El cambio de guardia en Washington empieza a dejar huella en la tributación global, uno de los mayores retos del siglo XXI. La Administración Biden ha dejado caer este viernes el veto de Trump a una tasa Google que grave globalmente a los gigantes digitales, allanando así el camino para la fijación de un paraguas común para evitar perder unos ingresos clave para los erarios. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un acuerdo en ese sentido permitiría redistribuir de manera justa entre países una recaudación tributaria anual de entre 60.000 y 100.000 millones de dólares (entre 50.000 y 83.000 millones de euros).
La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha comunicado este viernes al resto de miembros del G20 —el club que reúne a la veintena de mayores potencias del planeta— su disposición a dejar caer la cláusula que habría permitido a las compañías acatar lo pactado de manera únicamente voluntaria y que, de facto, bloqueaba el acuerdo. El intento por zanjar los múltiples agujeros trasnacionales en la tributación de estas compañías ha sido uno de los grandes frentes de disputa entre la Unión Europea y Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump. En contraposición con su antecesor, Joe Biden ha mostrado sin ambages su predilección por el multilateralismo y ha alardeado de atlantismo en sus prioridades de política exterior.
La medida pasa por fijar un umbral mínimo de tributación en todo el mundo, acabando con el esquema actual, que permite a los gigantes digitales ahorrarse centenares de millones cada año. Esta situación es especialmente acuciante en Europa, donde un buen número de estas compañías aprovechan las ventajas tributarias que les ofrecen países como Luxemburgo o Irlanda a cambio de que les elijan para fijar su sede continental.
El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, mostró en un tuit su “felicidad” por el giro en la posición estadounidense, que valoró como “un gran paso adelante”. “El acuerdo internacional sobre fiscalidad mínima de los servicios digitales está a nuestro alcance”, escribió uno de los grandes patrocinadores de la idea. Las firmas tecnológicas, mayoritariamente de origen estadounidense, han sido unas de las grandes beneficiadas por el cambio de hábitos derivados de la pandemia.
“Supone”, completó el alemán, Olaf Scholz un fuerte viento de cola en aras de una fiscalidad justa de las grandes corporaciones digitales. Mi colega Janet Yellen ha declarado hoy a los ministros de Finanzas del G20 que EE UU se unirá [a la iniciativa global]”. En las últimas semanas se habían sucedido las conversaciones de la jefa del Tesoro estadounidense con sus principales homólogos europeos para tratar de allanar el camino a levantar el bloqueo con el que la Administración Trump se descolgó en 2019.
Mucho más escueto y cauto, el nuevo titular italiano de Economía y Finanzas, Daniele Franco, se limitó a decir en la rueda de prensa posterior al encuentro telemático de los ministros del G20 que el objetivo es tener cerrado un pacto a mitad de año: “Es necesario reformar el sistema actual. Es una urgencia en un momento en el que estamos afrontando los desafíos de la globalización y la digitalización”. Sin embargo, agregó, “el diablo está en los detalles”, una formulación con la que daba a entender que todavía quedan mucho trabajo por delante antes de que el acuerdo cristalice por completo.
A mediados a finales del año pasado, y ante la negativa de EE UU, la OCDE decidió aparcar hasta el primer semestre de 2021 el acuerdo para una tasa Google universal, un calendario que ahora —cambio de parecer de la Casa Blanca mediante— se antoja mucho más plausible. Aunque aún quedan varios puntos importantes por negociar, el levantamiento del veto estadounidense acerca —y mucho— el acuerdo en el grupo de trabajo creado a tal efecto por el think tank de los países ricos, integrado por 137 naciones.
La creación de un marco tributario común para los Apple, Facebook, Google o Amazon es uno de los grandes anhelos en el Viejo Continente. Ante la falta de acuerdo global, España y Francia ya han lanzado individualmente sus propias iniciativas para hacer pagar a las plataformas digitales, y la Comisión Europea ha subrayado en diversas ocasiones su intención de seguir adelante con una propuesta continental si no hay fumata blanca en la OCDE.