El presidente electo de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, de 36 años, asumirá el Gobierno el viernes próximo. Una de las particularidades de la primera etapa de su mandato (2022-2026) será la convivencia con una convención constituyente que trabaja a contrarreloj para presentar una propuesta de Constitución que, hasta ahora, cambia profundamente el entramado constitucional vigente y, por lo tanto, las instituciones.
El tiempo corre deprisa para el órgano que se disolverá, de acuerdo a la ley, el 4 de julio de este año. Está compuesto por siete comisiones temáticas que presentan sus informes al conjunto de la convención, donde cada una de las normas deben aprobarse por dos tercios de los constituyentes, es decir, 103 miembros. Pero solo cuatro comisiones han presentado parte de sus propuestas al pleno a menos de dos meses de que, el 28 de abril, deban entregar el texto a la comisión de armonización, que se encargará de formular un cuerpo coherente.
“Calculo que están listas menos del 25% de las normas del texto final”, asegura Natalia González, directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo (LyD), un centro de pensamiento de la derecha. Actualmente, los convencionales trabajan incluso los fines de semana para llegar a puerto y, aunque no parece imposible, se ve difícil que el Congreso amplíe su plazo de funcionamiento.
Es una convención dominada por el eje de la izquierda del sistema político chileno –donde los grupos moderados han contenido en el pleno algunas normas polémicas–, paritaria entre hombres y mujeres y con 17 escaños reservados para los pueblos indígenas.
“Existe una línea bastante recta entre estallido social de octubre de 2019, elección de convencionales en mayo de 2021 y las propuestas constitucionales”, explica el constitucionalista Tomás Jordán, al que le llama la atención que este punto no se considere en el análisis y que, desde que a mediados de febrero el pleno de la convención comenzó a votar las normas que serán parte de la propuesta final, haya parte de la sociedad sorprendida por los artículos, profundamente distintos con respecto a la actual Constitución. No las llamaría “refundacionales”, como lo hace González, que considera que se está dando una “vuelta en 180 grados”. Para Jordán, se tratan de propuestas “muy diferentes en sus paradigmas a la Constitución actual”, por lo que prefiere hablar de “innovaciones profundas”, porque en el pleno se han moderado. “Es una transformación estructural y no una reforma”, explica el abogado, que coordinó los esfuerzos constituyentes del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018).
Las normas ya aprobadas por la convención plena darán origen a un texto que se plebiscitará el 4 de septiembre o el 11 de septiembre próximo (dos fechas muy simbólicas para la política chilena, porque el 4 de septiembre era la fecha en que se celebraban las presidenciales hasta antes del golpe de 1973 y el 11 de septiembre ocurrió el quiebre democrático). “Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado”, sostiene uno de los artículos. Es uno de los asuntos de mayor envergadura aprobados hasta el momento. Porque la plurinacionalidad tiene fuertes defensores –la norma fue aprobada por 112 votos contra 32–, pero a la vez importantes detractores. La historiadora Sofía Correa Sutil, académica de la Universidad de Chile, ha dicho que con la plurinacionalidad “se destruye la nación chilena, entendida como una unidad que acoge la más variada diversidad”.
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La convención aprobó, a su vez, la siguiente norma: “El Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales”, reconfigurando totalmente lo que existe en la actualidad, donde impera el Estado unitario con una tradición de unos 200 años y donde el presidente era el jefe político y administrativo de todas las unidades del Estado (Chile está organizado en 16 regiones sin autonomía).
En otro artículo se indica que “las regiones autónomas, comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses”, aunque no podrán “atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile”. Debutarán así los Gobiernos regionales elegidos por la ciudadanía, que tendrán sus respectivas asambleas legislativas electas que, aunque sin potestad legislativa, tendrá atribuciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras. Cada región podrá, a su vez, crear sus propias empresas públicas. Para González, “no está resuelta para nada la forma en que se relaciona el nivel central con el regional, lo que es muy complejo sobre todo desde el punto de vista fiscal”, asegura.
Pluralismo jurídico
Si la propuesta de Constitución se aprueba por la ciudadanía –en un plebiscito que tendrá carácter obligatorio–, Chile tendrá pluralismo jurídico, algo que existe en alguno de los países que reconocen constitucionalmente a los pueblos originarios. Será uno por pueblo –10 en total– más uno para los no indígenas. “El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia”, asegura la norma aprobada por 113 votos contra 39 que, nuevamente, ha desatado un profundo debate. Todavía falta por definir mediante la ley si la Corte Suprema será el tribunal superior de todos los sistemas de justicia regionales y determinar las competencias y materias que se regirán por la justicia indígena.
“En Chile, la población indígena no vive en reservas, sino que a lo largo y ancho del territorio, justamente por el proceso de mestizaje”, asegura González, que se declara preocupada por la “incerteza jurídica” de la plurinacionalidad. “Habría autonomías indígenas –con capacidades presupuestarias, normativas, financieras– y a su vez se generan sistemas de justicias indígenas. Generas tantas naciones dentro de una nación que se corre el riesgo de un ambiente separatista”, asegura la directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de LyD.
El grupo que trabaja sistemas de conocimiento, a su vez, logró que el pleno aprobara la norma que garantiza que “los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho” a “la restitución y repatriación de objetos de culto y restos humanos que fueron confiscados sin consentimiento de los pueblos”, con un alcance que hasta ahora los expertos no se atreven a aventurar con respecto a los conquistadores españoles. Para Jordán, “lo que mayor impacto ha tenido en el conjunto del texto aprobado hasta ahora ha sido la perspectiva indígena, lo que resulta nuevo y ajeno a la cultura jurídica de las últimas tres constituciones chilenas”, que incluso no reconocen a los pueblos.
Lo mismo con la paridad. En la elección a cargos de las entidades territoriales nuevas se debe respetar la paridad, al igual que en la función jurisdiccional.
Especialmente relevante en esta materia será la nueva propuesta de la comisión de medioambiente y modelo económico. El viernes se rechazaron en el pleno buena parte de las propuestas de la comisión encargada de estas temáticas –constituida sobre todo por activistas medioambientales–, en las que imperaba un paradigma ecocéntrico y biocéntrico que entiende la naturaleza como sujeto de derecho. Uno de los artículos que no alcanzó el quórum fue el que reconocía la “sintiencia” de los animales y establecía que el Estado debía protegerlos, reconocer su individualidad y derecho a vivir una vida libre de maltrato. Logró, eso sí, 100 votos a favor, 29 en contra y 25 abstenciones, ante la preocupación de la industria ganadera, avícola o salmonera.
La comisión tendrá que reformular sus primeros planteamientos –en un informe de reemplazo o segundo informe–, pero impera el convencimiento de incorporar la perspectiva de los pueblos originarios en materia de medioambiente, que tienen una cosmovisión muy distinta a los no indígenas. Podría pedírseles el consentimiento previo para cualquier actividad productiva en el territorio, con una participación vinculante. Lo que resulte en esta área será fundamental, porque podría cambiar profundamente el paradigma del modelo de desarrollo del Estado chileno que, hasta ahora, es subsidiario, preminentemente económico, con énfasis en la libertad de empresa y productividad.
Igualmente relevantes serán las propuestas de la comisión de derechos fundamentales, que todavía el pleno no revisa. Se discutirán asuntos clave como el derecho de propiedad y la propiedad indígena.
A fines de esta semana, en tanto, se comenzará a sellar el destino del Senado. La convención empuja el empoderamiento de la cámara política –la de los diputados– y un Senado que pasaría a llamarse Consejo Territorial, posiblemente sin las actuales facultades y sin la misma capacidad de incidir en proceso legislativo. El Poder Judicial también cambiaría de nombre y pasaría a llamarse Sistema Nacional de Justicia.
De acuerdo a la última encuesta Criteria, un 31% aprueba el trabajo de la convención (dos puntos menos respecto del mes anterior) y un 48% los desaprueba, cuatro puntos más que el mes pasado. Sigue siendo, sin embargo, la institución política con mayor respaldo.
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