Quedan horas decisivas para resolver el último conflicto existente en la nueva liga profesional femenina ante la negativa de las árbitras de acudir a pitar la primera jornada de Liga, postura como consecuencia de la indefinición de su situación.
Como ya explicó Mundo Deportivo, la propuesta que ha puesto encima de la mesa la Federación Española de Fútbol es de 21.000 euros por partido. Cantidades parecidas a las que pagan los clubes de la Primera división masculina. Un dinero que abona siempre el equipo que juega en casa. Esto implica que cada uno de los 16 clubes de la Liga Profesional Femenina debería abonar en el global de la temporada un total de 315.000 euros que corresponde a las 15jornadas que van a actuar como local en esta temporada 2022-2023. Dinero que, sumado por los 16 clubes de la Primera división, supone un total de 5.040.000 millones de euros. Cantidad que coincide con la que precisamente abona el CSD a la LPFF en esta primera temporada.
Cantidades que los clubes entienden que ahora mismo no pueden asumir. Según ha podido saber este periódico, el lunes pasado la LPFF presentó una propuesta a la RFEF en la reunión mantenida con la presencia del CSD. Una propuesta a la baja y de la que no han tenido respuesta.
A falta de una respuesta oficial de la LPFF, está podría ir encaminada a que su negativa a arbitrar supone algo muy grave en cuanto a que están ejerciendo una función pública.
Y luego falta conocer la postura del CSD. Este viernes es cuando el Consejo se había fijado como límite en caso de falta de acuerdo entre las partes. Como así está sucediendo.
El Real Decreto de Federaciones Deportivas donde se fija el convenio de coordinación entre las federaciones y ligas profesionales determina que en las ligas profesionales debe haber un comité arbitral profesional debe estar compuesto por tres representantes. Textualmente dice:
“Se constituirá un Comité Arbitral de la competición profesional, compuesto por un representante de la Federación Española, un representante de la liga profesional y un componente del colectivo arbitral que no se encuentre en activo, nombrado de común acuerdo entre ambas entidades”.
Un tercer miembro que es capital por estas dos cuestiones: el coste del arbitraje y también las designaciones de las arbitras de cada jornada, según recoge el propio Real Decreto. Miembro que no hay consenso ahora mismo. Esta primera jornada la fijaron un miembro de la RFEF y la LPFF.
En materia económica además este Comité es quien fija “las normas que tengan repercusión económica en el arbitraje de la competición profesional”
Este viernes es el día clave donde veremos como responden a este órdago, uno más en las tensas relaciones existentes entre la LPFF y la RFEF.