Integrantes de la IBERO Puebla presentaron dos demandas de amparo en contra de la reforma que otorgan el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Los cambios legales se enmarcan en un proceso de profundización de la militarización de la vida pública”, denunciaron a través de un comunicado.
El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, así como de la Clínica Jurídica Minerva Calderón, interpusieron los recursos legales ante el Poder Judicial de la Federación. Las tres organizaciones forman parte de la Universidad Iberoamericana en Puebla.
De acuerdo con la institución académica, el dictamen es contrario a la Constitución sobre la naturaleza de la Guardia Nacional.
Detallaron que la acción legal busca “defender el carácter civil de la seguridad pública”. Además, subrayaron que las Fuerzas Armadas únicamente pueden participar en esta área de forma “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Por último, hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que analice “esta política tendiente a la militarización”. Aseguraron que estas se traducen en afectaciones indirectas en la garantía de los derechos humanos y dejan indefensas a víctimas de violaciones graves.
Asimismo, instaron a las autoridades jurisdiccionales para que “cobijen una efectiva protección de los derechos humanos, apuntalen la vigencia de la seguridad ciudadana y aseguren una efectiva división de poderes frente a políticas que ponen en riesgo la salvaguarda de los derechos humanos”.
El pasado 9 de septiembre, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las alteraciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos.
Esta reforma ha suscitado críticas por diversas organizaciones nacionales e internacionales que han señalado que se trata de una profundización de la militarización.
A mediados de octubre, la jueza Karla Macías, otorgó una suspensión definitiva en favor de la organización Uniendo Caminos México, que frena la transferencia de la GN a la Sedena.
Esto por considerar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que los Estados deben limitar el uso de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública y control de la delincuencia.
Este se sumó a los más de 50 amparos colectivos que se han interpuesto en contra de la disposición por considerarla inconstitucional. Antes, la misma jueza dio a esa organización y a Tojil EeK, AC&AC A Asociados y Unión Cívica un País la primera suspensión provisional en contra del decreto.
Mecanismos internacionales de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por el creciente papel del ejército y la ausencia de mecanismos de control y de rendición de cuentas.
Estos han señalado que los militares sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes.
Asimismo, desde 1998, diversos organismos de la ONU han emitido más de 30 recomendaciones al Estado mexicano para que abandone la militarización con el fin de prevenir violaciones a Derechos Humanos y desapariciones forzadas. Todas han sido aceptadas por el país.
Además, diversas organizaciones han acudido a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar que existe una militarización en el país debido a las recientes reformas.
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