El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, propondrá este martes al Consejo de Ministros un nuevo cambio en la estructura de su departamento. Sobre el papel, es una modificación menor, ya que se limita a elevar de rango al actual Gabinete de Coordinación y Estudios del departamento para que pase a ser una dirección general y a abrir la posibilidad de que el cargo lo ocupe una persona que no sea funcionario en activo.
Sin embargo, esta modificación permitirá seguir al frente de este puesto, que entre otras funciones tiene el control de los fondos reservados, al comisario José Antonio Rodríguez Gónzalez, policía de la máxima confianza del ministro y que tenía que abandonarlo el jueves al cumplir 65 años y jubilarse. Este policía es el que certificó recientemente al juez del caso Kitchen las graves irregularidades en el uso de los fondos reservados por la trama policial que espió al extesorero del PP Luis Bárcenas. El cambio también convierte a Rodríguez en el número tres de facto de Interior, solo por detrás del propio Grande-Marlaska y del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.
Entre los cometidos iniciales del Gabinete de Coordinación estaban la redacción de los planes de seguridad ciudadana, las estadísticas de criminalidad y el diseño de las acciones formativas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sin embargo, las funciones de este órgano han aumentado con el tiempo de manera “exponencial”, al asumir en los últimos años tareas relacionadas con la protección de las llamadas infraestructuras críticas, de ciberseguridad y de coordinación del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista. De él depende, por ejemplo, tanto el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC) como la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC). El gabinete se ha convertido, de hecho, en el principal órgano a través del cual el Estado ejerce buena parte de sus competencias en materia de coordinación de la seguridad pública.
Hasta ahora, el rango de la persona al frente del gabinete era inferior al de los titulares de las direcciones generales de la Policía y la Guardia Civil, o de las consejerías de Interior y seguridad de las comunidades autónomas con policía propia, lo que generaba “una evidente dificultad añadida para el ejercicio de sus funciones”, señalan fuentes de Interior. En este sentido, destacan el papel jugado en los últimos años por el comisario Rodríguez en la recuperación de las relaciones con las diferentes policías autonómicas y, en especial, con los Mossos d’Esquadra, que quedaron maltrechas tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Hasta la fecha, el director del Gabinete de Coordinación ha sido ocupado siempre por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en activo. Entre 2011 y 2018, el cargo fue ocupado por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos —destituido dos años después de su puesto al frente de la comandancia de Madrid por “falta de confianza” tras un polémico informe sobre las manifestaciones del 8-M—, al que sustituyó otro miembro del instituto armado, el también coronel Juan Hernández Mosquera. Este fue relevado por el comisario Rodríguez con la llegada de Grande-Marlaska a Interior. Ahora, el ministerio hace desaparecer la premisa de que al frente del Gabinete esté un funcionario en activo al considerar que el puesto tiene un “cariz político” que va más allá del componente policial que se buscaba cuando se elegían a altos mandos de las Fuerzas de Seguridad. Interior destaca que el cambio no supondrá un mayor desembolso económico.
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