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Herramientas como el software Pegasus son un arma contra personas con opiniones disidentes: Bachelet

El nivel sin precedentes de vigilancia actual en todo el mundo por parte de actores estatales y privados es incompatible con los derechos humanos. Muchos, si no la mayoría de nosotros, no somos conscientes de la cantidad de información que se recopila, procesa, utiliza y distribuye sobre tantos aspectos de nuestras vidas, señaló la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Durante la Audiencia del Consejo de Europa sobre las implicaciones del software espía Pegasus, refirió que estos desafíos previamente desconocidos van al núcleo de la democracia y la libertad, y requieren una reflexión profunda y urgente y una mayor acción.

El pasado mes de julio, Aristegui Noticias y otros medios de comunicación, dieron a conocer que periodistas de todo el mundo revisaron por meses los más de 50 mil números telefónicos de potenciales blancos para espionaje a los que tuvo acceso la organización francesa Forbidden Stories. En esta investigación global, se documentó que México es, por mucho, el primer lugar en número de registros accesados por clientes de la compañía de espionaje israelí NSO Group. Además, aparecen al menos 12 jefes de Estado de todo el mundo.

 

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“A la mayoría de nosotros no nos sorprendieron las recientes revelaciones que documentan el uso generalizado del software espía comercializado por el grupo NSO, que afecta a miles de personas en 45 países de cuatro continentes. Los ataques contra defensores de los derechos humanos, periodistas y políticos es solo otro ejemplo de cómo las herramientas supuestamente destinadas a abordar los riesgos de seguridad pueden terminar siendo un arma contra personas con opiniones disidentes”.

“Los abusos facilitados por la industria de la vigilancia se han vuelto tan comunes que solo unos días antes de las revelaciones de Pegasus, otro informe describió acuerdos opacos relacionados con la comercialización de un software espía diferente, Candiru. Se dijo que ese software espía se había dirigido de manera similar al menos a 100 defensores de los derechos humanos y periodistas en al menos 10 países”.

Bachelet aprovechó para felicitar a los expertos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil por documentar el impacto de herramientas como Pegasus y Candiru, ya que, dijo, dichos informes proporcionaron más evidencia de la amenaza seria y global que representa la industria de la tecnología de vigilancia para el espacio cívico.

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“Debemos preguntarnos: ¿cómo han llegado los riesgos a estos niveles? Y creo que sabemos la respuesta. Los gobiernos y las empresas han desarrollado numerosas herramientas de vigilancia, citando amenazas de seguridad reales y señalando la urgente necesidad de luchar contra la actividad delictiva en línea y fuera de línea. Y esta industria de la vigilancia ha prosperado en ausencia de niveles mínimos de regulación y control tanto a nivel nacional como global”, apuntó.

Un mercado de tecnología de vigilancia ha florecido peligrosamente en las sombras, lejos de la supervisión de la justicia y el escrutinio público, tanto en países autoritarios como en democracias. La opacidad y la falta de regulación imperantes crearon las condiciones perfectas para que los reclamos de seguridad amplios se traduzcan en nuevas medidas de represión. Sin salvaguardas y controles mínimos, se seguirán utilizando tecnologías costosas y altamente intrusivas para monitorear las voces consideradas críticas u hostiles en el país y en el extranjero. Estas tecnologías, que detectan y explotan las vulnerabilidades de las comunicaciones digitales sin dejar rastro, seguirán siendo utilizadas como armas para silenciar la disidencia y castigar los reportajes independientes”.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos consideró que no debe haber excusas para la inacción, pues la tecnología de software espía ha contribuido a la detención arbitraria, la tortura y posiblemente incluso las ejecuciones extrajudiciales.

 

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No obstante, reconoció que un obstáculo clave en el camino para abordar los riesgos de esta, es la absoluta falta de transparencia con respecto a cómo se desarrollan, compran, venden y utilizan las herramientas de vigilancia digital.

“¿Cómo podemos garantizar una supervisión o un control eficaces de las tecnologías intrusivas si se comparte tan poca información sobre ellas? ¿Cómo podemos impulsar prácticas comerciales responsables cuando se sabe tan poco sobre las empresas responsables de su desarrollo y venta, incluidos los gobiernos con malos antecedentes en materia de derechos humanos? ¿Qué tipo de diligencia debida están llevando a cabo los gobiernos que adoptan estas herramientas y las empresas que las venden?”, cuestionó.

Dicho lo anterior, compartió algunas recomendaciones clave que los mecanismos de derechos humanos han presentado en los últimos años:

1- Las medidas de vigilancia solo pueden justificarse en circunstancias estrictamente definidas, basadas en la ley. Además, tales medidas deben ser necesarias y proporcionadas a un objetivo legítimo. La piratería del gobierno a la escala informada nunca cumplirá con estos criterios.

2- Los Estados no solo tienen el deber de abstenerse de estos abusos, sino también el deber de proteger a las personas de ellos. Esto se puede lograr mediante el establecimiento de una legislación sólida y regímenes institucionales para que los Estados cumplan con sus obligaciones de derechos humanos y las empresas cumplan con sus propias responsabilidades en virtud de los Principios Rectores de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos.

3- Los Principios Rectores subrayan claramente la responsabilidad de las empresas de prevenir y mitigar el impacto adverso sobre los derechos humanos en el diseño, desarrollo o uso de tecnologías digitales. Los líderes corporativos deben reconocer públicamente y cumplir con esas demandas.

4- Los Estados deben realizar investigaciones imparciales sobre los casos de vigilancia selectiva. Las víctimas deben ser informadas y apoyadas para buscar reparación. Y las empresas deben asegurarse de que existan mecanismos para remediar a aquellos cuyos derechos se han visto afectados negativamente.

5- Siempre se debe implementar una diligencia debida efectiva. Cada vez que los Estados están considerando el uso de tecnologías para servicios o funciones gubernamentales, deben trabajar junto con la sociedad civil, incluidos los grupos marginados y los que tienen más probabilidades de verse afectados, tanto para identificar los riesgos como para abordarlos.

“Las recientes revelaciones de repetidos abusos de malware fueron una llamada de atención. El impacto amplio y continuo del mercado de software espía hace que la implementación de estas recomendaciones de derechos humanos sea más urgente. Es hora de que las autoridades finalmente controlen la industria de la vigilancia”, finalizó.


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Neto

Soy Neto, creador de LaNetaNeta.com Me apasiona leer y aprender, disfruto escribir y compartir publicaciones interesantes con el publico.

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