En septiembre de 2021, un día después de que en el Estado de Texas entrara en vigor la ley antiaborto más estricta de los Estados Unidos —que penaliza la interrupción del embarazo después de las seis semanas de gestación—, el semanario satírico The Onion publicó una noticia que reflejaba un espíritu de época: “Nueva ley de Texas permite a los ciudadanos mantener a mujeres embarazadas como rehenes hasta que den a luz”. La clave de la legislación que empezó a regir en Texas aquel mes era, justamente, que trasladaba la persecución del aborto del Estado a los particulares: la estrategia fue convertirlo en un asunto civil, ofrecer una base legal para que cualquier ciudadano pudiera demandar a toda persona que hubiera ayudado a otra a abortar.
Un año y dos meses después, en el otro extremo del continente, aquella broma brutal de The Onion se volvía profecía también en otras latitudes. En diciembre de 2022, en la ciudad argentina de Santa Fe, una niña de 12 años que había sido violada por su padre solicitó junto a su madre la interrupción legal del embarazo. Pero el día programado para el procedimiento no se presentó en el hospital. Tras una búsqueda de más de 24 horas, la niña fue encontrada en una casa de la organización católica Grávida, donde la retenían para evitar que abortara. “Queremos que se investiguen los vínculos políticos y económicos de Grávida, quién está bancando el posible secuestro de una niña”, dijo una activista por los derechos reproductivos.
Entre un extremo y otro de la geografía y de la legalidad, entre las estrategias jurídicas y la acción ciudadana directa, entre 2021 y 2023, el escenario de la lucha por los derechos reproductivos ya no es el mismo en América. La disputa no es nueva, pero se ha expandido y ha ocupado un lugar en las batallas políticas de la región gracias a un largo proceso de alianzas, financiamiento y desarrollo de estrategias de lobbies ultraconservadores e iglesias evangélicas. Para José Morán, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, una de esas estrategias pasa por descalificar las posiciones progresistas tradicionales identificándolas con una suerte de “nuevo comunismo”. Esto es, un modelo de enemigo planteado por el conservadurismo en el que la pelea no está abocada a la lucha de clases como en el siglo XX, sino a una batalla cultural que concentra el enfrentamiento en los temas de género y sexualidad.
“Desandar ese camino también va a tener que ver con desandar construcciones discursivas”, explica Morán. “Han intentado asociar los derechos sexuales y reproductivos con una cosa que va mucho más allá del género y la sexualidad, una especie de neomarxismo”. Este discurso ha estado omnipresente en las contiendas electorales del continente en la última década: desde la victoria del no en el plebiscito por los acuerdos de paz con las FARC en Colombia en 2016 —aquella campaña encabezada por el expresidente Álvaro Uribe en la que se difundieron falsedades como que los acuerdos amenazaban la “familia tradicional” o pretendían introducir “la ideología de género” en la Constitución, y en cuya victoria resultó clave el voto evangélico— hasta la segunda vuelta presidencial de Brasil en octubre del año pasado. Entonces Lula da Silva, en un giro desesperado por ganarle el voto evangelista a Jair Bolsonaro, envió una carta a líderes de iglesias explicando que su proyecto tenía “un compromiso con la vida plena en todas sus etapas”, porque para él “la vida es sagrada, obra de las manos del Creador”. Bolsonaro se burló entonces del cambio de postura de Lula respecto del aborto para conquistar los votos evangélicos y, de manera inconsciente, señaló una arista del problema: “La izquierda vive de hablar mal de nuestras banderas, pero en época de elecciones se apasiona por ellas”, dijo.
En los últimos años, la alianza entre políticos conservadores y grupos católicos y evangélicos —rivales históricos que encontraron una agenda común en la oposición a los derechos reproductivos, el matrimonio igualitario y la educación sexual— ha logrado poner representantes en Parlamentos, ha impulsado movilizaciones para prohibir libros que abordan la sexualidad en las escuelas y ha presionado para frustrar los avances de los derechos LGBTI. El triunfo reciente de Gobiernos progresistas en el continente no ha disuelto el problema, sino que ha revelado su magnitud: aunque el miedo agitado por la derecha no haya sido suficiente para obtener victorias en sociedades aquejadas por necesidades sociales más apremiantes, ha construido un núcleo de poder capaz de condicionar políticas públicas y, en algunos casos, de revertir avances.
En la campaña presidencial de Honduras que terminó con la victoria de Xiomara Castro a finales de 2021, por ejemplo, la oposición hizo viral una pancarta con una caricatura de política apuñalando el vientre de una mujer embarazada. Durante su intensa campaña por el rechazo de la nueva Constitución en Chile en 2022, el político ultraderechista José Kast —que perdió las elecciones presidenciales y ha recuperado terreno con el triunfo en los últimos comicios de consejeros constitucionales— afirmó falsamente que la Convención Constituyente permitía el aborto “hasta los nueve meses de embarazo”.
El fenómeno no es nuevo, pero a lo largo de las últimas décadas, a medida que empezaban a perder influencia en Estados Unidos, los lobbies ultraconservadores ampliaron su campo de batalla en el continente: extendieron redes en América Latina, donde encontraron mayores probabilidades de obtener resultados en políticas públicas y una tierra fértil para incidir en la regulación de los derechos reproductivos. “Estamos viendo que a las iglesias evangélicas conservadoras les está siendo bastante fácil conseguir adeptos”, indica el investigador Javier Corrales, docente en Amherst College.
Durante el último Congreso Mundial de Familias celebrado en octubre 2022 en Ciudad de México, Joe Grogan, exdirector del Consejo de Política Interior de los Estados Unidos y asistente del expresidente Donald Trump, habló de él como “un gran defensor de la vida”, “un gran agente de cambio” y a quien habría que agradecerle “las tres rocas sólidas de la Suprema Corte de Justicia para la anulación de Roe contra Wade”.
De Washington a LatinoaméricaIdalia Candelas
El fallo del 24 de junio de 2022 no debió ser una sorpresa; un borrador ya se había filtrado. Aun así, Rebeca Ramos, directora general de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización mexicana, afirma que cuando la revocación del dictamen se materializó “fue un balde de agua fría”. En ese momento se encontraba en Lima, en una reunión donde a muchas mujeres se les llenaron los ojos de lágrimas de dolor y rabia. Muchos países en América Latina llevan décadas empujando leyes por la justicia reproductiva. Para describir este panorama, habló con académicos, activistas y abogadas para entender los efectos del fin de una sentencia que por casi cincuenta años fue una referencia en la lucha por los derechos reproductivos.
Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alerta de los riesgos a largo plazo de la sentencia del Supremo, que cumple un año este sábado. “Esta resolución pone directamente en riesgo la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes en Estados Unidos”, señala. En su opinión, la decisión no repercute solo en la realidad estadounidense, sino también en el resto del continente y refleja una tendencia de retrocesos y amenazas para los derechos reproductivos. “Lo que sucedió en Estados Unidos no fue algo que se trabajó en cinco o diez años, han trabajado desde los 70 para revertir el fallo de Roe, imagino que esa será la estrategia en América Latina”, razona.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México consagró en septiembre de 2021 la despenalización del aborto, pero el acceso a la interrupción legal del embarazo es todavía hoy muy precario en algunos territorios. En Guerrero, por ejemplo, le fue negado en 2022 a una niña me’phaa de 10 años víctima de violación. Después de una denuncia ante la fiscalía, la menor logró llevar a cabo la interrupción del embarazo.
Que sea leyIdalia Candelas
La gran diferencia entre los avances en países latinoamericanos y Roe contra Wade en Estados Unidos, además de la iniciativa del poder judicial, es que la organizaciones feministas y de la sociedad civil están promoviendo cambios en los códigos penales. Jenny Durán, integrante de Católicas por el Derechos a Decidir y del Frente de Mujeres Evita, explica que en Argentina es una ley que tiene que ser incorporada al plan médico del país de forma obligatoria, pero hay otros retos. “Hoy por hoy estamos empujando que esta ley sea conocida, que el Ministerio de Salud informe que también esta ley sea parte de los contenidos básicos de la educación sexual integral”.
Argentina fue un país pionero. Además de los derechos sexuales y reproductivos, son una prioridad la identidad de género, el matrimonio igualitario o los distintos marcos normativos que integran estos contenidos de la educación sexual integral. Para el país, agrega Durán, Roe contra Wade solo representa un alboroto en el discurso de ciertos sectores ultra, pero las bases legales ya son irrefutables.
Algo parecido ocurrió en Colombia gracias a plataformas como Causa Justa por el aborto, el movimiento que impulsó en 2022 la eliminación del aborto del Código Penal. Para Mariana Ardila, abogada de la organización Women’s link Worldwide en el país andino y directora de Justicia Transnacional, Roe contra Wade fue muy importante en su momento, cuando en América Latina no había nada, pero hoy hay “muchas decisiones incluso de poderes judiciales que son de admirar en América Latina y el Caribe y también en otros lugares del sur global”. Los argumentos por los que ha habido progreso han sido muchos más avanzados. El fallo estadounidense daba la libertad, pero no garantizaba el acceso al aborto, en cambio, estas decisiones en América Latina han sido muy conscientes de las diferencias entre mujeres. “No es lo mismo una mujer indígena o afro o migrante que una mujer rica, privilegiada, blanca, de una ciudad. Y nuestros avances han tenido en cuenta el impacto del uso del derecho penal para regular el aborto tienen esas mujeres y han garantizado no solo despenalización, sino legalización del aborto”. Pero no hay que bajar la guardia: una sentencia de la Corte Constitucional conocida la semana pasada vuelve a amenazar el acceso al aborto al negar que exista ese derecho. El fallo, de por sí, no sienta jurisprudencia, aunque es una señal de alarma.
Las activistas en Argentina, Colombia y México coinciden en que es ahora cuando deben aliarse y buscar aplicar lo aprendido en otros países. Porque mientras Argentina logró que pasara la Ley 27.610 en 2020, que consagra el derecho de las mujeres a acceder a una aborto hasta la semana 14, México ha conseguido la despenalización a escala nacional y Colombia logró la despenalización hasta la semana 24, esta no es la realidad de toda la región. Hay países como Cuba, donde si bien existe sobre el papel acceso al aborto, no hay acceso a anticonceptivos, y países sumamente restrictivos como El Salvador, Haití, Honduras, Guatemala, Nicaragua o República Dominicana, donde impera la criminalización.
El páramo centroamericano
Tania Reneaum recuerda que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han reiterado que la criminalización absoluta del aborto “expone a las mujeres y personas con capacidad de gestación a prácticas peligrosas e incluso mortales que ponen en riesgo su salud y vida, de manera particular de quienes están en situación de pobreza y vulnerabilidad”. Los países centroamericanos han sufrido todo el impacto de las reacciones de grupos antiderechos. Han hecho de estos países su laboratorio porque los poderes judiciales no son independientes, los movimientos sociales están muy atacados, perseguidos, criminalizados, y los vuelve el caldo de cultivo perfecto para pasar sus leyes restrictivas.
El Salvador castiga con algunas de las penas más duras en el mundo a las mujeres que abortan, incluso en caso de abortos espontáneos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso de Beatriz, que busca responsabilizar al Estado por la prohibición al acceso temprano de una interrupción de embarazo en una situación de riesgo grave a la vida de la mujer y de inviabilidad del feto, con la esperanza de sentar un precedente.
A una legislación históricamente muy restrictiva se suma la falta de voluntad política. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cambió radicalmente su discurso. Así lo explica Marcia Aguiluz, estratega legal de Women’s link Worldwide. Antes de ganar las elecciones en 2019 apoyaba las tres causales, pero ahora se manifiesta en contra del aborto con la idea de mantener a las iglesias contentas. Lo mismo ocurrió en Nicaragua con la alianza que Daniel Ortega fraguó con la Iglesia católica antes de emprender una embestida sin precedentes contra las libertades religiosas. El código penal de ese país centroamericano mantiene la prohibición del aborto bajo cualquier circunstancia, incluida la vida de la mujer.
Otro ejemplo: en Costa Rica se aprobó en 2019 una normativa para permitir el aborto terapéutico, lo cual generó malestar entre los partidos más vinculados a las iglesias. Y Guatemala, por su parte, fue declarada por un congreso cristiano en marzo del año pasado como “capital provida de Iberoamérica”, después de aprobar una polémica ley que eleva las penas de cárcel en caso de aborto de entre 1 y 3 años a 5 como mínimo. Xiomara Castro, en Honduras, aseguró en campaña que estaba a favor de la despenalización del aborto por las tres causales, pero de momento nada ha cambiado.
Los equilibrios parlamentarios también afectan a países como Chile. Verónica Ávila, experta en género y políticas públicas, explica que los obstáculos en el país sudamericano se generan más en los engranajes del Estado que por la presión de grupos detractores. La nueva Constitución, que brindaba entre otros los derechos sexuales y reproductivos como la interrupción voluntaria del embarazo, fue rechazada por una amplia mayoría el pasado septiembre. El Gobierno de Gabriel Boric, joven presidente de izquierdas, volvió a poner en marcha el proceso constituyente. No obstante, el pasado 7 de mayo la elección del nuevo Consejo Constitucional encargado de redactar un nuevo texto a partir del borrador redactado por una comisión de expertos inclinó la balanza hacia la extrema derecha, la gran ganadora de esa votación.
El fantasma del “nuevo comunismo”
Cada uno de estos casos confirma que los derechos reproductivos en Latinoamérica son una moneda de cambio de la política y tienen el poder de modificar el destino de un candidato, de una campaña o de un proyecto. Es la estrategia del “nuevo comunismo”, como lo define José Morán. Grupos evangélicos asesoraron la campaña de Sebastián Piñera en Chile y buscan determinar los equilibrios políticos en Perú, a la izquierda y a la derecha del tablero. El miedo es el gran motor de este tipo de movilización. Los provida, agrega este académico, agitan a la población con una mezcla que “amalgama la radicalización de la gente” y un discurso que asocia los derechos sexuales y reproductivos con el miedo histórico que ha tenido la derecha al comunismo.
Hace una década, los movimientos progresistas luchaban por las conquistas sociales como ahora lo hacen los movimientos antiderechos, quienes han convertido el matrimonio igualitario y el aborto en el corazón de su agenda con fines políticos. El temor, por ejemplo, a que un político de izquierdas como Boric llegara a implantar, como mentían a sabiendas sectores de la ultraderecha, una “dictadura gay”. Más que una falsedad eso era una caricatura, pero ese tipo de calumnias sin ningún sustento siguen el mismo modus operandi de los movimientos antivacunas y en contra de la inmigración.
Las organizaciones afiliadas a Vida Humana Internacional y Heartbeat International también operan en un frente político, en paralelo a la estrategia de desinformación. Heartbeat, que tiene estrechos vínculos con el exvicepresidente estadounidense Mike Pence y otros políticos del Partido Republicano, asiste a las asambleas de la OEA para hacer lobby en contra de los derechos reproductivos. Y no es la única: existen diferentes movimientos han surgido en contra de los derechos reproductivos. El Congreso Hemisférico de Parlamentarios, una plataforma que reúne a más de 700 legisladores de 18 países, ha denunciado al organismo multilateral por tener una agenda abortista y de género. En un documento de 2017 llamado Declaración de México dejan negro sobre blanco su “consternación ante los agresivos y continuados esfuerzos” de organismos internacionales por imponer a los estados miembros políticas “en contra de la vida”. Entre los firmantes se encuentran Jair y Eduardo Bolsonaro de Brasil, José Antonio Kast de Chile, el excandidato evangelista a la presidencia de Costa Rica Fabricio Alvarado o Julio Rosas de Perú.
Mariana Ardila, abogada experta en derechos de las mujeres, menciona también la alianza promovida por Mike Pompeo durante el Gobierno de Donald Trump: el Consenso de Ginebra. Un club antiderechos de gobernantes al que recurrió el expresidente colombiano Iván Duque en busca de un último intento por imponer su agenda provida. “Justo después de que en Colombia se diera la decisión histórica de Causa Justa por el aborto, se convierte en el país que más avanza en la región, y él mete a Colombia en este club”.
Y aunque la revocación de Roe contra Wade preocupe a todas las organizaciones de Causa Justa por el aborto, Ardila afirma que “hay que desmitificar esa aproximación colonizadora” porque, en última instancia, los países en América Latina tienen sus propias constituciones, jueces y democracias. Según Morán, en cambio, el riesgo existe, porque la organizaciones cristianas antiderechos que proliferan en Estados Unidos se articulan también en América Latina, donde “no solamente tienen un impacto social, a nivel de las mentalidades, sino también el impacto político, en niveles cada vez más altos de las cúpulas de poder”. Una nueva modalidad de batalla política en la que, además de un modelo de gestión, están en juego el progreso y los derechos de las mujeres.
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