El Gobierno mantiene en un cajón la reforma con la que pretende eliminar parte de las trabas que dificultan que niños y jóvenes que emigraron solos a España puedan residir y trabajar de forma legal. La reforma del reglamento de la ley de extranjería, que era inminente en julio, sigue, después del verano, a la espera de llegar al Consejo de Ministros. El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, impulsor de la iniciativa, afirmó el martes en el Senado que espera que se apruebe “próximamente”, pero distintas fuentes que acompañan el proceso aseguran que está estancado y que no hay fecha de aprobación a la vista. Las mismas fuentes apuntan a Interior, que nunca se mostró entusiasta con la idea, como el responsable de bloquear la medida.
Esta reforma es la propuesta estrella de José Luis Escrivá en materia migratoria y parte de su promesa de racionalizar la burocracia que rige la vida de los extranjeros. Con ella pretende facilitar la entrada en el mercado laboral de cerca de 8.000 menores extranjeros no acompañados y de otros 8.000 jóvenes que llegaron solos a España pero ya cumplieron la mayoría de edad. Las nuevas normas agilizarían trámites y acortarían plazos para evitar que este colectivo acabe en la irregularidad. El actual reglamento no solo les complica la obtención de las autorizaciones de residencia sino también las de trabajo, a pesar de todos los medios y recursos que las comunidades autónomas que los tutelan emplean para formarlos y apoyarlos en su emancipación.
Texto desde mediados del verano
El texto de la reforma, que debe aprobarse como un real decreto, está cerrado desde mediados del verano y ha pasado por todo tipo de trámites y consensos. Recibió más de 200 aportaciones en su consulta pública, se negoció durante más de cuatro meses con los diferentes ministerios implicados, incluyó las observaciones de Exteriores, Interior y del Consejo de Estado y, por fin, a principios de agosto, llegó a la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios, que prepara los asuntos que se elevan al Consejo de Ministros. El trámite se daba por descontado y se esperaba su aprobación el pasado 24 de agosto, pero el plan se truncó y salió del orden del día. Nadie dio explicaciones públicas, pero según afirmaron entonces a EL PAÍS fuentes involucradas en la negociación, el departamento de Fernando Grande-Marlaska convenció al Ministerio de Presidencia de que había “razones de oportunidad” para no sacar adelante la medida.
Desde entonces, se ha celebrado al menos una reunión a tres bandas entre los ministros de Presidencia, Migraciones e Interior. Grande-Marlaska volvió a mostrarse reticente y el encuentro se saldó sin avances. Fuentes de Interior reconocen que la coyuntura actual, con cientos de menores marroquíes en Ceuta a los que se pretende devolver, no es el momento oportuno para sacar adelante esta medida. Mantienen, sin embargo, que su ministerio no es responsable por la paralización y señalan que ha sido el departamento de Félix Bolaños el que tomó la decisión de dejar la iniciativa en suspenso. Presidencia, a pesar de que ya había dado por definitivo el texto actual, asegura ahora que se está “ultimando”.
La paralización de la reforma preocupa a varias comunidades autónomas, que son partidarias del cambio. Cataluña, por ejemplo, ha transmitido por escrito a Escrivá su decepción por el retraso. Las ONG de protección a la infancia también están presionando al Gobierno y el pasado 10 de septiembre organizaron una concentración frente al ministerio de Migraciones con más de 400 jóvenes extutelados en señal de protesta.
Pulso entre ministros
El pulso entre Escrivá y Grande-Marlaska por la reforma del reglamento ha revelado, una vez más, las distintas sensibilidades para abordar la inmigración en el mismo Gobierno. Y van más allá de las divergencias más evidentes con Unidas Podemos, que, aunque apoya la reforma, guarda silencio en este embate. Para Interior, según manifestó en una de las reuniones negociadoras, esta reforma es un gesto equivocado hacia la UE, puede ser un incentivo para las mafias y podría atraer “millones” de jóvenes hacia las costas españolas. Migraciones no comparte la teoría del efecto llamada de Interior y cree que los beneficios de la medida superan los hipotéticos perjuicios.
El equipo de Escrivá considera que los obstáculos que afrontan los jóvenes para conseguir sus papeles son desproporcionados y suponen una vía rápida hacia la marginalidad. Cree, además, que es una oportunidad para facilitar la entrada de estos jóvenes en el mercado laboral y, específicamente, en sectores donde falta mano de obra. Su ejemplo más recurrente fue la iniciativa con la que se otorgaron autorizaciones de trabajo a los jóvenes extutelados que quisieran emplearse en el campo cuando la pandemia dejó las cosechas sin trabajadores. Más de 460 chavales lograron una autorización para trabajar y el 70% de ellos ha conseguido encadenar contratos y seguir trabajando en otros sectores.
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