El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar al presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo, a su antecesor en el cargo, Juan Antonio Ibáñez, y a otras 14 personas físicas y 7 jurídicas por presunta estafa y delito societario en la ampliación de capital por un importe de 384 millones de euros de julio de 2015.
El magistrado pone fin con el auto a una instrucción que se inició en 2017 mediante una querella de la Fiscalía Anticorrupción sobre las supuestas irregularidades en la ampliación de capital, que se aportaron mediante activos “sobrevalorados” de Aldira Inversiones Inmobiliarias. Entiende que se cometieron posibles delitos de estafa, delito relativo al mercado y los consumidores, delitos societarios y administración desleal. En su resolución, además de las personas físicas, Calama propone juzgar a siete mercantiles, entre ellas Urbas Grupo Financiero SA y Grant Thorton SLP.
Calama explica que el origen de este procedimiento es la ampliación de capital de Urbas Grupo Financiero, sociedad cotizada en la Bolsa de Madrid, mediante aportaciones no dinerarias aprobadas en la junta general celebrada el 10 de julio de 2015 para absorber a la mercantil Aldira Inversiones Inmobiliarias SL. Señala que los accionistas de Aldira recibían el 92% de las acciones del capital de la sociedad resultante (Urbas), una vez integradas las combinaciones de negocios, tratándose, por tanto, de una adquisición inversa de combinaciones de negocio.
Así, la operación tenía el objetivo de absorber a Aldira, una sociedad de “nueva creación titular de inmuebles adquiridos poco tiempo antes mediante aportaciones por otras sociedades”. En este proceso, añade, una parte significativa de los inmuebles fueron tasados por una sociedad vinculada, y un porcentaje superior al 70% de las nuevas acciones de Urbas correspondían a entidades vinculadas a los administradores.
En uno de los informes emitidos por el consejo de administración ante la ampliación de capital, recoge Calama, se aseguraba que había unas “plusvalías no ajustadas a la realidad e injustificadas, que desvirtuaban completamente el sentido de la operación” en las sociedades integradas en Aldira.
“Ciertamente el engaño es el nervio y alma de la infracción”, afirma el magistrado, que ve indicios de delito por la vinculación estrecha entre las sociedades antes de la integración y porque los accionistas mayoritarios de ambas firmas eran las “mismas personas”.
Esto se une, añade el juez, a la “grosera sobrevaloración” de los inmuebles contenida tanto en los informes emitidos por el consejo de administración de Urbas como de la firma asesora Grant Thorton. Además, insiste el auto, “la mayoría de los informes de tasación de los inmuebles integrados en Urbas se encontraban caducados en el momento de emitir el informe”.
Engaño a los accionistas
Para el juez, los informes se expidieron “con conocimiento de que contenían una ficticia sobrevaloración de los activos inmobiliarios de Aldira y, por tanto, conllevando un engaño hacia los accionistas de Urbas, obteniendo a través de estos mendaces el voto favorable de los socios a la propuesta de ampliación”. Dicha irregularidad habría servido además para justificar la posterior puesta en circulación de las acciones creadas.
La ampliación también generaba “un evidente perjuicio a todos los socios que no tuvieran participación en Aldira”, ya que diluía su participación en Urbas. Además, Calama investiga la presunta venta irregular de cuatro fincas a Urbas por valor de 11,2 millones de euros, el mismo día que habían sido adquiridas por terceros por 562.240 euros, una operación en la que la mercantil resultó perjudicada en más de 10 millones de euros.
Así, el auto afecta al entonces presidente de Urbas, Juan Antonio Ibáñez, el que fuera su número dos y ahora presidente de la firma, Juan Antonio Acedo, y otras 14 personas físicas y 7 jurídicas.
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