este acuerdo nunca se ha publicado en el BOE.
No obstante, González Laya se ha explayado en explicaciones para defender la legalidad de la entrada de Gali en España, enumerando distintos artículos del reglamento de Schengen (el espacio europeo sin fronteras) que autorizan excepcionalmente a los países para eximir a visitantes del control de pasaportes, permitir el acceso por fuera de los puestos fronterizos e incluso sin documentación.
A la salida del juzgado, la ministra ha asegurado que había acudido “con transparencia y con mucha tranquilidad” para facilitar al juez todas las explicaciones necesarias, de forma que este pueda llegar a la conclusión de que “todo se hizo de acuerdo con la ley”. El juez Rafael Lasala está pendiente de resolver una petición de la abogada del Estado para que archive el caso porque la entrada de Gali fue, en su opinión, “conforme a derecho”. El instructor investiga la posible comisión de los delitos de prevaricación, encubrimiento y falsificación de documento y ha preguntado si alguno de los 26 países del espacio Schengen había lanzado una alerta para detener o localizar a Gali, ya que no se ha acreditado que existiera ninguna orden de busca y captura contra el líder saharaui, aunque sí diligencias abiertas en la Audiencia Nacional.
Antes de la comparecencia de González Laya ha declarado como testigo el ex secretario general técnico del Ministerio de Exteriores José María Muriel Palomino, quien ha asegurado que no tuvo ninguna intervención en el caso. Su declaración ha durado apenas un cuarto de hora. La entrada de Gali en España, el pasado 18 de abril, sirvió como desencadenante de una grave crisis diplomática con Marruecos, que tuvo su momento álgido con la entrada de más de 10.000 inmigrantes irregulares en Ceuta a partir del 17 de mayo.
Para el próximo día 18 están citados como testigos la entonces directora del Gabinete de la exvicepresidenta Carmen Calvo y actual presidenta de la Fábrica Nacional de Moneda, Isabel Valldecabres, quien días antes de la llegada de Gali llamó a Villarino para interesarse por el asunto; y a Susana Crisóstomo Sanz, jefa de Gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien se opuso a la acogida del líder saharaui, pero le brindó escolta policial. La posibilidad de citar a la propia Carmen Calvo ha quedado pospuesta para más adelante.
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