Johnson ignora las peticiones para pedir a la UE una prórroga de la etapa de transición del Brexit


La montaña rusa de las negociaciones del acuerdo post-Brexit se ha precipitado este domingo en una caída hacia el riesgo de una ruptura o, como mínimo, hacia un acuerdo en el tiempo de descuento que queda hasta el 31 de diciembre. Los negociadores europeos y británicos parecían incapaces a última hora de la jornada de cumplir con el plazo fijado por el Parlamento Europeo, que exigía un texto del acuerdo antes de las 00:00 horas del lunes como condición para proceder a su ratificación este año. La superación de ese límite obligaría a una aplicación provisional del posible acuerdo a partir del 1 de enero, pero dejaría la ratificación pendiente del voto en un Parlamento Europeo que podría encajar mal el desaire.

Las cuotas pesqueras se han convertido en el último escollo de las negociaciones entre la UE y Reino Unido para pactar la relación comercial una vez que el 31 de diciembre expire el período transitorio del Brexit. A falta de acuerdo, el 1 de enero podría producirse una grave perturbación del comercio entre las dos orillas del canal de la Mancha, con la imposición de aranceles y cuotas de importación a numerosos productos.

Los negociadores, con Michel Barnier al frente del equipo europeo y David Frost del británico, han proseguido en contacto de manera prácticamente incesante durante todo el fin de semana, pero sin dar con una brecha que abra el camino hacia el acuerdo. “La UE sigue comprometida con encontrar un acuerdo justo, recíproco y equilibrado”, señaló Barnier a media tarde del domingo a través de las redes sociales.

Los negociadores europeos han insistido en que el acuerdo debe incluir el derecho a adoptar medidas defensivas o de represalia en caso de que una de las partes incumpla lo pactado o pretenda reducir el acceso a su mercado. Bruselas incluye en ese capítulo la posible restricción del acceso de productos británicos al mercado europeo si en el futuro Londres limitara aún más las capturas de la flota pesquera europea en aguas británicas.

El gobierno de Boris Johnson, en cambio, reclama el derecho soberano a decidir sobre sus aguas, sin ninguna cortapisa, una vez que concluya el período transitorio que podría disfrutar la flota europea si se llega a un acuerdo. Tras ese plazo de progresiva reducción de las capturas, que podría oscilar entre seis y siete años, Londres podría prohibir de raíz la presencia de pesqueros europeos en sus aguas.

“Respetamos la soberanía de Reino Unido y esperamos que ellos hagan lo mismo”, señaló Barnier. Y el francés añadió que “tanto la UE como el Reino Unido tienen derecho a fijar sus leyes y controlar sus aguas. Y ambos debemos ser capaces de actuar cuando nuestros intereses están en juego”.

Bruselas podría aceptar un recorte progresivo de las capturas de hasta el 25% durante un periodo transitorio de seis o siete años. Londres reclama un tajo de más del doble y durante la mitad de tiempo.

La asociación de flotas pesqueras de los países afectados (Francia, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Irlanda, España y Suecia) considera que incluso los términos reclamados por Bruselas serían catastróficos para el sector, en particular, para la captura de marisco.

Las profundas discrepancias hacían prácticamente imposible cumplir con la petición del Parlamento Europeo, que deseaba revisar el texto del acuerdo a partir de este lunes para poder pronunciarse en una sesión plenaria extraordinaria en la última semana del año, a escasas 72 horas del fin de año.

Francia, el país que obtiene mayor rendimiento de los caladeros británicos, ha dejado claro que no tiene prisa si el precio a pagar es un drástico recorte de las cuotas. “Sé que es difícil, pero es necesario no sacrificar nuestros intereses por la presión del calendario”, indicaba el sábado Clement Beaune, secretario de Estado para asuntos europeos en el gobierno de Emmanuel Macron.

La continuación de las conversaciones durante esta semana o, incluso más allá, colocaría a los negociadores ante la presión de la cuenta atrás hacia el 1 de enero. En caso de alcanzarse un acuerdo in extremis, el Consejo de la UE podría dictaminar su entrada en vigor de manera provisional y dejar su ratificación parlamentaria para las primeras semanas del año que viene. En el escenario más catastrófico, el final del período transitorio el 31 de diciembre sin acuerdo, se pondrían en marcha las medidas de contingencia aprobadas la semana pasada que garantizarían, por ejemplo, una conectividad básica en el transporte por carretera o ferroviario, pero no evitarían una perturbación considerable en las relaciones comerciales entre la UE y Reino Unido.

Parte de Europa blinda sus vuelos con Reino Unido

A la tensión de las negociaciones en Bruselas se ha sumado este domingo la escalada de vetos a los vuelos procedentes del Reino Unido en varios países europeos como consecuencia del brote de Covid surgido en aquel país. El gobierno holandés de Mark Rutte fue el primero en cerrar el paso a los británicos, pero fue seguido de manera casi inmediata por Bélgica e Italia.

En la tarde del domingo, en paralelo a las negociaciones del Brexit, el gabinete del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, convocaba una reunión urgente por videoconferencia con representantes de los 27 gobiernos de la Unión para coordinar la respuesta ante la nueva cepa del virus detectada en suelo británico. La adopción de medias restrictivas podría deteriorar aún más una relación comercial que ya se ha visto afectada por la pandemia (con una caída de las importaciones y exportaciones de en torno al 15% entre enero y octubre de este año en relación con 2019) y que afronta con incertidumbre el final del período transitorio del Brexit.

La patronal británica, CBI, ha reclamado esta semana medidas para suavizar el impacto esperado a partir del 1 de enero. A pesar de los cuatro años y medios transcurridos desde el referéndum del Brexit, las empresas británicas no están preparadas, entre otras cosas, por la falta de definición sobre el escenario que deberán afrontar a partir de 2021. Los empresarios británicos piden, entre otras cosas, que la UE introduzca de manera progresiva, a lo largo de un semestre, los controles aduaneros, que acepte durante un año los productos fabricados en Reino Unido que hasta ahora llevaban la marca europea, o que la Comisión Europea autorice la transmisión de datos entre los países del club comunitario y el antiguo socio. La patronal cree que sin esas medidas, la sacudida se llevará por delante la incipiente recuperación económica registrada en las últimas semanas después de la primera ola de la pandemia.


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