Desde que el presidente Iván Duque presentó en marzo sus reparos al sistema de justicia transicional surgido del acuerdo de paz con las FARC, en Colombia se ha reavivado una polarización que en realidad nunca había terminado de disiparse. El más reciente termómetro de esa división es el estatus de las visas para Estados Unidos de al menos tres magistrados de las altas cortes colombianas, que tienen en sus manos decisiones trascendentales, en un episodio que ha desatado un intenso debate público sobre las relaciones diplomáticas y la independencia judicial.
La semana pasada trascendió que Estados Unidos revocó el visado a los magistrados Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo, de la Corte Constitucional, y Eyder Patiño, de la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, se paralizaron varios convenios de cooperación. Según la prensa colombiana, Fajardo y Lizarazo recuperaron su visado luego de certificar ante la sede diplomática que no tenían asuntos pendientes con la justicia, aunque se especula que más togados enfrentarían una situación similar, que diversos sectores han entendido como presiones indebidas y represalias por fallos que afectan a temas en los que Washington tiene intereses, como la extradición o el uso del glifosato para combatir los cultivos de coca.
La escalada de tensión entre las altas cortes colombianas y el Gobierno de Estados Unidos ocurre precisamente en la recta final del trámite a las objeciones presidenciales. Los seis reparos que presentó Duque a la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —que ya había superado el filtro de la Corte Constitucional— se hundieron en la Cámara de Representantes (por 110 votos frente a 44), pero el Senado no consiguió tomar una decisión definitiva. Ahora el proyecto debe regresar a la Corte Constitucional, en medio de un ambiente enrarecido, para una revisión integral. Al menos dos de las objeciones han sido presentadas como preocupaciones en torno a la figura de la extradición, que concierne a Washington. Es un punto particularmente sensible, entre otros motivos por el caso del excomandante guerrillero Jesús Santrich, detenido desde hace un año y reclamado por la justicia de Estados Unidos.
Luego de una semana de rumores y filtraciones, el domingo llegó una respuesta formal de la Embajada en Bogotá a la polémica. “El Departamento de Estado tiene amplia autoridad para revocar visas basándose en información, que salga a la luz en cualquier momento, que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible en Estados Unidos, o no cumpla con los requisitos de visa”, señaló la misión diplomática en un comunicado. Añadió que “todas las decisiones con respecto a la elegibilidad para una visa se basan en las leyes y regulaciones de Estados Unidos”, que “los expedientes de visas son confidenciales” y que no comentan “sobre casos de visas individuales”.
El comunicado no apaciguó la controversia. En el país andino “se vienen registrando sucesivos ataques y presiones” contra los jueces de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), denunció el colectivo Defendamos la paz —que incluye a negociadores tanto del Gobierno como de las FARC, congresistas de distintos partidos, exministros, líderes sociales, académicos y defensores de derechos humanos, entre otros— en una carta que envió este lunes a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, para pedir medidas de protección para los magistrados.
La misiva asegura que esos ataques incluyen amenazas, denuncias de interceptaciones telefónicas, campañas organizadas de difamación y, por último, “como si todo esto fuera poco”, el reciente retiro de las visas por parte de la Embajada norteamericana en Bogotá. Para los firmantes, las presiones “amenazan gravemente su seguridad e integridad”, y “se constituyen en una ofensiva sin precedentes contra la autonomía del poder judicial, los fundamentos del Estado de derecho y la democracia”.
“Entendemos que la emisión de visas constituye un acto soberano de Estado. Pero nos preocupa que la amenaza de retiro o el retiro de las visas a magistrados sea una medida de carácter coercitivo o punitivo ad portas de sentencias de importancia para las relaciones bilaterales”, afirma la carta, con copia al secretario general de la ONU, António Guterres.
Este tipo de fricciones no han sido ajenas a las relaciones binacionales. Incluso al presidente Ernesto Samper (1994-1998) le fue retirada su visa después del escándalo por el ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña. Sin embargo, se había utilizado como una suerte de castigo. “En este caso particular, la diferencia es que todavía no habían tomado las decisiones frente a las objeciones del Gobierno a la JEP”, valora la analista Sandra Borda, profesora de la Universidad de Los Andes. “Lo que están haciendo es presionar a una rama del poder público en Colombia para que vote en una dirección particular”, apunta.
“Estados Unidos atentó contra la independencia judicial, y adicionalmente contra la división de poderes, porque ahora lo que están haciendo los magistrados es irse a pedirle al presidente que interceda por ellos frente a la embajada de Estados Unidos”, añade la autora de ¿Por qué somos tan parroquiales?, una breve historia internacional de Colombia. “Los está poniendo en una situación de inferioridad frente al ejecutivo en un momento en que necesitan mucha independencia para poder tomar una decisión autónoma sobre las objeciones de la JEP”.
Duque -como ya lo hizo su mentor político, el expresidente Álvaro Uribe- ha planteado una política exterior cuyo eje principal está en Washington, un socio fundamental de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas desde finales de los noventa. El Ejecutivo colombiano, que necesita la ayuda norteamericana para afrontar los problemas de seguridad generados por las disidencias de las FARC, las bandas de narcotráfico y la guerrilla del ELN, ha mantenido una buena sintonía con la administración de Donald Trump en torno a la estrategia para lidiar con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero también se ha topado con fricciones y desencuentros por el nivel récord de cultivos ilícitos, que cerró el 2017 con 171.000 hectáreas que lo reafirmaron como el primer cultivador y exportador mundial de cocaína.
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