La Generalitat valenciana ha iniciado un proceso sancionador contra las personas y organizaciones que participaron en una concentración convocada por el partido de ultraderecha España 2000 este pasado lunes en el barrio valenciano de Benimaclet por vulnerar la ley autonómica de memoria democrática al exhibir símbolos fascistas y franquistas.
Alrededor de 120 personas se reunieron en la popular plaza de Benimaclet con motivo de la celebración de la festividad del 12 de octubre para manifestarse contra el Gobierno del socialista Pedro Sánchez y desfilar en dos filas por las calles de un barrio con una fuerte implantación del movimiento asociativo, estudiantil y alternativo. Algunos de los participantes portaban banderas preconstitucionales y de la falange española. Durante la marcha, un grupo formado por los más jóvenes respondió a los vecinos que les criticaban desde los balcones y golpeaban cacerolas en señal de protesta haciendo el saludo nazi e incitándoles a que bajaran a la calle.
El abogado y líder de España 2000, José Luis Roberto, fue el último en tomar la palabra tras la que llamaron “Marcha de las antorchas”, en las que se escucharon cánticos falangistas y gritos como “Arriba España” o “Viva Cristo Rey”. Roberto fue muy crítico con el gobierno por su gestión de la pandemia y por lo que considera el proceso de desintegración de España. El ingente dispositivo desplegado por la Policía Nacional blindó el recorrido y mantuvo la distancia entre los manifestantes y los numerosos vecinos y antifascistas que protestaban fuera del perímetro. En ningún momento, se observó que los agentes de la Policía Nacional hicieran ademán de retirar alguno de los símbolos franquistas que llevaban los manifestantes.
La Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez, ha solicitado a la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana la identificación de las personas que exhibían estos símbolos, así como la identificación de los convocantes y las posibles actas policiales levantadas. Además, la consejera, de Esquerra Unida, ha solicitado a la delegada del Gobierno, la socialista Gloria Calero, “una reunión para trabajar conjuntamente en la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de memoria democrática, para el cumplimiento de la ley y con el fin de evitar que se repitan sucesos como los vividos este 12 de octubre”. Fuentes de la delegación del Gobierno han informado a Efe de que Calero ha manifestado su disposición a mantener la reunión con la consejera.
La nota enviada por la Consejería de Participación explica los motivos de su actuación: “Durante esta movilización convocada en el barrio de Benimaclet, se exhibieron banderas franquistas y otros elementos de simbología nazi en lo que supone una clara vulneración de la Ley 14/2017 de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana. El artículo 40 de la citada ley hace referencia a los actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación de la sublevación militar o del franquismo, u homenaje a quienes apoyaron la sublevación militar y la dictadura”. “No vamos a permitir que se vulnere la legislación vigente ni que se sigan exhibiendo impunemente símbolos que suponen la exaltación de la dictadura franquista y son contrarios a la memoria democrática”, asevera la consejera en la nota.
La manifestación discurrió sin incidentes, al margen de los enfrentamientos verbales entre los participantes y los vecinos desde sus balcones, pero antes de su inicio, previsto a las 19 horas, hubo tres detenciones, ha revelado este martes la Policía Nacional. Los agentes arrestaron a tres personas como presuntos autores de “un delito de atentado a agentes de la autoridad tras agredir a tres policías y causarles heridas de diversa consideración”, según fuentes policiales. Las detenciones se produjeron sobre las 18:15 horas cuando uno de los indicativos policiales escuchó que se estaba produciendo una reyerta en la zona donde se estaban desarrollando las protestas y vieron salir corriendo a un grupo de personas. Tras intentar pararlos los policías interceptaron a uno de ellos y cuando el resto del grupo lo vio volvieron atrás y comenzaron a agredir a los agentes, que detuvieron a otras dos personas.
Fuentes de la investigación han informado a EFE de que los tres detenidos estaban participando en la concentración de colectivos antifascistas. A uno de los detenidos se le imputa un robo con violencia e intimidación, según las mismas fuentes. Una plataforma de asociaciones de Benimaclet organizaron una jornada el lunes con diversas actividades lúdicas y reivindicativas a favor de un barrio “libre de odio”.
El presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha sido muy crítico con la manifestación en un tuit: “Lo que ha pasado esta tarde es intolerable. Y ser cómplice, una irresponsabilidad”. También el ministro de Transporte, el valenciano José Luis Ábalos, del PSOE, se ha manifestado sobre la marcha de la extrema derecha con este mensaje en Twitter: “Antorchas, tambores, banderas de la dictadura, saludos romanos, música de Wagner e intimidación. Esta exhibición protofascista en Valencia es una vergüenza que debería hacer saltar las alarmas. PP y Cs deben alejarse de esas malas compañías”.
Explicaciones a la Delegación del Gobierno
Muy críticos se han mostrado también Compromís y Unides Podem, socios de Gobierno de los socialistas en la Generalitat, no solo por el contenido y la simbología de la manifestación, sino también por el hecho de que la Delegación de Gobierno permitiera su celebración. El diputado en el Congreso, Joan Baldoví, ha acusado a la delegada del Gobierno, Gloria Calero, de haber permitido que “50 energúmenos hayan incitado al odio” en Benimaclet exhibiendo simbología nazi y fascista. Ha pedido al Gobierno que prohíba la exhibición de banderas preconstitucionales y de simbología nazi y/o fascista en la futura Ley de Memoria Democrática, y ha invitado a seguir el ejemplo de Alemania y a tipificar como delito la apología del fascismo y el nazismo, “ideologías criminales”. La portavoz adjunta en Les Corts Estefanía Blanes preguntará a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana “por qué autorizó la concentraciónfascista en un barrio de tradición de izquierda y organización vecinal de clase trabajadora”, y por qué “no se actuó retirando la simbología fascista que portaban algunos de los participantes”.
La Delegación del Gobierno ha encargado a la Abogacía del Estado un informe sobre la exhibición de símbolos preconstitucionales con el objetivo de “determinar si el uso de esos símbolos fuera contrario a lo que establece la Ley de Memoria Histórica”, según una nota de prensa. La Delegación recuerda que la manifestación es un derecho fundamental recogido en el artículo 21 de la Constitución Española, y que en relación a las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones que se exige la comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan “razones fundadas” de alteración de orden público, con peligro para personas o bienes, según la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio sobre el derecho de reunión. “En las manifestaciones del pasado lunes en el barrio valenciano de Benimaclet no existían comunicaciones contrarias a su realización puesto que las concentraciones opuestas discurrían por sitios distintos, lo suficientemente alejados entre sí y, además, se dispuso de un adecuado dispositivo policial”, añade la nota.
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