Donald Trump no renuncia a su idea de preguntar la ciudadanía en el censo 2020. Horas después de que el Depratmento de Justicia confirmara que la encuesta no llevaría la interrogante, el fiscal general adjunto Jody Hunt informó este miércoles que continuan buscando alterntivas alineadas al Tribunal Supremo, que la semana pasada calificó de “forzados” los argumentos que ha otorgado el Gobierno sobre la necesidad de sumar al cuestionario el elemento ‘¿Eres ciudadano estadounidense?’. Casi una veintena de Estados progresistas y varias asociaciones de derechos civiles llevan un año y medio involucrados en disputas legales para bloquear la propuesta de la Administración. Quienes se oponen temen que muchos inmigrantes no van a querer participar de la encuesta nacional y eso puede derivar en una infrarrepresentación de la comunidad, que suele dar su voto al Partido Demócrata. Además, puede afectar a la distribución de los fondos federales que se asignan en función de la población.
“Al Departamento de Justicia se nos ha pedido que examinemos si hay un camino a seguir, en consonancia con la decisión del Supremo, que nos permita incluir la pregunta de la ciudadanía en el censo”, explicó este miércoles el fiscal general adjunto Jody Hunt en una teleconferencia con el juez George Hazel y abogados de organizaciones e individuos que han demandado al Gobierno por su propuesta. La declaración causó sorpresa porque 24 horas antes el mismo departamento había confirmado que las encuestas ya se estaban imprimiendo y que no figuraba la interrogante.
Después de que el Supremo eludiera pronunciarse la semana pasada sobre la legalidad de la pregunta sobre la ciudadanía, pero considerara que los motivos proporcionados hasta ahora por la Administración para incluirlas parecían artificiales, Trump respondió que le preguntaría a sus abogados cuán factible sería retrasar el censo fijado para abril de 2020 -año de elecciones presidenciales- y así los funcionarios tendrían más tiempo de preparar una explicación de la necesidad. El mandatario escribió este miércoles en su cuenta de Twitter que la información que ciruclaba sobre que el cuestionario no incluiría la pregunta era “falsa” y que continuaban trabajando por ello.
El argumento de la Casa Blanca para incluir la pregunta siempre ha sido querer hacer cumplir la Ley de Derechos Electorales. Pero este martes, tras el varapalo del máximo tribunal, la portavoz del de Justicia, Kelly Laco, confirmó que no habrá “ninguna pregunta de ciudadanía en el censo de 2020”. Cuando apenas se conoció la intención de querer preguntar la ciudadanía, la oposición la interpretó como parte de la ofensiva antiinmigración de la Administración. Sin embargo, unos archivos del fallecido asesor republicano Thomas B. Hofeller revelaron que, según sus investigaciones, la pregunta ayudaría a reducir la representación de los electores hispanos, que suelen dar su voto al Partido Demócrata.
El Gobierno federal utiliza los datos obtenidos del censo, que se realiza cada diez años, para determinar el número de escaños que corresponde a cada Estado en el Congreso y para distribuir recursos entre las administraciones locales. Si los inmigrantes no participaban de la encuesta, existía el riesgo real de que las comunidades en las que viven iban a obtener menos fondos de seguridad, sanidad, servicios sociales o infraestructura escolar.
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