La Fiscalía considera que el acceso de siete funcionarios al expediente de violencia de género de Rocío Carrasco reviste indicios de un presunto delito de descubrimiento de secretos por entrada indebida a la base de datos en la que se recoge la información. Así lo ha determinado y transmitido a los juzgados a los que corresponden cada uno de los puntos desde los que se accedió a la información.
Según han confirmado fuentes de la Fiscalía, la investigación iniciada en abril ha concluido y de ella se desprende que siete funcionarios de la provincia de Valencia han podido haber cometido un delito de revelación de secretos penado para quienes “sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero”.
La investigación se inició después de que el Ministerio del Interior detectara que una decena de funcionarios de esa comunidad habían entrado a curiosear en los datos de la hija de la fallecida cantante Rocío Jurado sin que su trabajo tenga nada que ver con el caso y tras la emisión de los primeros episodios de la serie documental emitida por Telecinco. La Secretaría de Estado de Seguridad bloqueó el acceso al sistema a todos ellos y, posteriormente, la Consejería de Justicia de la Generalitat Valenciana abrió un expediente informativo y uno disciplinario, y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía. El acceso a esta base de datos está limitado a funcionarios que trabajan en Servicios Sociales, a la policía y a jueces, y deja rastro, ya que cada una de las personas que tienen acceso al mismo dispone de una clave para entrar, dado que se trata de información confidencial.
La Fiscalía de Alicante archivó las diligencias de investigación al no apreciar delito alguno, y dado que “se trataba de datos que la propia interesada estaba dando a conocer por televisión”, según alegaron fuentes del ministerio fiscal. En el caso de Valencia, el ministerio fiscal considera que sí hay indicios de delito, tal como ha adelantado el diario Las Provincias, y ha trasladado el tema a los juzgados de Alzira, Onteniente, Moncada, Catarroja y Sueca.
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