La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido este miércoles a la Sala de lo Penal que suspenda la aplicación a todos los presos del procés del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite salidas diarias a trabajar, hacer voluntariado o cuidar de familiares. La petición ha llegado un día después de que un juzgado de vigilancia penitenciaria de Cataluña suspendiera de forma cautelar el tercer grado concedido por la Generalitat a cinco de los líderes independentistas condenados por sedición. Una vez suspendido el cambio de grado, la aplicación del 100.2 era la única vía que le quedaba a los presos para poder seguir disfrutando de un régimen próximo a la semilibertad, pero el ministerio púbico ha solicitado a Supremo que cancele también cautelarmente esta posibilidad, según han confirmado fuentes fiscales.La petición se ampara en el auto dictado por el alto tribunal el pasado jueves, en el que revocó el 100.2 concedido a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, acordó que es a este tribunal al que le corresponde la última palabra sobre la aplicación de este artículo y estableció que el recurso de la Fiscalía ante la concesión del 100.2 implica la suspensión de este régimen. A este último criterio es al que se ha acogido ahora la Fiscalía para pedir la suspensión de los 100.2 de todos los presos excepto el de Forcadell, que ya está revocado. Si el Supremo la acuerda, la suspensión seguirá vigente hasta que la sala que preside Manuel Marchena resuelva si avala o revoca la aplicación de este artículo.Tras la anulación del tercer grado, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart ya no han salido este miércoles de prisión como venían haciendo en los últimos meses. A partir de ahora, tendrán que seguir el régimen ordinario del segundo grado, que solo permite solicitar un máximo de 36 días de permiso al año siempre que se haya cumplido un cuarto de la condena (requisito que ahora solo superan Forn, Sànchez y Cuixart).
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