La juez que investiga el deslizamiento que sepultó a dos trabajadores del vertedero de Zaldibar (Bizkaia) el pasado 6 de febrero ha ordenado la detención del dueño y de dos altos cargos de la empresa que gestionaba la escombrera. Fuentes cercanas a las familias de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze han confirmado la información adelantada por El Correo. De este modo, el dueño del vertedero, José Ignacio Barinaga, el ingeniero jefe, Juan Etxebarria, y la gerente, Ainhoa Bilbao, se encuentran detenidos a la espera de declarar en el Juzgado 1 de Durango. La juez trata de dilucidar si se cometieron delitos ambientales y contra la salud de los trabajadores tras el derrumbe de estos terrenos que cedieron miles de toneladas de residuos.Fuentes cercanas a los familiares afirman que la responsable de Seguridad del Gobierno vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, tenía prevista una visita este mismo martes, pero se ha suspendido tras el anuncio de la detención de estas personas.El pasado junio, la Ertzaintza constató “indicios de criminalidad” en la gestión de la instalación de Zaldibar. La policía vasca incluyó estas consideraciones en el sumario judicial abierto en el juzgado de Durango, que adelantó el grupo Vocento, por lo sucedido aquel 6 de febrero. De este modo, las acusaciones de “actuaciones irregulares” en la escombrera comprometen a la empresa que lo administraba, Verter Recycling 2002.Los trabajos de búsqueda de los dos desaparecidos han proseguido pese a la pandemia pero no han conseguido dar con los dos trabajadores sepultados tras más de cinco meses. El alud cayó sobre la AP-8, que conecta Bilbao con San Sebastián. Las complicaciones en las labores se agravaron por la inestabilidad del terreno y por la gran masa de residuos desplazada.La catástrofe en Zaldibar se convirtió en un arma electoral utilizada tanto antes como después del aplazamiento de los comicios autonómicos, finalmente celebrados el pasado 12 de julio. El lehendakari, Iñigo Urkullu, tuvo que pedir disculpas en sede parlamentaria por los posibles errores cometidos con la instalación, si bien insistió en que la gestión de la misma estaba a cargo de la empresa adjudicataria. Los gastos que requiere la estabilización de la zona hundida y las labores para hallar a Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze han requerido, según las estimaciones oficiales, más de 10 millones de euros adelantados por las arcas públicas y que la entidad responsable habrá de sufragar.
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