El registro de las oficinas del Camp Nou por los Mossos d’Esquadra, el pasado lunes 1 de marzo, no se habría producido si el Barça hubiese facilitado toda la documentación solicitada sobre el Barçagate. Es uno de los reproches que la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, lanza a Josep Maria Bartomeu y a los otros tres exdirectivos investigados por utilizar presuntamente 2,3 millones del club para mejorar la imagen del expresidente y erosionar la de sus rivales.
La jueza justifica que las entradas y registros en el estadio azulgrana, así como en sedes de empresas y domicilios particulares, fueron “necesarios” por la falta de colaboración del club. “Tras el tiempo transcurrido” y pese a los “múltiples requerimientos”, el FC Barcelona “no ha facilitado toda la información y documentación”, según el auto al que ha accedido EL PAÍS. La petición de los contratos era un medio “menos gravoso”, admite la magistrada, pero “no ha resultado totalmente útil”.
En febrero de 2020, la cadena SER destapó la existencia de una relación contractual entre el Barça y el conglomerado empresarial Nicestream para la supuesta “monitorización en redes sociales” del club. La realidad es que los trabajos de esa empresa servían para ensalzar la figura de Bartomeu y erosionar a los posibles rivales en la carrera a la presidencia del club. La jueza recuerda que se investigan delitos penados con “hasta seis años de cárcel” por la “posible utilización fraudulenta” de dineros del Barça para “fines exclusivamente particulares”.
La jueza cita el conjunto de documentos no entregados por el club y subraya la posibilidad de que parte de esos papeles estén todavía en las oficinas del Camp Nou. Se apoya en unas declaraciones que hizo el presidente de la junta gestora, Carles Tusquets, sobre la aparición de unas facturas. Tras la querella de la entidad Dignitat Blaugrana, la jueza abrió una investigación y en junio de 2020 empezó a pedir documentación. En ese momento, recuerda, “aún trabajaban” en el Barça personas “que podían tener una responsabilidad en los delitos investigados”. La magistrada pide a los Mossos que traten de localizar en el estadio la posible existencia de contratos “estratégicos o confidenciales” que fueron mencionados por algunos testigos, ante la sospecha de que estén relacionados con la investigación.
La magistrada sigue la senda trazada por los investigadores de los Mossos y lamenta el escaso alcance de la auditoría encargada por Bartomeu y su equipo a PriceWaterhouseCoopers (PwC) para delimitar responsabilidades. El expresidente trató de “controlar en todo momento el contenido de la auditoría de PwC, limitando la información que pudiese llegar al resto de miembros de la junta directiva”. La junta, subraya, desconocía la existencia de los contratos, de ahí que el Barça sea perjudicado y no responsable en el Barçagate. La contratación, resume, “tuvo lugar sin que lo supiese el FCB como tal”.
El auto reprocha a los responsables del Barça el despido de la jefa de cumplimiento normativo, Noelia Romero, que investigó por su cuenta las irregularidades. Tres días después de presentar su informe, recuerda la magistrada, fue suspendida de empleo y más tarde despedida. También afea que el club contratara una auditoría de KMPG sobre los servicios de Romero, cuando la Liga de Fútbol Profesional (LFP) ya “realiza periódicamente una auditoría de los servicios de compliance de los clubs de fútbol”. Esa contratación “en principio no tiene sentido” y “bien podría estar encaminada a desacreditar el trabajo” de Romero.
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