La Finma, organismo regulador y supervisor del mercado financiero de Suiza, ha abierto un expediente para determinar si la banca privada Mirabaud & Cie cumplió los protocolos y la debida diligencia en la apertura de la cuenta de Juan Carlos I en la que se depositaron los 100 millones de dólares (65 millones de euros) que recibió el rey emérito, en agosto del 2008, del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, según señalaron a EL PAÍS fuentes del caso.
La Finma es la institución equivalente en España a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Un portavoz de este organismo en Ginebra señaló que esta autoridad financiera no hace comentarios sobre “potenciales clientes de bancos suizos o potenciales investigaciones contra bancos”.
El fiscal suizo Yves Bertossa indaga desde 2018 acerca de los movimientos de esta cuenta y mantiene como investigados (prévenues) por un presunto blanqueo agravado de capitales al banco Mirabaud & Cie, como entidad jurídica, al gestor externo de la cuenta Arturo Fasana, al director de la fundación panameña Lucum, Dante Canonica, bajo cuya estructura se colocó el dinero, y a Corinna Larsen, la examiga de Juan Carlos I.
En 2012, el exjefe del Estado ordenó que se “donaran” los 65 millones a esta última y se transfirieran a una cuenta de la consultora alemana en el banco Gonet and Cie en Nassau (Bahamas). La mayoría del dinero se depositó más tarde en el banco Fieldpoint Private Bank de EE UU .
El fiscal jefe del Cantón de Suiza ha tomado varias veces declaración a los principales directivos y asociados del banco, la última hace varios días, para conocer si se respetó la normativa que rige en ese país para prevenir el blanqueo de capitales y la apertura de cuentas por parte de personas políticamente expuestas (PEP, en sus siglas en francés). Desde el inicio de la investigación han declarado en calidad de testigos el presidente de la entidad, Yves Mirabaud, el exdirectivo ya jubilado Antoine Boissier, y el administrador Thevenoz, que ocupó ese puesto en el banco desde 2013.
De sus declaraciones, que adelantó este diario, se desprende que ni el departamento de cumplimiento de la entidad, que examina la apertura de cuentas de los PEP y vela por la reputación de la entidad, ni el departamento jurídico conocían oficialmente que Juan Carlos I era su cliente.
Solamente seis de los miembros del denominado Consejo de Asociados de la entidad suiza sabían que el beneficiario de la fundación panameña era el entonces jefe del Estado español y, en segundo lugar, su hijo Felipe VI. La Casa Real ha asegurado que este último desconocía la existencia de esta cuenta. El formulario de la fundación panameña Lucum se conservaba en una caja fuerte, en el archivo central del banco, a la que solo tienen acceso los seis asociados. La banca privada Mirabaud & Cie, fue fundada en 1819 y cuenta con oficinas en España.
—¿Existían clientes que el departamento de cumplimiento y departamento jurídico no conocían?— preguntó el fiscal Bertossa a Yves Mirabaud, presidente del consejo de administración de la entidad y entonces miembro del exclusivo Consejo de Asociados, durante un interrogatorio en Ginebra celebrado en marzo de 2020.
—Clientes, no, sí un beneficiario, a saber, el antiguo rey de España. Se trata del único beneficiario al que únicamente conocía la totalidad de los miembros del Consejo de Asociados.
El fiscal Bertossa ha podido acreditar que nadie exigió o recomendó que se declarara a la Hacienda española estos 65 millones. No lo hicieron ni el presidente del banco suizo donde se depositó el dinero en agosto de 2008, Yves Mirabaud; ni el dueño de Gonet & Cie, la entidad que recibió en su filial de Bahamas los 64,8 millones donados en 2012 por el rey emérito a Corinna Larsen; ni tampoco Arturo Fasana, el gestor externo de la cuenta, o Dante Canonica, el director de la fundación Lucum. Ninguno exigió a Juan Carlos I que regularizara su situación con la Agencia Tributaria española. Y de sus declaraciones se desprende que todos conocían su opacidad fiscal.
—¿Se habló del tema de la fiscalización de esos activos en el seno del Consejo de los Asociados? [preguntó el fiscal Bertossa a Yves Mirabaud, presidente del consejo del banco y expresidente de la Asociación de Bancos Privados de Suiza].
—No lo recuerdo. No recuerdo si se habló de ello entre 2008 y 2012 [respondió el banquero].
Las indagaciones del organismo regulador suizo y la investigación del fiscal Bertossa, que vuelve a poner el foco sobre el banco y sobre sus directivos, podrían derivar en que este último decida en las próximas semanas ampliar sus acusaciones con nuevos delitos a la entidad financiera si acredita que no se actuó con la debida diligencia en la apertura de la cuenta y en el manejo de los fondos millonarios de Juan Carlos I, según señalan fuentes cercanas al caso. Las mismas afirman que la Finma ha delegado en el fiscal que investiga este caso algunas de las indagaciones para determinar si se obró con la diligencia debida que obliga este organismo regulador.
La banca privada Mirabaud obligó a Juan Carlos I a cancelar su cuenta suiza en 2012 con 64,8 millones al estallar el escándalo de la cacería de elefantes en Botsuana y comprobar que su cliente era portada de la prensa internacional por este suceso, según la declaración de Yves Mirabaud, expresidente del banco y de varios directivos de la entidad financiera, al fiscal jefe de Ginebra.
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