La futura ley trans sigue haciendo visibles públicamente las diferencias entre los dos socios de Gobierno, esta vez a cuenta de los tiempos. El Ministerio de Igualdad —que encabeza la número dos de Unidas Podemos, Irene Montero— ha acusado al PSOE, socio mayoritario en el Ejecutivo, de impedir que se produzca el debate de la ley trans y la ley LGTBI en el Consejo de Ministros del próximo 23 de febrero. Igualdad se había comprometido primero a llevar ambas leyes en la primera quincena de febrero y, después, a hacerlo antes de que acabara el mes tras asegurar que se habían incorporado algunas de las observaciones de la vicepresidencia primera del Gobierno. Este lunes por la tarde han conocido que se han bloqueado los debates de las dos leyes en la reunión preparatoria del Consejo de Ministros en la que participan técnicos de todos los ministerios. Desde la parte socialista del Gobierno se insiste en el compromiso de sacar adelante las normas. Fuentes de Moncloa acusan a Igualdad de fijar de forma “unilateral” la fecha de presentación, que no se corresponde “con la marcha actual de los trabajos”. Y señalan que el borrador “solo responde a las aspiraciones” de uno de los socios de Gobierno, Unidas Podemos.
El borrador de la ley trans, que Igualdad ha elaborado con la participación de una veintena de colectivos, prevé la libre autodeterminación de género, que supone que cualquier persona puede cambiar su nombre y sexo en el registro civil solo con una declaración expresa, a partir de los 16 años. Esa es también la edad mínima que queda establecida para tomar las decisiones sobre tratamientos hormonales, según el borrador, que incluye también medidas en el ámbito laboral, educativo, en el deporte o en las prisiones.
Fuentes del ministerio que dirige Irene Montero trasladan su “sorpresa mayúscula” y ven “anómalo” que se bloqueen debates de leyes en la reunión preparatoria del Consejo de Ministros. “Son textos trabajados y el propio inicio de los trámites ayuda al debate con las comunidades autónomas, ministerios y sociedad civil, como pasa con todas las leyes que van al Consejo de Ministros”, han indicado. Por otra parte, señalan, no se ha hecho constar en estos 10 días ninguna aportación o modificación por ningún ministerio. Añaden que cualquier tipo de observaciones a los textos se puede llevar a cabo una vez iniciado el trámite del Consejo de Ministros, como ocurrió como la ley de enjuiciamiento criminal o la ley de libertad sexual, que se presentó hace un año en el Consejo de Ministros y sigue pendiente de informes de distintos estamentos, como el Consejo de Estado.
“Es necesario dotar al anteproyecto del rigor constitucional que requiere cualquier norma que regula derechos”, añaden fuentes de Moncloa, que señalan que “el Gobierno hubiera preferido que este trabajo hubiera seguido los cauces habituales como en la tramitación de cualquier otra ley y que de manera interna se elaborara un texto consensuado”. La primera semana de febrero, cuando se conoció el contenido del borrador de la ley trans, fuentes de la parte socialista del Gobierno, indicaron que el documento necesita más debate para garantizar la “seguridad jurídica” porque “añade otros elementos de enorme complejidad y suscita muchas dudas”. Señalaron, por ejemplo, los tratamientos hormonales en menores “en muchas ocasiones irreversibles”, aunque son terapias que ya contemplan hasta 11 comunidades en leyes autonómicas respaldadas por el PSOE. También reclaman “seguridad jurídica” en la autodeterminación de género. En 2017, los socialistas presentaron una proposición de ley que recogía que cambiar de sexo en el Registro Civil “no precisa de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada”. Así lo recoge también el borrador de la nueva ley trans hecho público por Igualdad.
El PSOE ve como mejor opción fusionar los textos e incluso llevar parte del contenido a una tercera ley, la ley de igualdad de trato que se debate esta semana en el pleno del Congreso de los Diputados. La elaboración de una ley trans está incluida en el acuerdo de Gobierno PSOE-Unidas Podemos de diciembre de 2019. El acuerdo contempla también una ley contra la discriminación de las personas LGTBI, y la citada ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que presentó el PSOE en el Parlamento el 21 de enero, creando un “profundo malestar” de su socio de Gobierno.
La vicepresidenta primera del Gobierna, Carmen Calvo, expresó su desacuerdo con el borrador de la ley trans cuando se dio a conocer, reclamando “seguridad jurídica”. “A mí me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que el género se elige sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles”, dijo Calvo en la cadena SER. La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Uge Sangil, lamentó entonces sus “palabras desafortunadas”. “La identidad de género no se elige sin más, no es un capricho, no es voluntad, ni es deseo. Las personas trans somos trans”, dijo Sangil. Cuatro días después de que Calvo pronunciara esas palabras, Moncloa aclaró que “la despatologización [no considerar la transexualidad como una enfermedad y por tanto no requerir informes médicos] ni ha estado ni está en cuestionamiento, en consonancia con la Organización Mundial de la Salud”.
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