La gestión de las tres cárceles del País Vasco está a punto de pasar a manos del Gobierno de Urkullu. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, se han reunido este viernes en Vitoria para ultimar la transferencia de esta competencia recogida en el Estatuto de Gernika y que sigue pendiente de entregar a Euskadi. No hay fecha fijada para formalizar el traspaso, que podría producirse a lo largo de este mes de marzo. En el encuentro, Marlaska y Erkoreka han acordado reactivar la Junta de Seguridad, un órgano que coordina el trabajo entre la Ertzaintza y el resto de cuerpos policiales y que lleva sin reunirse desde julio de 2017.
El Gobierno vasco asumirá próximamente la “organización, régimen y funcionamiento” de las prisiones de Zaballa (Álava), Basauri (Bizkaia) y Martutene (Gipuzkoa), donde en la actualidad hay recluidos unos 1.300 presos y trabajan alrededor de 600 funcionarios. La asunción de esta competencia por la administración vasca ha sido una reivindicación histórica de los nacionalistas vascos y que pudo desbloquearse en noviembre de 2018 tras el acuerdo que alcanzaron la entonces ministra de Política Territorial, Meritxel Batet, y su homólogo vasco Erkoreka. El calendario acordado inicialmente por los Gobiernos central y vasco estableció entregar la gestión penitenciaria en enero de 2020, pero la lentitud de los trabajos y los efectos de la pandemia de la covid-19 han obligado a retrasar el traspaso hasta marzo de este año.
Tras la reunión, ambos Ejecutivos han comunicado que la transferencia está ultimada y se hará efectiva en cuanto los equipos del Ministerio de Política Territorial y el Departamento de Autogobierno resuelvan los flecos que quedan pendientes. La reunión entre Marlaska y Erkoreka se ha desarrollado en “un ambiente distendido, de máxima cordialidad” y ha sido “fructífera en cuanto a contenidos”, han informado por separado el ministerio y la consejería en sendas notas de prensa semejantes. Entre las grandes competencias pendientes, a los Gobiernos solo les quedaría formalizar la referida al régimen económico de la Seguridad Social, que no llegaría hasta finales de este año, según el último cronograma de transferencias.
En cuanto se transfiera la gestión de las cárceles, el Gobierno vasco pretende establecer “un modelo penitenciario propio” que dirigirá la consejería de Igualdad, Justicia y Política Social. Esta ya ha avanzado que dicho modelo estará sustentado en el uso del encarcelamiento como “una opción extrema” que se use cuando “no exista otra alternativa” y con el objetivo de que al menos el 40% de los reclusos cumplan sus penas en régimen abierto, según avanzó la titular del departamento, Beatriz Artolazabal, a finales de 2020.
En la cárcel de Zaballa (Álava), la más moderna e inaugurada en 2011, hay en torno a 700 internos (su capacidad ronda el millar), mientras que la vizcaína de Basauri (1966) cuenta con algo más de 300 presos, una cifra similar a la población recluida en el centro donostiarra de Martutene (1948). Esta última infraestructura podría echar el cierre en la primavera de 2023, en cuanto finalicen las obras de construcción de la nueva cárcel proyectada en el barrio de Zubieta. Esta comenzará a construirse en mayo próximo tras adjudicarse recientemente a una unión temporal de empresas por 38,8 milones. Las nuevas instalaciones tendrán capacidad para acoger a 500 reclusos y un centro con 52 habitaciones para personas en régimen de semilibertad.
Con la competencia en su poder, el Gobierno vasco pasará a asumir la gestión y funcionamiento de las tres infraestructuras, el personal laboral y podrá aplicar la Ley General Penitenciaria. La política penitencia ―que incluye, por ejemplo el traslado de presos― seguirá estando a cargo del Ministerio del Interior.
La transferencia de las prisiones se produce en un momento caracterizado por unas buenas relaciones entre los jefes de ambos Ejecutivo, Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu, que el pasado 25 de enero mantuvieron un encuentro en la Moncloa en el que también trataron, entre otros asuntos, las transferencias pendientes. Llega también en pleno aumento de los acercamientos de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco por parte del Gobierno central.
Marlaska y Erkoreka también han acordado volver a activar la Junta de Seguridad, que lleva más de tres años sin reunirse, para fortalecer la coordinación entre la Policía vasca y las Fuerzas de Seguridad del Estado y para “abordar de forma conjunta los nuevos retos para la seguridad”. Han coincidido además en reconocer y agradecer el trabajo de estos cuerpos durante este año de pandemia y han puesto en valor la labor de los agentes, que han velado por la salud y seguridad de la ciudadanía, han garantizado los servicios y bienes esenciales, así como el suministro de material sanitario, y han asegurado el funcionamiento de infraestructuras críticas.
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