La crisis política y social que vive Haití dio un paso más hacia la ingobernabilidad después de que el presidente Jovenel Moïse anunciara el domingo un intento de golpe de Estado en su contra y confirmara su intención de continuar en el cargo hasta febrero de 2022. La reacción de Moïse fue la respuesta a varias semanas de manifestaciones violentas en distintas ciudades del país para pedir su renuncia bajo el argumento de que este fin de semana terminó su mandato.
Moïse habló en el aeropuerto de Puerto Príncipe antes de viajar a Jacmel, donde comenzó uno de los carnavales más famosos del Caribe, y que se celebrará a pesar de la pandemia y los disturbios, en un esfuerzo de forzada normalidad. “Hubo un atentado contra mi vida”, dijo el mandatario en referencia a un supuesto complot que comenzó el 20 de noviembre.
Pero Moïse no se limitó a la crítica frente la prensa y anunció la detención de 23 personas a las que acusó de intentar asesinarlo. Entre los detenidos está el juez de la Corte Suprema Yvickel Dabrézil, el hombre apoyado por la oposición para convertirse en presidente interino en el caso de que Moïse dejara el poder y se quedara en el cargo hasta la convocatoria de elecciones. Según las autoridades, el juez Dabrézil incluso tenía una copia del discurso de toma de posesión.
Las detenciones son el intento por neutralizar a un movimiento opositor que se mueve en la calle y en las instituciones para tratar de tumbar al Gobierno del país más pobre de América. La oposición exige su salida bajo el argumento de que su mandato terminó el domingo. Moïse, por su parte, ha declarado en repetidas ocasiones que su gestión de cinco años finaliza en febrero de 2022.
El origen político del conflicto está en las convulsas elecciones de 2017. Un año antes, Michel Martelly finalizó su gestión, pero los caóticos comicios obligaron a nombrar un presidente provisional durante un año hasta que Moïse asumió el cargo. Según Francisco Fernández, asesor del presidente “la calle está siendo agitada por grupos violentos que no pasan de 30 personas y que generan violencia e incertidumbre”, señaló en entrevista con EL PAÍS desde Puerto Príncipe. “Hay un intento de golpe de Estado en marcha. La oposición quiere contabilizar el primer año, pero ese primer año estuvo al frente otro presidente en condiciones de interino y además era de la oposición”, dijo el asesor político de la firma Sola.
La oposición también denunció el giro autoritario del mandatario desde que hace un año disolvió el Parlamento y gobierna por decreto alimentando las críticas. Paralelamente la violencia y los secuestros se han disparado en el país y son el principal temor de una población sometida a las bandas violentas.
Según los expertos consultados, todo ello ha creado uno de los escenarios más tensos de los últimos años en un país que vive sobre el alambre desde hace décadas. Desde que la dinastía de los Duvalier fue derrocada hace 35 años, Haití es el país latinoamericano que más Gobiernos ha tenido en menos tiempo. De 1986 a la actualidad han pasado por el cargo hasta 20 mandatarios distintos que van de generales a ministros en funciones. La permanencia de Moïse es aún más delicada dada su debilidad en la calle, ya que apenas fue elegido con unos 600.000 votos en un país de 11 millones de habitantes.
“Las actividades están paralizadas y las calles estuvieron vacías durante todo el fin de semana, el transporte no funciona y la situación es muy tensa y con temor generalizado entre la población”, describió a EL PAÍS el periodista Milo Milfort desde la capital. “Todo indica que las protestas crecerán en los próximos días y podría aumentar la represión, aunque para la oposición la persecución contra ellos ya comenzó con la detención de estas 23 personas”, explicó el reportero.
Con la calle revuelta y la oposición movilizada, el principal apoyo de Moïse proviene de la comunidad internacional, principalmente de Estados Unidos. Después de una gestión muy cercana a Donald Trump, el mandatario de 52 años, hijo de un comerciante y una costurera de origen pobre, ha logrado el respaldo de la nueva Administración de Joe Biden cuyo equipo defendió que su gestión terminará hasta 2022. A este apoyo se ha sumado el Core Group, el grupo de países entre los que están Estados Unidos, Canadá, Francia, España o Alemania. No obstante, en diciembre, el Core Group se sumó a Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) al criticar el giro autoritario de los últimos decretos de Moïse que sirvieron para crear una agencia de inteligencia y tipificar como “terrorismo” los actos de vandalismo.
Según Olga Regueira, una residente española en Haití que ha trabajado 13 años para organismos de cooperación, la comunidad internacional apoya a Moïse porque su caída “podría significar la desestabilización en una zona geopolíticamente importante del Caribe”, explica a este periódico. Ubicado cerca de Cuba, entre Miami y Venezuela, Haití es en un punto importante para Estados Unidos por el tráfico de drogas y la emigración. Según Regueira, en Haití siempre ha habido “inestabilidad, pero nunca tantas armas distribuidas entre la población como ahora. En el país hay al menos 76 bandas armadas no políticas o ideológicas, sino destinadas a robar y secuestrar por poco dinero y formadas por pandilleros que son más poderosas que el propio Estado”. “El presidente es un hombre acobardado que se mueve rodeado de un fuerte séquito de escoltas y la oposición es una amalgama corrupta y nada esperanzadora conformada por las familias que han controlado siempre la economía”, resume.
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