La actualidad política se mostraba este lunes en Jerusalén como en un circo de dos pistas. En una, el primer ministro en funciones, el conservador Benjamín Netanyahu, se sentaba en el banquillo de un tribunal en la reanudación de su juicio por corrupción tras las elecciones del 23 de marzo, las cuartas legislativas celebradas en dos años. En la otra, el presidente del Estado de Israel, Reuven Rivlin, convocaba a la misma hora al Likud, el partido del jefe del Ejecutivo, en el inicio de las consultas para la formación de Gobierno, que serán complejas ante el resultado no concluyente de los comicios. En la noche del lunes, Netanyahu había recibido 52 recomendaciones de otros tantos diputados –a la espera del respaldo no confirmando de otros siete escaños conservadores–, mientras la oposición solo sumaba 45, tras registrarse 16 abstenciones.
En la sede de los juzgados del distrito de Jerusalén en la calle de Saladino, en la parte oriental de la ciudad que se halla bajo ocupación israelí desde 1967, la fiscal Liat Ben Ari acusó al dirigente que lleva 15 años al timón del poder en Israel Ejecutivo de “haber utilizado ilegítimamente su poder”. Procesado en tres causas por “soborno, fraude y abuso de poder”, el Ministerio Público inició la fase testifical de la vista por el llamado caso 4.000: el presunto tráfico de favores gubernamentales ofrecidos por Netanyahu que reportaron un beneficio fiscal multimillonario al grupo de telecomunicaciones y mediático Bezeq.
En contrapartida, la compañía puso al servicio de los intereses del primer ministro y de su familia el popular portal informativo digital Walla. “Las relaciones entre Netanyahu y los encausados (propietarios de Bezeq) se convirtieron en moneda corriente de intercambio de favores”, remachó la fiscal en el turno de acusación. “Todos son iguales ante el tribunal (…) los que tienen más y menos poder”, advirtió al formular los cargos, mientras en el exterior partidarios y detractores del mandatario coreaban mensajes de apoyo y condena.
“Esto es un intento de golpe de Estado y una caza de brujas”, reiteró Netanyahu sus tradicionales acusaciones contra la Fiscalía en una conferencia de prensa posterior a la vista. “Todo el proceso es un abuso de poder y una farsa”, arremetió el primer ministro. “Se Inicia con una acusación en fraude de ley, como si fuera una cacería, basada en informes filtrados y testigos coaccionados con amenazas a sus familias”, enfatizó, “pero esa es la única firma que se les ha ocurrido para derrocar a un primer ministro de la derecha”.
En la residencia presidencial, sita en el elegante distrito judío de Rehavia, en la parte occidental de Jerusalén, Rivlin compartía mientras tanto sus tribulaciones a los representantes del Likud, partido por el que fue diputado y ministro. El actual jefe del Estado reconoció que no acababa de ver “una fórmula para la formación de Gobierno” sostenida con una mayoría de al menos 61 de los 120 escaños de la Kneset (Parlamento), como exige la ley israelí. “Tras cuatro campañas electorales, la democracia se ha agotado a sí misma”, previno el veterano mandatario.
El bloque de partidos conservadores y religiosos encabezado por el Likud suma 52 diputados favorables a Netanyahu, pero no se ha garantizado el respaldo de los siete escaños del movimiento nacionalista Yamina, liderado por el exministro Naftali Bennett, quien se propuso a sí mismo como aspirante. El heterogéneo bloque de la oposición —que va desde los partidos árabes israelíes hasta la derecha rayana con el Likud, pasando por la izquierda laborista y los liberales de centro— tuvo dificultades para reagrupar a más de 45 parlamentarios en favor el centrista Yair Lapid. El conservador Gideon Saar evitó designar a un candidato en nombre de su partido Nueva Esperanza (seis escaños) y se desmarcó del resto de la oposición, al igual que las fuerzas árabes Lista Conjunta árabe (seis diputados) y Raam (cuatro) que tiraron la toalla y tampoco recomendaron a ningún aspirante.
La clave de la gobernabilidad en Israel radicaba en el partido Raam, una pequeña fuerza islamista escindida de la coalición de la Lista Conjunta, que ha logrado entrar por la mínima en la Kneset con cuatro escaños. En una intervención televisada en horario de máxima audiencia, su líder, Mansur Abbas, se ofreció la semana pasada a pactar a izquierda y derecha con quien ofrezca mayores inversiones públicas a la empobrecida comunidad árabe israelí, que representa un 20% de la población del país.
A pesar del mensaje de moderación expresado ahora por Raam, las fuerzas de ultraderecha religiosa coligadas con Netanyahu vetan cualquier posible acuerdo con una formación que consideran emparentada con la Hermandad Musulmana, internacional islamista fundada hace casi un siglo en Egipto a la que se suele adscribir al presidente turco, Recep Tayyip Edogan, o al movimiento palestino Hamás, que gobierna de facto en la franja de Gaza.
“Puede haber también otras consideraciones [para encargar la formación de Gobierno], como las morales o éticas”, advirtió el presidente Rivlin cuando sus antiguos correligionarios conservadores exigieron que Netanyahu fuera el candidato designado para formar Gobierno por contar aparentemente con un mayor número de apoyos. El mandatario les planteó si podían presentar a otro aspirante del Likud que no estuviste procesado por corrupción. La respuesta de sus interlocutores políticos fue negativa. El primer ministro no está legalmente obligado a apartarse del cargo ni a renunciar a ser reelegido mientras no se dicte sentencia condenatoria firme en su contra, lo que puede demorarse varios años.
Horas más tarde, en el extremo opuesto de Jerusalén, Ilan Yeshua, exdirector del portal informativo Walla, fue el primer testigo en comparecer en el juicio por corrupción contra el primer ministro. Declaró que Netanyahu y su familia le inundaron con correos electrónicos para que eliminara unas informaciones que consideraban críticas y que publicara otras atacando a sus rivales políticos.
La policía y la comisión que controla la Bolsa de Tel Aviv constataron, según la investigación que desembocó en el auto de procesamiento, que entre 2012 y 2017 “Netanyahu y su entorno más cercano intervinieron notoriamente y de forma regular en la redacción de los contenidos de la web Walla, al tiempo que influyeron en la designación de redactores y editores para publicar fotos y artículos halagadores, y suprimir el contenido crítico contra el primer ministro y su familia”.
Además de jefe de Gobierno, Netanyahu acumuló el cargo de ministro de Comunicaciones entre 2015 y 2017, por lo que ejerció también como máximo responsable del marco regulatorio al que estaba sometido Bezeq, grupo empresarial que integra telefonía fija y móvil, servicios de internet, medios de comunicación y una plataforma de canales de pago.
Netanyahu es el primer jefe de Gobierno en ejercicio del cargo que se sienta en el banquillo de los acusados en la historia de Israel. Su predecesor inmediato, Ehud Olmert, pagó con 14 meses de cárcel el cobro de comisiones por un escándalo urbanístico en su etapa como alcalde de Jerusalén, aunque dimitió tras ser imputado.
Otros dos casos pendientes
Además del caso 4.000 o caso Bezeq, Netanyahu comparece ante la justicia en otras dos causas. El llamado caso 1.000 está vinculado a la afición al lujo de la familia formada por el primer ministro; su esposa, Sara, y su primogénito, Yair. Fue la primera pista seguida por la brigada policial anticorrupción al abrir las investigaciones en 2017. Los Netanyahu recibieron caros regalos —joyas, puros habanos Cohiba o champán rosado francés— evaluados en un millón de shequels (250.000 euros) de manos, entre otros, del productor de Hollywood Arnon Milchan, quien pudo recibir a cambio beneficios fiscales millonarios.
El caso 2.000, como el relativo al conglomerado de medios y telecomunicaciones Bezeq, también está asociado a la obsesión del líder del Likud con la prensa. La acusación se centra en las conexiones de Netanyahu con Arnon Mozes, editor del diario Yedioth Ahronoth, el de mayor circulación en Israel, para contar con una cobertura favorable a sus intereses. En compensación, el gobernante le ofreció la adopción de reformas legales para mejorar la difusión del rotativo, dentro del juego de tráfico de favores descrito ahora con detalle por la Fiscalía en su acusación.
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