La Fiscalía va a estudiar a fondo todas las denuncias que ya han empezado a presentarse por supuestas irregularidades en los procesos de vacunación contra la covid-19, si bien fuentes del propio ministerio público admiten que las conductas hasta ahora conocidas, consistentes en saltarse los protocolos establecidos, tienen un difícil encaje penal. Por ello los fiscales subrayan que va a ser preciso analizar detalladamente caso por caso, porque las circunstancias que hayan ocurrido en cada hecho concreto serán muy determinantes para saber si este tipo de denuncias puede tener algún recorrido en vía penal.
En la Fiscalía General del Estado se tiene noticia de diversas iniciativas, pero de momento no se ha acordado centralizar la respuesta que se vaya a dar a la secuencia de abusos denunciados. Es decir, van a actuar las Fiscalías territoriales correspondientes, en ejercicio de sus competencias. En Murcia, por ejemplo, se han abierto diligencias para esclarecer las circunstancias en que el ya exconsejero de Salud del Ejecutivo autonómico del PP Miguel Villegas decidió vacunarse, junto a otras personas de su departamento. Si la Fiscalía entiende que hay hechos con posible trascendencia penal, ejercitará las correspondientes acciones ante los juzgados de instrucción de Murcia.
Hay ya una treintena larga de denuncias por hechos de esta naturaleza, aunque las explicaciones dadas en cada caso son diversas. En medios de la Fiscalía se estima que este tipo de conductas merecen un reproche ético indudable, pero tal vez no un reproche penal, por falta de encaje en la legislación. La vigencia del reproche ético ya se ha puesto de manifiesto por la exigencia de dimisiones a los cargos públicos que lograron vacunarse saltándose los protocolos establecidos. Aparte del caso del exconsejero murciano, cabe citar el de la alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero (PSOE), y otros cargos municipales de diversas comunidades. También ha dimitido el consejero de Salud de Ceuta, Javier Guerrero (PP), quien dijo haberse vacunado al tiempo que todo su equipo y pese a su rechazo a las vacunas.
En la Fiscalía se cree que lo más probable es que la exigencia de responsabilidades se mueva en este ámbito del reproche ético. No obstante, si se quiere investigar a fondo cada hecho que se denuncie es precisamente porque a priori no cabe descartar que haya supuestos que encajen en tipos penales, por ejemplo si funcionarios públicos han tomado resoluciones a sabiendas de que eran injustas, o se ha incurrido en coacciones para lograr la vacunación.
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