El Ministerio de Igualdad ha anunciado que tramitará una modificación de la ley orgánica que regula la interrupción voluntaria del embarazo para que las jóvenes de entre 16 y 18 años puedan abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestación, igual que el resto de las mujeres. Se pretende así revertir el cambio que se introdujo en 2015 a instancias del PP que obligaba a las menores embarazadas de esas edades a recabar la autorización paterna para poder hacerlo. La medida afecta a un número muy reducido de casos, pero es importante porque permite poner fin a una incoherencia que lastra la capacidad de decisión de las jóvenes. Las que con 16 y 17 años quieren dar ese paso sin el apoyo de sus padres se estima que representan un 9% de las mujeres que abortan a esas edades. No tiene sentido que puedan decidir casarse, ser madres o rechazar un tratamiento médico vital y, en cambio, no puedan poner fin libremente a un embarazo no deseado.
Cuando una menor embarazada no quiere tener el hijo, que los padres puedan obligarla a seguir adelante no es un escenario éticamente deseable, ni para la madre, que ve alterado de forma radical su proyecto de vida, ni para el bebé, que vendrá al mundo sin ser deseado y en un contexto de conflicto emocional que puede resultarle muy dañino. Si a partir de los 16 años se les reconoce legalmente madurez suficiente para tomar decisiones importantes, no tiene sentido una excepción en esta cuestión.
El PP introdujo en 2015 esta restricción para compensar a una parte de su electorado tras haber renunciado a una reforma de la ley del aborto mucho más drástica y ambiciosa que pretendía anular la ley de plazos aprobada en 2010 bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que permitió abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestación. Hasta entonces, regía la ley de 1985, que despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo solo en tres supuestos: violación, riesgo para la salud física o psíquica de la madre y malformación del feto. En la práctica, la inmensa mayoría de las mujeres que abortaban alegaban riesgo para la salud psíquica, lo que hizo que durante 25 años el aborto estuviera sometido en España a una gran inseguridad jurídica, tanto para las mujeres como para los profesionales sanitarios. En 2013, el PP presentó un proyecto legislativo que volvía al sistema de supuestos de 1985, pero aún con mayores restricciones. La fuerte contestación social y las resistencias internas le hicieron desistir, lo que le costó la carrera política al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Dos años después, instó la modificación que obligaba a las menores a recabar la autorización paterna, exigencia que ahora se quiere volver a suprimir.
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