Por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, la Fiscalía General de la República solicitó orden de aprehensión contra 31 exfuncionarios, investigadores y científicos, por los 244 millones de pesos que durante seis años otorgó el Conacyt al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico.
Según la indagatoria de la FGR, los integrantes del foro recibieron recursos de manera ilegal por parte del Conacyt durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En la conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que existe dicha investigación contra los científicos por presuntos malos manejos de recursos en el Conacyt y que serán los jueces quienes resuelvan las denuncias interpuestas.
“El que nada debe nada teme”, expresó López Obrador.
En redes sociales y medios de comunicación, integrantes de la comunidad científica y académica, así como legisladores y estudiantes, se han pronunciado en contra del caso y señalan que se trata de una persecución por parte de la FGR, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero, contra el Conacyt, por lo que demandan que se detenga.
El pasado 25 de agosto el expediente fue devuelto por inconsistencias jurídicas en la carpeta de investigación, pero la FGR solicitó de nuevo este lunes la captura a Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, con sede en el Penal del Altiplano.
El juez otorgó a la FGR un plazo de 15 días hábiles para corregir y subsanar esas inconsistencias, entre ellas que no se acreditó la competencia por territorio de los jueces de Almoloya, ni se precisaron los hechos delictivos atribuidos a cada uno de los académicos imputados, ni los datos de prueba. Dicho plazo venció el pasado 17 de septiembre.
En cuanto a la competencia por territorio, el juzgador se refiere a que los hechos ocurrieron en la Ciudad de México y no en el Estado de México, donde se lleva el caso.
La “autonomía” sujeta a lo que diga @lopezobrador_.
Así la @FGRMexico yendo contra científicos que cuestionan la conducción del @Conacyt_MX y la “ciencia popular” de la que habla @ElenaBuylla (al gusto de la 4ta).
Quieren la paz (sin molestar a criminales) y hacen la guerra. pic.twitter.com/qTiuodhrJR
— Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) September 22, 2021
Otro de los señalamientos del juzgador es que la FGR debía precisar los datos de prueba específicos que sustentan los ilícitos en forma individual; y que tampoco acredita la peligrosidad de los académicos y funcionarios, para recluirlos en un penal de alta seguridad. El juzgador también solicitó a la FGR valorar la posibilidad de judicializar el caso en otro centro de justicia que no sea el de Almoloya.
Entre los delitos que se les atribuyen figura delincuencia organizada, un delito que amerita la prisión preventiva oficiosa, por lo que no permite un proceso en libertad.
“Es inadecuado que la fiscalía reproduzca datos de prueba que obran en su investigación, en espera de que el órgano jurisdiccional se imponga de éstos y resuelva, como si se tratara de nuevo de un ‘juez de instrucción’ que suplante a la fiscalía al identificar los elementos y razones que sustenten su solicitud“, señala el juez.
La denuncia original fue realizada el 10 de julio de 2020 por la apoderada legal del Conacyt, Rosenda Cruz, según documentos. De acuerdo con información publicada en medios, la hoy directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, afirmó por esas fechas que Julia Tagüeña, como directora adjunta del Conacyt, durante el sexenio de Peña Nieto destinó ilegalmente 50 millones de pesos al FCCyT.
Reforma señala que aunque la fiscalía imputó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el dinero en cuestión tenía dos fuentes legales, el Fondo Institucional (FOINS) y el Programa Presupuestario de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación (Programa F002).
Los acusados
Por primera vez, la Fiscalía emprende una investigación de esta naturaleza contra 31 académicos, científicos y funcionarios, a quienes acusa de crimen organizado, por lo que el caso ha desatado la polémica en los últimos días.
El exdirector general del Conacyt Enrique Cabrero Mendoza, el exoficial Mayor del Consejo, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez y los excoordinadores del FCCyT Julia Tagüeña Parga y José de Jesús Franco López, son quienes encabezan la lista de imputados en la causa penal 299/2021, que según algunos medios presuntamente parte de una denuncia hecha por la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.
Aunque son esos los nombres que se han manejado, Reforma dio a conocer la lista completa de los acusados, en la que figuran también Adriana Ramona Guerra Gómez, David García Junco Machado, Jesús Arturo Borja Tamayo, Rafael Ortega Reyes, María Dolores Sánchez Soler, Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, Luis Gabriel Torreblanca Rivera, José Rodríguez Roque Díaz, Luis Mier y Terán Casanueva, Elías Micha Zaga, Inocencio Higuera Clapara, Julio César Ponce Rodríguez, Lorena Archundia Navarro, Rafael Pando Cerón, Teresa de León Zamora, Jorge Antonio Villegas Rodríguez, Salvador Emilio Lluch Cota, Miguel Gómez Bravo Topete, Rosa Eugenia Sandoval Bustos, María Mónica Ramírez Bernal, Pablo Rojo Calzada, Regina María Alarcón Contreras, Mauricio Francisco Coronado García, Marcial Bonilla Marín, Gabriela Dutrénit Bielous, Patricia Zúñiga y Francisco Salvador Mora Gallegos.
¿Si ustedes fueran exfuncionarios del Conacyt y del Foro Consultivo, críticos de las políticas actuales de ciencia, confiarían en la fiscalía de Gertz Manero, plagiario, SNI 3 por obra y gracia de la corrupción y acusado de encarcelar a gente de su propia familia?
Yo no. pic.twitter.com/KisbXhE9Tf
— Alma Maldonado (@almaldo2) September 22, 2021
Aunque la denuncia fue hecha en agosto, el caso se difundió ampliamente desde el lunes 20 de septiembre, cuando el periodista Raymundo Riva Palacio lo dio a conocer en su columna de El Financiero.
“Gertz Manero solicitó una orden de aprehensión en contra de 31 científicos, investigadores, académicos y personal administrativo, para que sean llevados al penal de máxima seguridad de El Altiplano, acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada”, señala Riva Palacio en su artículo La venganza de Gertz Manero.
El periodista señala que la Fiscalía no justificó con fundamento, razones o motivos, por qué quiere que sean encarcelados en el penal de máxima seguridad del Atiplano, donde se encuentran recluidos líderes del narcotráfico o delincuentes que requieren de alta seguridad.
En redes sociales, múltiples usuarios cuestionaron el caso contra los miembros del Conacyt.
Este martes se sumaron al reclamo académicos e investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, quienes solicitaron a las autoridades cancelar las 31 órdenes de aprehensión emitidas contra científicos de la institución.
En la plataforma Change.org, miles de personas también han firmado la petición Exigimos el fin a la persecución en contra de miembros de la comunidad científica, publicada este martes.
“La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, acusó penalmente al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. de haber recibido recursos ilegales de parte de las autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto”, explica la carta.
María Elena Álvarez-Buylla
Agrega que la defensa legal de los 31 acusados se vio apoyada por la sentencia MI/SS/D/9941/2021, emitida el 17/8/2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que consideró legal que el Conacyt hubiera otorgado recursos públicos para la operación del Foro, desde su creación en 2002 hasta el cambio del Estatuto Orgánico del Conacyt, el 17 de febrero de 2020.
“El sentido de la resolución del máximo tribunal de justicia en el país no fue obstáculo para que, siete días después de emitida, la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, solicitara al juez del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 El Altiplano la orden de aprehensión por uso de fondos ‘de procedencia ilícita’ en contra de las 31 personas acusadas”.
Lo que Elena Alvarez Bullya promueve, en contubernio con el fiscal general de la República, es inadmisible. Tratar de acallar voces críticas con el abuso de autoridad. No lo vamos a permitir. Te invito a firmar.https://t.co/rYcCU1wo0n pic.twitter.com/MLcTwiD852
— Nanoprofe (@nanoprofe) September 21, 2021
El documento explica que la forma como se interrumpió el proceso judicial en curso y el hecho de haber radicado la causa en un penal de máxima seguridad, destinado a delincuentes de la más alta peligrosidad, muestran que el fiscal general trata de atemorizar a quienes, desde la comunidad académica, han expresado pública y abiertamente sus diferencias con las actuales políticas del Conacyt, y de perseguir a quienes ejercieron sus funciones con base en la normatividad entonces vigente, que se guiaba por una concepción distinta sobre el desarrollo científico y tecnológico del país.
“¡Exigimos el fin de la persecución por posturas ideológicas y políticas en contra de distinguidos miembros de la comunidad científica mexicana!”, concluye la petición, que han firmado ya más de 11 mil personas.
Hasta ahora, no se ha informado sobre la decisión del juez Gregorio Salazar Hernández de conceder o negar las 31 órdenes de aprehensión.