Y a la tercera, la juez Mercedes Alaya ganó el pulso. La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha procesado a nueve personas por el supuesto fraude en el concurso público de la mina de Aznalcóllar tras seis años de instrucción y dos archivos previos, y ha terminado adoptando el criterio de la Audiencia de Sevilla ―expuesto por Alaya, que ha resuelto los recursos― para encaminar el caso hacia un juicio. Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y antiguo alto cargo de la Junta, destaca entre los nueve investigados junto a otros excargos y empresarios que, desde este lunes, están más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados.
El Gobierno cesó hace año y medio a Vicente Fernández al frente de la SEPI tras reabrir la Audiencia por segunda vez el caso y permanecer este como investigado por su etapa de secretario general de la consejería andaluza de Innovación Ciencia y Empleo. Alaya le acusaba de mantener una “connivencia” y “relación personal” con los empresarios ganadores de la licitación, que pasaron a la segunda fase del concurso “pese a no cumplir con los requisitos legalmente exigidos”.
La juez instructora Fernández ha dictado este martes auto de procedimiento abreviado por el que cierra la investigación, a pesar del criterio opuesto de la Fiscalía Anticorrupción, que no ve delito, y ha pedido el archivo. Fernández ya optó por el archivo, pero la magistrada Alaya corrigió su criterio y la obligó a reabrirlo dos veces: una, en 2016; y otra, en 2019. Ahora, las otras tres acusaciones personadas ―la empresa Emerita Resources que perdió el concurso, otra firma que se considera perjudicada, Andalucía Mining, y Ecologistas en Acción― tienen 10 días para presentar sus escritos de acusación, al margen del ministerio público.
El caso Aznalcóllar por el nombre de la población de 6.200 habitantes de la Sierra Norte de Sevilla, surgió en 2015 tras la concesión pública en concurso de la reapertura de la mina a la empresa Minera Los Frailes-Grupo México, denunciada por Emerita Resources. En su resolución motivada, la instructora menciona solo el delito de prevaricación, pero las acusaciones pueden añadir otros, como tráfico de influencias, en sus escritos, ya que Fernández se limita en la resolución de este martes al relato de hechos. Con este paso, el caso se aproxima a juicio, que se celebrará en un juzgado de lo Penal de la capital andaluza dada la relevancia del delito investigado.
En los seis años de instrucción, ni Anticorrupción ―que ha pedido cuatro veces el archivo― ni la Intervención General del Estado, ni la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ―que analizó los correos electrónicos de los investigados― vieron indicios de delito que aclararan la supuesta connivencia entre la empresa ganadora y los ex altos cargos de la Junta que decidieron el concurso público. Junto al expresidente de la SEPI permanecen investigados en esta causa otras ocho personas: María José Asensio, ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta; el ex secretario general de Medio Ambiente José Salvador Camacho; Iván Maldonado, exjefe del servicio de Minas de la Junta; el exinterventor de la Junta José Marcos; la letrada Pastora Sánchez; el miembro de la mesa de contratación Julio Ramos y los empresarios Isidro y Mario López Magdaleno, dueños del grupo Magtel.
Fuentes cercanas a los investigados han criticado el auto, fechado este lunes y notificado este martes: “Todas las investigaciones han dado siempre el mismo resultado. La Guardia, la Intervención General del Estado y la Fiscalía han venido señalando reiteradamente que no existía el más mínimo indicio de delito en la adjudicación de la mina sevillana”.
El auto será previsiblemente recurrido por acusaciones y defensas ante la Audiencia, y será Alaya la que fije la dimensión de los supuestos delitos que llegarán a la vista oral. Mientras, Minera Los Frailes prosigue con los trabajos previos para extraer del yacimiento cobre, plomo y zinc en Aznalcóllar.
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