El expresidente de Estados Unidos Donald Trump fue imputado este martes por cuatro delitos federales relacionados con el intento de manipular en su favor el resultado de las elecciones que perdió en noviembre de 2020. Los cuatro cargos presentados por el fiscal especial Jack Smith, que actúa en nombre del Departamento de Justicia pero con autonomía jerárquica, son uno por participar en un complot para revertir los resultados electorales, dos por tratar de impedir la certificación de esos resultados y uno por intentar anular el derecho de sufragio. El más grave conlleva 20 años de prisión. Trump ha sido citado para comparecer este jueves ante una jueza federal de Washington conocida por su dureza a la hora de sentenciar a personas que participaron en el asalto al Capitolio, el episodio final del complot para mantenerse en el poder que Trump y un grupo de cómplices dirigieron desde el mismo Despacho Oval.
A pesar de la sensación de rutina que transmite la tercera imputación criminal de Trump, tras una en Nueva York y otra en la jurisdicción federal, se trata del caso más trascendente, porque afecta a los límites del poder de la presidencia y a la defensa de principios troncales de la Constitución, como el voto, que jamás habían sido puestos en duda. Es un momento de una gravedad histórica, en el sentido más estricto de la palabra. El derecho estadounidense se encuentra en terreno desconocido. Nunca ha juzgado las acciones de un presidente o un expresidente. Hasta este año, la mera posibilidad de imputarlo era un debate teórico entre especialistas. Pero en realidad, la justicia está en terreno desconocido desde el día que Trump entró en la Casa Blanca, igual que el resto de las instituciones democráticas. La burocracia judicial norteamericana resulta lenta en la era de las redes sociales, pero está demostrando ser implacable, ciega y sorda ante las presiones de un hombre que ha demostrado ser capaz de utilizar su extraordinario predicamento para desatar la violencia, y del partido que lo protege.
La mayoría de los hechos descritos por la Fiscalía ya eran conocidos gracias a la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes sobre el asalto al Capitolio. La conspiración comenzó cuando Trump fue consciente de que había perdido las elecciones y culminó, tras dos meses de mentiras, intrigas y presiones a funcionarios, en la toma del Capitolio por la fuerza. Más de 1.000 personas han sido detenidas por aquello y 350 han sido procesadas, en un caso que sigue abierto. El mundo esperaba la imputación de la máxima cabeza visible del complot desde aquella misma tarde.
Trump mantiene hoy intacto su apoyo entre sus fanáticos, hasta el punto de que bien puede volver a ser nominado para la presidencia. Por tanto, también el sistema político se enfrenta a una situación explosiva. Pero con todos sus riesgos, la imputación supone un indudable avance. Solo a través de la investigación a fondo de aquellos hechos, el procesamiento con transparencia y garantías de sus máximos responsables, y una sentencia ajustada a la ley, se puede convertir la tragedia política que vivió EE UU en una vacuna para las democracias liberales.
La conspiración, en la que el fiscal nombra a otros seis cooperadores que no imputa aún, tenía como objetivo anular las elecciones. Sencillamente, el fin de la democracia. Quienes aún hoy tratan de relativizar la importancia de lo que pasó, o bien no son conscientes de la amenaza existencial que las acciones de Trump suponen para el sistema democrático, o bien desean su fin. Desde este martes, sabemos que tendrán a la justicia enfrente cuando lo intenten de nuevo.
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