El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el pasado sábado.Europa Press/Contacto/Chris Kleponis – Pool via CN (Europa Press/Contacto/Chris Klep)
Al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le gusta contestar “miren lo que hago” cuando le preguntan si a sus ochenta años está demasiado mayor para gobernar y para presentarse a la reelección el año próximo. Esta semana, que cerrará el viernes con una reunión con el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, lo que haga puede resultar clave para sus aspiraciones de renovar mandato: afronta dos pruebas fundamentales sobre dos asuntos que dominarán la campaña: la economía y la inmigración irregular. Y lo hace mientras una nueva encuesta apunta a problemas para convencer a los votantes: su popularidad se encuentra por los suelos y su previsible rival republicano, Donald Trump, recibe mayor intención de voto.
Biden no es un político carismático. Le falta la oratoria brillante de su antiguo compañero de ticket, Barack Obama, o la capacidad de apelar a los instintos básicos de los votantes de la que Trump es maestro. Habla con un tono de voz bajo, cuesta entenderle en según qué ocasiones, y son frecuentes sus tropiezos. Consciente de sus problemas de imagen, su estrategia se centra en hacer valer su experiencia y presentarse como un líder eficaz a la hora de resolver problemas.
Los sondeos apuntan a un camino cuesta arriba. Dos semanas después de lanzar oficialmente su candidatura a la reelección, su popularidad, según el sondeo que publica The Washington Post este domingo, se encuentra en apenas el 36%. Es un retroceso de seis puntos porcentuales desde febrero. Un 63% del electorado cree que carece de la agilidad mental necesaria para ser un presidente efectivo. Un 54% opina que Trump hizo un mejor trabajo en el frente económico durante su mandato que Biden en el suyo. Y un 44% asegura que el año próximo votará por el republicano, mientras que quienes lo harán segura o probablemente por el actual presidente solo suman el 38%; un 18% aún no ha decidido o eligió otra opción.
El primer asalto en el que Biden tendrá que demostrar la contundencia de su pegada política llega el martes. Ese día el presidente estadounidense recibe en la Casa Blanca a los líderes del Partido Republicano en el Congreso, el senador Mitch McConnell y el presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy, para tratar sobre una suspensión o una subida del techo de la deuda nacional, que se alcanzará a comienzos del mes próximo. El Departamento del Tesoro advierte una y otra vez de las “catastróficas consecuencias” en la economía si no se llega a un acuerdo sobre ese límite, actualmente en los 31,4 billones de dólares, el mayor del mundo.
El presidente estadounidense exige que el Congreso autorice la subida del techo de la deuda de modo “limpio”, sin ningún tipo de condiciones. McCarthy reclama importantes recortes presupuestarios para acceder al alza.
Las espadas se encuentran en todo lo alto. Se arriesga la reputación financiera de Estados Unidos, que afrontaría el impago de sus deudas si el Congreso no autorizase la subida del techo. También está en juego el prestigio político de los protagonistas de la crisis: un fracaso que obligara a la Administración federal a frenar sus pagos y prestaciones sociales pesaría como una losa en la campaña electoral de Biden. Para McCarthy, esta es su primera gran prueba como líder de la Cámara Baja con una precaria mayoría desde que fue nombrado en enero.
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En una intervención en el programa “This Week” de la cadena de televisión ABC, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advertía este domingo que si el Congreso no cede se precipitará una “crisis constitucional” que desencadenaría un “caos económico y financiero”. Según los asesores económicos de la Casa Blanca, si Estados Unidos entrara en impagos, el PIB nacional retrocedería este verano un 6% y se perderían cerca de ocho millones de puestos de trabajo. El golpe interno tendría también graves consecuencias en una economía global que aún no se ha recuperado de los efectos de la pandemia.
El viernes pasado, Biden acusó a los republicanos de convertir a la economía en un “rehén” al supeditar su visto bueno al aumento de la deuda a recortes “draconianos” del gasto público. Durante los cuatro años de mandato de su predecesor, Donald Trump, ese límite se amplió tres veces.
El tiempo apremia y el calendario no es favorable. Este mes, el Congreso solo mantendrá doce días de sesiones. Biden tiene prevista la semana próxima una gira por Asia para participar en la cumbre del G7 en Japón y reunirse con los aliados de Estados Unidos en la región. Algunos comentaristas han apuntado que la Casa Blanca podría apostar por una opción nuclear en caso de llegar a un punto muerto: invocar la enmienda 14 de la Constitución, que establece que “la validez de la deuda pública de Estados Unidos (…) no debe ser cuestionada”, para autorizar préstamos de modo unilateral. El presidente no ha descartado públicamente esa opción y se ha limitado a indicar que “aún no he llegado a eso” cuando se le ha preguntado.
La semana volverá a poner a prueba al inquilino de la Casa Blanca. El jueves a medianoche expirará la medida conocida como “título 42″, vigente desde la era Trump y que permitía argumentar precauciones sanitarias contra la covid para la expulsión rápida de sin papeles.
La desaparición de esa medida ha desencadenado el temor de que se produzca una oleada de decenas de miles de entradas irregulares en el país por la frontera sur, algo que pondría a prueba los recursos de la zona y podría dar argumentos a los políticos republicanos que claman mano dura contra la inmigración. Las autoridades en ciudades fronterizas como El Paso o Brownsville aseguran que desde hace semanas ya han comenzado a detectar la llegada de más inmigrantes. Ambas localidades y Laredo, todas ellas en Texas, han declarado el estado de emergencia.
La Casa Blanca asegura que lleva meses preparando el cambio. Ha establecido cupos para aceptar inmigrantes de varios países de América Latina que cuenten con patrocinio de sus familias en EE UU. A partir del jueves entrará en vigor una nueva norma que descalifica a los solicitantes de asilo que no hayan presentado primero su petición en otro país. Colabora con Naciones Unidas y otros gobiernos para el establecimiento de centros en Guatemala y Colombia desde donde pedir el asilo sin necesidad de llegar hasta la frontera estadounidense.
Dentro de su territorio ha construido centros de acogida temporales con capacidad para miles de personas y ha contratado a más personal para reducir el tiempo que los llegados pasan en custodia. El martes pasado anunció el envío de 1.500 soldados a la frontera para reforzar a la guardia fronteriza.
“La frontera no está abierta, no lo estaba antes y no lo estará después del 11 de mayo”, ha asegurado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, durante una visita a Brownsville esta semana.
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