La justicia turca dictó el jueves una sentencia de enorme relevancia en la historia reciente del país. Un tribunal condenó a cadena perpetua a 333 militares y cuatro civiles por su papel en el golpe de Estado de julio de 2016 en Turquía, en el que murieron al menos 250 personas —en su mayoría civiles y policías fieles al Gobierno— y fue bombardeado el Parlamento y atacado sin éxito el palacio presidencial. Otras 70 personas fueron absueltas en el proceso más destacado de los muchos que juzgan aquella condenable sublevación, atribuida a la secta político-religiosa de Fethullah Gülen.
El líder turco, Recep Tayyip Erdogan, la definió como “un regalo de Dios”. Significó ciertamente una quiebra en la historia de Turquía, que abrió la espita de una deriva acelerada hacia un régimen abiertamente autoritario. Unas 250.000 personas fueron detenidas, 26.000 de las cuales permanecen todavía encarceladas. Cerca de 126.000 funcionarios fueron despedidos de la Administración pública, sobre todo de la Policía, el Ejército y la judicatura, pero también del sistema escolar. Otros han sufrido represalias en el sector privado, también en los medios de comunicación. La represión contra los golpistas se extendió a toda la oposición, y de forma destacada al Partido Democrático de los Pueblos y a su dirigente Selahattin Demirtas, encarcelado desde hace cuatro años a pesar de la sentencia adversa del tribunal de derechos humanos de Estrasburgo sobre la prisión preventiva.
El golpe de 2016 significó el enfrentamiento final entre Gülen y Erdogan, estrechos aliados desde antes de la llegada del último al poder en 2003. Muchos son los interrogantes sin esclarecer sobre la naturaleza y las responsabilidades del inaceptable golpe, pero no ofrece dudas la evolución autoritaria del régimen, su estrecho control de la justicia y la pérdida de libertades civiles. En ese escenario, resulta esencial la máxima vigilancia de las instituciones internacionales ante la evolución de un país que es socio de la Alianza Atlántica y todavía candidato a la Unión Europea, al menos sobre el papel. Algunos factores se conjuran para lograr que la presión externa surta mejor efecto. Por un lado el cambio de Administración en Estados Unidos, con la salida de un Trump complaciente con los dirigentes autoritarios y la llegada de un Biden mucho más comprometido con los valores democráticos. En segundo lugar, las dificultades económicas que atraviesa Turquía complican la posición de Erdogan, que acaba de renovar la dirección económica de su Gobierno y del banco central. El dirigente busca en paralelo gestos que mejoren la pésima imagen del país y atraigan inversiones extranjeras. Habrá que presionar al máximo para que los cambios no sean cosméticos, sino sustanciales, empezando por la liberación de presos políticos y el fin de cientos de procesos penales de clara índole política.
Source link