Casi seis años después de volver a España con sus dos hijos menores de edad, en mayo de 2016, y casi cinco después de no atender el requerimiento judicial en julio de 2017 de entregar esos dos niños a su padre y, en cambio, desaparecer con ellos durante un mes, Juana Rivas tiene ya un auto judicial que la deja en libertad. Atrás queda la sentencia inicial de cinco años de prisión, seis de pérdida de la patria potestad y 30.000 euros de multa. Esa sentencia la dictó Manuel Piñar, juez de lo Penal 1 de Granada, y desde entonces las citas judiciales de Rivas, tanto en España como en Italia, se han multiplicado. La última llega esta mañana de miércoles con un auto de la Audiencia Provincial de Granada que suspende los 15 meses de prisión que debía cumplir, de los que realmente le quedaban apenas seis ya que la pena se daría por cumplida en los primeros días de septiembre. La única obligación judicial que le resta a Juana Rivas por cumplir ahora es atender un curso de parentalidad positiva y no cometer ningún delito en los próximos tres años. El abogado de Juana Rivas ha explicado que la madre estaba “muy contenta porque podrá ver a sus hijos también en Italia cuando quiera”.
El caso Juana Rivas tomó fuerza mediática y social en el verano de 2017. Rivas y su ex pareja Francesco Arcuri comenzaron una relación en 2005 en Londres. En marzo del año siguiente nació en Granada su primer hijo, que acaba de cumplir 16 años. En 2009, instalados los tres en la ciudad de Granada, Arcuri fue condenado por un delito de lesiones en el ámbito familiar a tres meses de prisión y alejamiento de Rivas de 15 meses. Poco después, Arcuri volvió a Italia, su país de origen, donde se instaló en Carloforte, en la isla de Cerdeña. Años después, la pareja se unió de nuevo y convivieron unos años en Cerdeña, donde regentaban una casa rural. En 2014 nació el hijo menor, que ahora tiene ocho años.
La situación según Rivas se fue deteriorando y en mayo de 2016 volvió a España en un viaje que, según Arcuri, duraría unas cuantas semanas. No fue así ya que en junio de ese año, ella lo denunció a él por violencia de género y decidió no volver a Italia con los niños y no entregárselos a él que, poco después, consiguió la guardia y custodia de ambos en un juzgado italiano. Esta guardia y custodia se mantiene años después de manera provisional y, según Enrique Zambrano, abogado de Arcuri, se resolverá definitivamente este mes de abril.
Tras no volver a Italia, Rivas fue instada por varios autos judiciales a entregar a los niños. En la última llamada, desapareció durante un mes con ambos y el caso se hizo conocido. Fue condenada por sustracción de menores y hasta ahora no ha dejado atrás esa condena gracias al indulto del Gobierno y la decisión de la Audiencia Provincial de hoy. Aún existe una posibilidad, difícil de graduar el éxito que pueda tener, de que todo se revierta ya que el abogado de Arcuri recurrió ante el Supremo el indulto gubernamental.
La sentencia original ha ido sufriendo mermas progresivas según los recursos han ido avanzando en la escala judicial. El primer recurso, en la Audiencia Provincial, rebajó solo la pena económica a 12.000 euros. Hace casi un año, en abril de 2021, el Tribunal Supremo rebajó a dos años y medio la pena de prisión por considerar que existía un único delito ―no dos como anteriormente basándose en la no entrega de dos niños, sino uno solo por considerar al padre el perjudicado al no poder ver a los menores― y mantuvo la restricción de patria potestad y la multa como estaba. Posteriormente, el Supremo volvió a estudiar el caso para redactar el preceptivo informe que necesitaba el Gobierno, al que Juana Rivas y sus abogados habían solicitado el indulto. La respuesta fue negar el indulto total y admitir solo uno parcial, en un informe que no era preceptivo para el Gobierno.
En noviembre del año pasado, finalmente, el Gobierno desoyó al Alto Tribunal y decretó el indulto parcial de Rivas, que vio en ese momento reducida su pena a 15 meses de prisión. También se le conmutó la pena de inhabilitación para ejercer la patria potestad por otra de 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad, lo único que sigue vigente a día de hoy, cuatro meses y medio después, aunque se le ha incluido un curso de parentalidad positiva, “obligación que tiene relación directa con el delito. Se establece tal obligación también en interés superior de los menores, propios hijos de la apelante”, dice la sentencia.
Desde ese indulto, la situación judicial de Rivas, frente a lo que pudiera parecer, no ha sido más tranquila que en el periodo anterior. La madre de Maracena (Granada) recuperó días después la patria potestad que había perdido, pero recuperar la libertad fue más complicado. Dado lo limitado de la pena restante, el ser su primer delito y algunas otras condiciones, su abogado, Carlos Aránguez, solicitó su libertad ante el juez Piñar, que en un auto sorprendente de diciembre negó esa libertad argumentando que la madre “podría representar un grave peligro para sus hijos”.
Es el recurso ante la Audiencia a esta decisión del juez Piñar el que concluye con la libertad de Rivas. No obstante, sus abogados solicitaban la libertad con la precaución de no delinquir en tres años sin tener que realizar un curso de parentalidad positiva porque, explican, ya lo había hecho durante su estancia en el CIS granadino Los magistrados imponen la condición de no delinquir en tres años y mantienen la necesidad de hacer ese curso. En el último año, Juana Rivas estaba cumpliendo su sentencia en un Centro de Inserción Social en Granada y pasaba algunos días en su casa. En los primeros días de Navidad, Juana Rivas abandonó el centro y se encontraba en un régimen de semilibertad con control telemático que le será retirado en las próximas horas o días.
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