Tras varios reveses consecutivos en los tribunales, Podemos encuentra un nuevo asidero al que agarrarse. La Fiscalía de Madrid ha enviado un escrito al Juzgado de Instrucción número 42 de la capital, donde se investigan las cuentas del partido, en el que pide restringir el alcance de la causa abierta tras la denuncia presentada por José Manuel Calvente, el antiguo abogado de la formación que acusó a la cúpula de financiación irregular. El ministerio público, que se pronuncia por primera vez en este proceso, ha solicitado al magistrado que solo siga adelante con las pesquisas relacionadas con la contratación de la consultora Neurona para las elecciones del 28 de abril de 2019. El resto de cuestiones, añade, se basan en “rumores, sospechas o suspicacias” o “ni siquiera existen indicios” que demuestren la existencia de hechos delictivos.La formación liderada por Pablo Iglesias lleva semanas defendiendo su inocencia. El propio Pedro Sánchez, aunque declaró su respeto a la independencia judicial, mostró en el “terreno político” su “total confianza y total apoyo a Unidas Podemos y al vicepresidente segundo” tras la imputación del partido y de varios miembros de su cúpula. “Como siempre, estamos a disposición de las autoridades judiciales para que nos requieran toda la documentación e información que consideren. La financiación de Podemos ha sido investigada repetidamente y jamás se ha hallado un indicio de delito”, ha dicho Iglesias.Esta investigación judicial arrancó después de que Calvente, que trabajó como abogado de Podemos desde 2014 a 2019, denunciase ante el juez una serie de presuntas irregularidades. El magistrado Juan José Escalonilla decidió entonces poner en marcha toda una batería de iniciativas para recabar pruebas sobre los ejes sobre los que giraba el relato del exletrado de la formación: supuestos delitos de malversación y administración desleal en contratos firmados para la campaña de las elecciones generales del 28 de abril de 2019; en la obra de reforma de la nueva sede de la formación; en el pago de “sobresueldos” a través de complementos; y en la salida “opaca” de fondos de la denominada caja de solidaridad, a la que los altos cargos donan parte de su sueldo para destinar el dinero a proyectos sociales. Además del acceso sin permiso al disco duro de una empleada.Tras estudiar el caso, el ministerio público solicita el juez que se centre exclusivamente en los contratos con Neurona, sobre los que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ya había vertido sus sospechas al apreciar la posible “comisión de un delito de falsedad de documento mercantil y un delito electoral”. En este sentido, según una nota difundida este martes, la acusación pública considera que “existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este gasto” y apunta a que se habría creado ad hoc esta compañía para prestar el servicio. Además, “de la información bancaria resulta que Neurona efectuó abonos en fechas próximas a las elecciones de 2019 a una mercantil de tecnología digital con sede en Dallas (Creative Advice Interactive) por un importe total de 308.257,20 euros, cuando las transferencias de la coalición son manifiestamente superiores”, incide la Fiscalía, que apostilla que no le constan “gastos de personal, medios materiales o locales” propios de una actividad empresarial. “En lo que se refiere a los contratos con Neurona, ninguna información ofrece el denunciante”.Los otros ejesSegún el ministerio público, el resto de acusaciones debe decaer. En su opinión, si bien pueden ser “discutibles” desde el punto de vista ético o de la transparencia, “es claro que no revisten caracteres de delito”. Entre ellos, enumera el escrito: el cierre del portal de transparencia incumpliendo los estatutos, que denunció Calvente; o los supuestos complementos salariales de los que hablaba el antiguo abogado. La Fiscalía recuerda que fue la propia formación política quien impuso un límite de sueldo para todos sus miembros que no excediera tres salarios mínimos interprofesionales. Y, de acuerdo con la fecha de los hechos denunciados, el importe máximo para 2019 era de 2.850 euros para los empleados sin persona a su cargo. En ese sentido, añade, de las nóminas aportadas por el denunciante, ninguna supera el límite fijado por el propio partido, salvo el de una persona que tenía a su cargo un hijo de 20 meses.“No podemos deducir que hayan cobrado más de lo que les corresponde”, insiste la Fiscalía, que también recalca que no hay “ningún indicio” que señale que Rafa Mayoral, diputado de la formación, se haya apropiado de 50.000 euros a través de personas internas. “Por más que se acompañen [los indicios] de relaciones y rumores obtenidos a través de internet”, reprocha el ministerio público. Sobre el acceso al disco duro de una empleada, también añade que no hay denuncia de la trabajadora afectada. Y sobre la adjudicación de la obra de reforma de la sede, dice: “Podemos optó por el procedimiento de urgencia porque ’al parecer’, según el denunciante, concluía el periodo de arrendamiento de la oficina de la calle Princesa. De la infracción aportada resulta que Podemos incumplió sus propias normas internas de licitación con estándares de control muy superiores a la propia Ley de Contratos, pero dicha circunstancia no reviste carácter delictivo”.Sobre otro de los hechos narrados por el denunciante acerca de los contratos “fraudulentos” con otra empresa (ABD) y en los que Mayoral y Juan Manuel del Olmo, hombre de confianza de Iglesias, habrían intervenido como comisionistas, la Fiscalía señala que no existen indicios que así lo acrediten porque, en realidad, se trata de “rumores, sospechas o suspicacias del propio denunciante”. Para el ministerio público, el hecho de acordar toda esta batería de diligencias sobre la base de rumores, sospechas y la “clara” animadversión del denunciante, “es completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción judicial en una sociedad democrática”. De hecho, la Fiscalía considera inadecuado que se haya pedido información sobre las sociedades de las que es titular o figura como socio Juan Carlos Monedero: “Un tercero al que ni se imputa”.
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