La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 61,28 millones de euros a 12 empresas por formar un cartel que alteraba el resultado de licitaciones de los servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado con el fin de repartirse los contratos, según informó este viernes el regulador. Entre las sancionadas están buena parte de las grandes constructoras españolas, como ACS, FCC, Acciona o Sacyr, que se hicieron con contratos por valor de más de 500 millones de euros.
El cartel consiguió 71 de las 101 licitaciones del Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes) entre 2014 y 2018. Según explica la CNMC, “las empresas sancionadas participaban sistemáticamente en todas las licitaciones acordadas, restringiendo el número de ofertas pactando bajas [descuentos] superiores a un umbral predeterminado para evitar que otras empresas pudieran presentarse”. Estas prácticas se organizaban en reuniones “para tomar café”, donde las empresas del cartel establecían periódicamente los criterios de coordinación de las ofertas económicas en las licitaciones de Fomento para los servicios de conservación de carreteras del Estado.
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Las empresas sancionadas son Acciona Mantenimiento (y solidariamente su matriz Acciona), Aceinsa, Alvac, API Movilidad (y su matriz ACS), Audeca (y su matriz Elecnor), Copasa, Elsamex, Elsan (y su matriz OHL), Ferroser (y su matriz Ferrovial), Innovia (y su matriz Copcisa), Matinsa (y su matriz FCC), y Sacyr Conservación (y su matriz Sacyr). La sanción impuesta responde a una infracción muy grave, prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Además de las multas, las empresas tendrán prohibido contratar con la Administración. No obstante, esta sanción suele ser esquivada por las empresas presentando recursos judiciales que paralizan la imposibilidad de presentarse a concursos públicos. Varias de estas constructoras ya fueron sancionadas en 2019 por la CNMC por formar un cartel para repartirse las obras del AVE, pero lograron que la Audiencia Nacional suspendiera cautelarmente la sanción.
Coordinación de ofertas
Según explica el organismo supervisor de competencia, el cartel agrupaba las diferentes licitaciones en grupos para los que se acordaban unos criterios comunes de presentación de ofertas económicas. Después, se asignaba una “bolsa” de puntos para cada grupo de licitaciones, que las empresas del cartel iban consumiendo en función del nivel de descuentos sobre el presupuesto de contratación. Cuanto mayores fueran las bajas o descuentos que las empresas presentasen en sus respectivas ofertas económicas, más puntos se gastaban, aplicando una fórmula específicamente diseñada por el cartel para cada grupo de contratos. De este modo se limitaba el número de contratos en los que las empresas presentaban descuentos altos en cada grupo de licitaciones, ya que el número de puntos de la bolsa nunca era suficiente como para tratar de conseguir todos los contratos de cada grupo.
Este sistema incentivaba a cada empresa del cartel a concentrar sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones, presentando en las restantes ofertas con escasas o nulas posibilidades de adjudicación, convirtiéndose así en ofertas de cobertura, es decir, ofertas presentadas para dar una impresión falsa de competencia.
Las empresas acordaban también el umbral de descuentos para esas ofertas de cobertura y se comprometían a presentar ofertas en todas las licitaciones de cada grupo. De este modo se conseguía alterar el umbral de anormalidad (calculado sobre la base de las ofertas presentadas en cada licitación) y podían conseguir que ofertas de empresas ajenas al cartel realmente competitivas fueran excluidas del proceso de contratación.
El sofisticado sistema diseñado por las empresas se fue adaptando a los sucesivos cambios en los pliegos de contratación introducidos por la administración. La mecánica de funcionamiento resultaba particularmente compleja, facilitando la monitorización de su cumplimiento a la vez que se dificultaba enormemente su detección.
El 70% de las adjudicaciones de Fomento
La CNMC ha podido acreditar que el cartel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, aunque se han detectado conversaciones desde 2009. Las empresas participantes se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que sacó Fomento relacionadas con la prestación de servicios de conservación de carreteras El importe total de las adjudicaciones a empresas del cartel superó los 530 millones de euros, el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio para los servicios de conservación de la Red de Carreteras del Estado, lo que da idea del impacto y alcance de este cartel.
La CNMC recibió en octubre de 2017 una información anónima alertando de la posible existencia de un cartel que afectaba al mercado de prestación de servicios de conservación y explotación de carreteras. Tras las inspecciones realizadas en varias sedes de las empresas que formaron parte del cartel en 2018, en julio de 2019 se incoó un expediente sancionador contra 13 empresas y en diciembre de 2020 se incluyó a Ferrovial Servicios en el mismo expediente sancionador, aunque finalmente no ha sido sancionada en concepto de autora, sino como responsable solidaria por la conducta de su filial (Ferroser).
Multas y prohibición de contratar con la administración
La especial complejidad y nocividad del cartel para el interés general han sido consideradas por la CNMC a título de agravante a la hora de establecer el importe de las multas. La empresa Aceinsa se ha beneficiado de una reducción del 50% sobre el total de la multa impuesta al haber aportado elementos de prueba que han permitido a la CNMC detectar y acreditar la existencia del cartel. Además, no se ha aplicado a esta empresa la circunstancia agravante, dado que se ha considerado que su valiosa colaboración por medio del programa de clemencia hace que no pueda considerarse que ha establecido mecanismos de garantía de la ejecución de la conducta. Por lo tanto, la multa impuesta a Aceinsa ha sido de 1,6 millones de euros. Además, tampoco se ha incluido a Aceinsa en la prohibición de contratar con las Administraciones públicas.
La CNMC ya sancionó en marzo de 2019 a 15 empresas, entre ellas filiales de algunas de las constructoras españolas más importantes, por formar varios carteles para repartirse concursos públicos de infraestructura ferroviaria de Adif por valor de más de 1.000 millones de euros durante 14 años. Entre todas debían hacer frente a una multa de 118 millones de euros, que se reparten entre Elecnor, Siemens, Indra, Isolux, Inabensa (Abengoa), Alstom, Telice, Comsa, Neopul (Sacyr), Eym (OHL), Citracc y las filiales de ACS Cobra, Semi, Cymi y Electren.
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