La crisis migratoria que atraviesa México ha roto las costuras de la política de austeridad que ha guiado los primeros meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El aumento de la presión por parte de Estados Unidos para que el país latinoamericano frene el flujo de migrantes ha obligado a un cambio de rumbo. Tras varios meses de recortes, el subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, ha reconocido este lunes que no tienen una estimación del costo total que implicará contener la crisis y ha asegurado que no han solicitado ampliar el presupuesto para cumplir con Washington. Sin embargo, en el primer cuatrimestre de 2019, el Instituto Nacional de Migración (INM) gastó casi 600 millones de pesos, más de 30 millones de dólares, casi un 50% más de lo aprobado para ese mismo periodo en los presupuestos. Un incremento que, según los expertos en migración y presupuesto consultados, se acentuará tras el reciente acuerdo con la Administración Trump.
Tras ocho días de incertidumbre a causa de la amenaza arancelaria, México se comprometió hace dos semanas a tomar medidas “sin precedentes” para frenar la inmigración. Sin embargo, el rastro del dinero indica que el grifo de recursos ya había sido abierto desde hacía unos meses, según muestran las cifras del Informe de avance de gasto. Además del presupuesto correspondiente a sueldos y retribuciones, unos 370 millones de pesos, el INM, encargado de aplicar la política del país en este ámbito, gastó 230 millones más, casi 12 millones de dólares, en los primeros cuatro meses. El organismo público, cuyo titular, Tonatiuh Guillén, dimitió el viernes, no ha respondido a las peticiones de aclaración de este periódico.
De este gasto extra, un 36% corresponde a asignaciones de vigilancia, un 23% a alimentos y limpieza, y casi un 5% a “traslados”, una etiqueta que incluye las deportaciones. Todo esto en el marco de una intensificación de las detenciones, la triplicación del número de personas deportadas de diciembre a abril y el colapso de los centros de internamiento de migrantes. Preguntado sobre este último punto, el subsecretario Maximiliano Reyes ha revelado este lunes que el Gobierno contempla “modernizar y ampliar” albergues de acogida, entre ellos la Estación Migratoria Siglo XXI en la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala. Esto se hará con contribuciones del Fondo Yucatán, un instrumento de cooperación que México creó en 2011 para financiar proyectos de infraestructura en Centroamérica y el Caribe.
El dinero destinado a alimentos para los migrantes es una muestra de lo sucedido con el presupuesto. En los primeros tres meses de 2019, el INM adjudicó contratos de manera directa para abastecer de comida a los centros migratorios por un promedio de nueve millones al mes. Pero ya a finales de marzo, en pleno desarrollo de la crisis, el Instituto abrió dos licitaciones públicas para cubrir ese servicio el resto del año por un promedio de 24 millones al mes, cerca del triple mensual.
El desglose de los datos muestra que el mayor salto de gasto se ha producido entre marzo y abril. Los expertos consultados explican que ese aumento, del 78%, puede darse por dos factores. El primero es el endurecimiento de la política migratoria del Gobierno de López Obrador. El segundo es la lentitud en la ejecución del presupuesto y el retraso en los pagos de los contratos, típicos del cambio de Administración.
En cualquier caso, es probable que el gasto anual supere con creces el monto asignado a finales de 2018 por el Congreso. Pese a que la ley actual permite a la Secretaría de Hacienda un margen de maniobra sobre lo aprobado por el poder legislativo, los contratos firmados en abril para el resto del año implican que en diciembre de 2019 el Gobierno habrá gastado al menos unos 875 de millones por encima de lo presupuestado. Es una estimación a la baja, ya que no tiene en cuenta el aumento de presupuesto al que el Gobierno ha hecho referencia para responder a las exigencias planteadas por EE UU. “Si bien en abril se habían incrementado los recursos, el acuerdo tiene una implicación mucho mayor que rebasa el presupuesto total que se tiene para este año”, explica el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, José Luis de la Cruz.
Esta tendencia se da en el marco de una política de recortes y despidos en la Administración federal, de los que el organismo fue uno de los principales afectados a principios de año. Pese al crecimiento continuo de los flujos migratorios, el presupuesto del Instituto para 2019 incluyó un hachazo de alrededor del 23% respecto al 2018. Además, se eliminaron 720 puestos de trabajo en una purga lanzada por la nueva dirección para acabar con las prácticas de una institución asociada con la corrupción. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha dicho este lunes, sin entrar en detalles, que la plantilla del Instituto INM fue reforzada durante el fin de semana. Para la Comar, el organismo encargado de tramitar la solicitudes de asilo, se previeron 21 millones, seis menos que el anterior y el presupuesto más bajo desde 2011.
Los recortes han agarrado al Gobierno a contrapié. Las crecientes presiones de EE UU han obligado a un giro en la política respecto al inicio del año, cuando el Ejecutivo abrió las puertas de la frontera sur a miles de migrantes. Los recién llegados recibieron entonces visas humanitarias que les permitían transitar y encontrar trabajo en todo el territorio nacional. Esta situación no tardó en cambiar cuando Trump subió la presión. “En el periodo en que México empieza a tener mayor rispidez con EE UU es cuando el dinero se dispara”, señala el experto Jorge Andrade, del Instituto para la Seguridad y la Democracia.
Las cifras de gasto del INM no capturan plenamente la dimensión de la inversión en migración. A los recursos del Instituto se tiene que añadir el de otras Secretarías involucradas en la respuesta del Gobierno a este desafío, que a partir de ahora coordinará el canciller Marcelo Ebrard. El jefe de la diplomacia mexicana ha confirmado este lunes que está previsto que esta semana se complete el despliegue en la frontera sur de los 6.000 miembros de la Guardia Nacional, dependientes de la Secretaría de la Función Pública. Además, el Gobierno está recabando apoyos internacionales para poner en marcha el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. El INM es una pieza más del rompecabezas y una cada vez menos relevante, según los expertos. “Parece haber quedado fuera de la jugada; la respuesta va a ser operada por Cancillería”, sostiene Andrade.
La afirmación del subsecretario Maximiliano Reyes sobre la no ampliación del presupuesto choca con las declaraciones de algunos líderes del partido del presidente López Obrador, quienes la semana pasada dijeron que esperaban “un aumento importante”. La pregunta es, según el director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Héctor Villarreal, ¿a quién se le va a cargar el paquete? “No hay un solo programa; van a terminar agarrando recursos de programas que tienen otros fines”, dice el experto. Lo que parece claro, según José Luis de la Cruz, es que ante este nuevo panorama el Ejecutivo deberá trasladar el recorte a otras áreas para poder cumplir con su promesa de austeridad: “Va a tener que hacer ajustes en otros gastos públicos”.
Source link