Una mujer carga un retrato de Javier Campos, uno de los sacerdotes jesuitas asesinados en Cerocahui (Chihuahua), el pasado 20 de junio.Christian Chavez (AP)
Los jesuitas han hecho pública su indignación ante las últimas revelaciones de Los Papeles de la Sedena sobre el papel del Ejército en las investigaciones para aclarar el asesinato de dos sacerdotes de la orden en Cerocahui, en el Estado mexicano de Chihuahua, en junio pasado. Un reportaje de destapó que las Fuerzas Armadas conocían desde al menos dos años antes de la tragedia prácticamente todo sobre el imperio criminal de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, el principal sospechoso de los homicidios: las alianzas de su gente con el Cartel de Sinaloa, el régimen de terror que impuso a la población y cómo operaba su grupo delincuencial para matar y desaparecer a rivales y civiles. “El Estado mexicano identificó, con antelación, las actividades delictivas en la sierra Tarahumara de quien a la postre perpetraría el homicidio de nuestros hermanos Joaquín Mora y Javier Campos, mismo que a más de cien días sigue impune”, señala la Compañía de Jesús en un comunicado publicado este lunes. “De haberse actuado en consecuencia, la tragedia probablemente se hubiera evitado”, se agrega.
“La Compañía de Jesús en México manifiesta que nos indigna el contenido de los documentos militares relacionados con el caso de Cerocahui que se han hecho públicos”, se lee en el documento. La investigación, publicada a partir de la masiva filtración de correos atribuida al grupo de hackers Guacamaya, también sacó a la luz que un mes después de los asesinatos las Fuerzas Armadas ordenaron un seguimiento a las actividades de religiosos en el sur de Chihuahua para consignar pronunciamientos críticos sobre la estrategia de seguridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y posibles vínculos con el narcotráfico. “Es muy grave y preocupante que la inteligencia militar no se haya concentrado en localizar al perpetrador de los asesinatos, hasta hoy prófugo, y sí en monitorear los pronunciamientos públicos de los sacerdotes”, ha reprochado la orden católica.
Los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora fueron asesinados a tiros el pasado 20 de junio dentro de una iglesia, donde resguardaban al guía turístico Pedro Palma, que también falleció. En el día del asesinato múltiple, Palma y otros cuatro turistas fueron reportados como desaparecidos en la pequeña comunidad de la Sierra Tarahumara, en el norte del país. Los cadáveres de los religiosos y del guía fueron hallados dos días más tarde, tras ser abandonados. El crimen provocó la indignación del papa Francisco e hizo que la Iglesia católica criticara abiertamente la impunidad y la violencia en México.
Tras la publicación del reportaje de este diario, Ricardo Palma, hijo del guía de turistas asesinado, también tundió al Gobierno federal y estatal por la falta de respuestas tras la masacre. “Hoy mi padre cumpliría 61 años de vida, y es indignante que persista la injusticia, que el Chueco siga libre”, publicó Palma el sábado.
La Sedena no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la investigación. Este fin de semana se dio a conocer que el titular de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, rechazó reunirse con diputados para aclarar la filtración de correos del Ejército y canceló la reunión que iba a celebrarse en instalaciones del Ejército este martes. Desde que saltó el escándalo, hace dos semanas, la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados había solicitado un encuentro con el secretario, ante la gravedad de la violación de la ciberseguridad y el hecho de que seis terabytes de información sensible anduvieran pasando de mano en mano y siendo analizados por decenas de periodistas de todo el país. Los papeles de la Sedena son probablemente la mayor filtración que se ha hecho sobre una institución pública en México.
Los jesuitas también han condenado que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), fundado por la orden religiosa en los ochenta, fuera clasificado como un “grupo de presión” por el Ejército, según se supo a raíz de la masiva filtración de más de cuatro millones de correos. “Lamentamos que las declaraciones públicas de los integrantes del Centro sean objeto de monitoreo intensivo, lo mismo que las declaraciones de las víctimas a las que acompañan”, ha señalado la Compañía de Jesús.
La congregación ha respaldado el trabajo del Centro Prodh, crucial en el seguimiento de casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “Recordamos que el trabajo civil de defensa de derechos humanos y el acompañamiento a víctimas es fundamental para la consolidación del Estado de Derecho y la democracia en nuestro país”, han agregado los religiosos. En el centro del escándalo están las revelaciones de espionaje militar y seguimiento permanente a periodistas, políticos, colectivos feministas, activistas y grupos de la sociedad civil. Pese a las evidencias y sin ahondar en explicaciones, la Sedena y el presidente han rechazado que se espíe a la población civil y han dicho que solo hacen labores de inteligencia contra miembros del crimen organizado.
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