Los médicos tendrán un papel clave en todo el proceso de solicitud y ejecución de la eutanasia: a ellos tiene que remitirles el paciente la primera demanda de adelantar su muerte, una petición que han de analizar, estudiar, consultar con un colega y remitir, si cumple con los requisitos de la ley, a la comisión de garantías, el órgano que tiene la última palabra y donde la profesión médica también está representada. Pueden objetar, eso sí, y no participar en el proceso, pero el apoyo a la regularización de la eutanasia es mayoritario entre los profesionales, según las últimas encuestas.
A pesar del posicionamiento de los colegios profesionales —la Organización Médica Colegial se mostró contraria a la ley—, las consultas realizadas al colectivo (entre profesionales de los colegios de Tarragona, Bizkaia, Madrid y Las Palmas) revelan que el apoyo a la regulación de la eutanasia supera el 67% y la objeción de conciencia oscila entre el 15% en Tarragona y el 25% en Madrid.
Ahora que la ley está a punto de entrar en vigor, dos médicos, uno objetor y otra favorable a la eutanasia, exponen sus puntos de vista. Mónica Povedano (Barcelona, 52 años), jefa de la Unidad Funcional de Enfermedad de Motoneurona del Hospital de Bellvitge (Barcelona), defiende que se respete la voluntad del paciente en el final de vida, mientras que Joaquín Escribano (A Coruña, 60 años), director de Pediatría en el Hospital Sant Joan de Reus (Tarragona), sostiene que detrás de la petición de eutanasia lo que hay es “un grito desgarrador de ayuda” y aboga por mejorar la atención y los cuidados para sortear la desesperanza de los pacientes.
Pese a sus discrepancias, los dos médicos coinciden, no obstante, en que la ley deja cuestiones no resueltas: por ejemplo, cómo se evalúa y mide el sufrimiento de un paciente que pide la eutanasia o cómo se abordan las peticiones de personas con problemas de salud mental.
Pregunta
¿Aplicaría la eutanasia a un paciente?
Mónica Povedano
Sí, pero no en todos los pacientes. En determinados pacientes, en determinadas condiciones y con
determinadas patologías, creo que estaría justificado.
Estoy a favor de la eutanasia porque me dedico a una patología, que es la ELA, donde he vivido situaciones
en las que el acompañamiento a lo largo de la enfermedad lo hacemos muy bien, pero a veces no sabemos
acompañar bien el final de vida. Creemos que el final de vida lo marcamos los profesionales y no respetamos
al paciente cuando decide qué es su final de vida. Y eso me ha llevado a plantearme que yo no soy quién
para decidir cuándo es el final de vida en determinadas patologías, que he de respetar la opinión del
paciente y acompañarlo y ayudarlo y no dejarlo solo.
Joaquín Escribano
No, porque quitarle la vida a una persona de forma intencionada genera en mí un gran conflicto de
conciencia. Y esto no creo que sea una falta de sensibilidad al dolor de otro, sino que es una reflexión
profunda sobre lo que significa la compasión. Hay estudios que demuestran que la intención de la
adelantar la muerte por parte de los pacientes es un grito desgarrador de ayuda. Estas personas necesitan
una firme resolución de ayuda y muchas veces la eutanasia lo que hace es poner un punto final sin abordar de
una forma integral lo que nos está pidiendo el paciente.
Pregunta
¿Qué opina de la ley de la eutanasia?
Es una ley garantista, garantiza el derecho que tiene el ciudadano a la eutanasia. Pero sí creo que tiene
algunos vacíos y coloca en una difícil situación a los profesionales. Hay unas partes de la ley de difícil
interpretación o que se pueden interpretar de diferentes maneras.
Cuando hablo de vacíos, por ejemplo, es que dice que un paciente que tiene una enfermedad que le provoca un
gran sufrimiento, podría solicitar la eutanasia. Esto nos crea un debate de cómo definimos el sufrimiento,
cómo lo cuantificamos y evaluamos, cómo lo protocolizamos, qué hacemos con los pacientes que pueden tener
enfermedades psiquiátricas, cómo evaluamos si el paciente lo está solicitando porque así lo vive o porque
tiene una enfermedad que puede estar afectando a la toma de decisiones.
La ley lo que ha hecho es desenfocar el tema y hacernos perder una gran oportunidad de poder solucionar los
problemas que presentan las personas al final de su vida de forma íntegra. Hay un problema en el cual una
persona que expresa su deseo de adelantar la muerte, lo que nos dice desde el punto de vista clínico, es que
hay una situación de factores que están modulando su estado de ánimo. Desde el punto de vista médico es como
enfrentarnos a un síndrome, el síndrome de adelantar la muerte y como tantos otros síndromes clínicos, hay
una causalidad multifactorial y dentro de esos factores, puede estar la enfermedad, pero no es el único
factor. Ahí van a influir los apoyos emocionales, si tengo familia, mi condición socioeconómica, dónde vivo,
con qué apoyos externos cuento, estoy recibiendo ayudas del Estado… Hay que hacer abordaje general del
paciente para delimitar muy bien qué causas lo pueden estar conduciendo a experimentar ese sufrimiento
insufrible. Y determinado el diagnóstico, habría que actuar: la gran revolución social pendiente está en
incorporar el cuidado a las prestaciones sociales.
Pregunta
¿Qué es la muerte digna?
Es aquella que el propio paciente ha podido decidir en el momento adecuado. No somos los profesionales los
que decidimos que ha llegado el final de vida de un paciente en el contexto de una enfermedad ni ninguna otra
persona. Y es digna también cuando se acompaña de tal manera que bajas el sufrimiento del paciente y de su
entorno.
Es aquella que acontece respetando la dignidad del hombre, lo que quiere decir que es una muerte acompañada
de un nivel de cuidados máximo alrededor de problemas físicos, psicológicos y emocionales; controlando en lo
posible el dolor y el sufrimiento de los hombres; que se produzca en un entorno cercano; con el apoyo de la
familia o de personas allegadas. Una muerte digna es una muerte en paz, acompañada, en la que el cariño no te
abandona hasta el último momento.
Pregunta
¿El sistema de la ley es garantista?
Sí, creo que sí. Porque da al ciudadano el derecho a decidir.
La ley garantiza de forma estricta la ejecución del proceso eutanásico: el paciente solicita la eutanasia, aparece su médico responsable, luego un médico consultor y luego, la comisión. El cómo se va a desarrollar el proceso eutanásico está sólidamente garantizado, pero lo que no veo tan garantizado es el qué y el quién. Aparecen múltiples posibilidades que no quedan definidas: los médicos no sabemos qué quiere decir sufrimiento insoportable, no tenemos unas escalas para valorarlo de forma exacta. ¿Analizaremos en nuestra deliberación con el paciente la situación de los cuidados recibidos, con qué calidad e intensidad han sido recibidos, para saber si ese grado de desesperación no es fruto de un abandono institucional, sino que es fruto de su propio interior? No tenemos solucionado qué pasa con las personas con un trastorno mental y, de ellas, qué pasa con los deprimidos: cuando una persona pide adelantar su muerte, hasta un 30% puede estar sufriendo una depresión mayor. ¿Y una persona con una depresión mayor, realmente tiene capacidad de tomar una decisión que no tiene retorno? ¿Cómo vamos a valorar la capacitación de los pacientes para que tomen decisiones autónomas?
Pregunta
¿Teme que su posición respecto a esta ley pueda acarrear algún tipo de estigma o discriminación por parte de sus compañeros?
No lo creo porque no creo que me convierta en un médico matador de pacientes. Al revés, creo que un médico que está a favor de esto, lo que hace es acompañar correctamente al paciente en todo lo que es su proceso de enfermedad. Estar a favor de esta ley no significa que no vaya a luchar para que el paciente viva.
Rotundamente, no. Tampoco tendría mucha lógica. En una encuesta del departamento, un 20% de los encuestados médicos respondieron que serían objetores en cualquier circunstancia y un 40% que podría ser objetor según el caso. Si los agrupamos, aparece un núcleo importante de médicos que en algún momento de su desarrollo profesional podrían presentar objeción ante una eutanasia.
Además, hasta ahora, mientras no se produzcan modificaciones, nuestros códigos deontológicos, tanto el catalán como el español, siguen considerando la eutanasia como un ejercicio fuera de la corrección ética de la profesión. No tendría mucha lógica que generara discriminación y rechazo entre los profesionales.
Pregunta
¿El sistema de salud y los profesionales están preparados para el aterrizaje de la ley?
Creo que no. No hay una correcta formación de los profesionales en la aplicación de la ley. Los profesionales tampoco están formados en la toma de decisiones al final de vida, en cómo se plantean los documentos de voluntades anticipadas, en cómo se mitiga el sufrimiento de los enfermos… Y también hay que protocolizar muy bien el circuito: quién la va a aplicar, dónde se va a aplicar… son aspectos que todavía no se han definido.
Las administraciones están haciendo un esfuerzo encomiable para dar cobertura dentro de unos plazos razonables. Se están diseñando modelos de cómo se hará formación a los profesionales, pero faltan por definir circuitos, los puntos de apoyo cuando existan dudas para profesionales y familias… Queda un largo camino por andar, sobre todo en formación. Pero no tengo ninguna duda de que el sistema sanitario podrá afrontar con garantías el desarrollo de la ley.
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