El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ha confirmado este lunes que el tiroteo en la base militar de Pensacola (Florida), que dejó tres marineros estadounidenses muertos y ocho heridos, fue un acto de terrorismo. Barr detalló en una conferencia de prensa los resultados de la investigación del FBI sobre el ataque perpetrado el 6 de diciembre por Mohammed Ashamrani, un teniente de la fuerza aérea saudí. “La evidencia muestra que el atacante actuó motivado por la ideología yihadista”, sostuvo el fiscal general. Además, hizo un llamamiento público a Apple para que desbloqueara los teléfonos móviles de Ashamrani, quien fue abatido por la policía en el tiroteo. “Hasta ahora, Apple no nos ha brindado ninguna ayuda sustantiva”, acusó Barr. El gigante tecnológico rechaza dar acceso a los iPhone del atacante al considerar que pone en riesgo la seguridad de sus clientes.
El subdirector del FBI, David Bowdich, narró este lunes que el atacante de 21 años, quien se encontraba realizando un curso de formación en la base de Pensacola, disparó durante el tiroteo contra imágenes del presidente Donald Trump y la de un expresidente estadounidense, y que, según los testigos, el teniente de la fuerza aérea saudí criticó las acciones militares de Estados Unidos en el extranjero. Barr agregó que el 11 de septiembre, Ashamrani publicó un mensaje en las redes sociales que decía: “La cuenta atrás ha comenzado”. También que el fin de semana del Día de Acción de Gracias del año pasado, el atacante visitó el monumento dedicado a los asesinados en los ataques terroristas del 11-S en Nueva York.
Con imágenes de dos teléfonos móviles destruidos a sus espaldas, el fiscal general instó públicamente a Apple a desbloquear los aparatos del atacante fallecido para saber si discutió previamente sus planes con otros miembros de la base naval y si actuó solo o formaba parte de una red. Las autoridades dijeron que Ashamrani disparó intencionalmente a uno de los teléfonos durante el tiroteo. “Esta situación ilustra perfectamente por qué es crítico que los investigadores puedan tener acceso a evidencia digital una vez que hayan obtenido una orden judicial”. El fiscal general no aclaró si el Departamento de Justicia buscará una orden judicial para forzar a Apple a desbloquear los teléfonos.
La principal abogada del FBI, Dana Boente, envió la semana pasada una carta a Apple en la que le solicitaba el desbloqueo de los dos iPhone de Ashamrani. “A pesar de que el atacante está muerto, el FBI, por precaución, ha conseguido la autorización de un tribunal para acceder al contenido de los teléfonos con el fin de agotar todas las pistas en esta investigación de seguridad nacional de alta prioridad”, escribió Boente en la misiva. “Desafortunadamente, el FBI no ha podido acceder al contenido de los teléfonos”, agregó.
La tecnológica rechazó la petición a través de un comunicado en el que defendía que ya había ayudado a los agentes del FBI en el caso de Pensacola al compartir los datos relevantes que el atacante tenía almacenados en la nube: “Tenemos el mayor respeto por la aplicación de la ley y siempre hemos trabajado cooperativamente para ayudar en sus investigaciones”. En 2016 una jueza federal ordenó a Apple a que ayudara al FBI desbloqueando el iPhone usado por uno de los dos autores del tiroteo de San Bernardino (California) en diciembre de 2015 en el que murieron 14 personas. La tecnológica se negó a cumplir con la orden que definió como “un paso sin precedentes” y que significaría “una amenaza para la seguridad” de sus clientes.
Ashamrani había empezado un curso de formación de tres años en agosto de 2017 en la base militar de Pensacola como parte de un acuerdo de cooperación del Pentágono con Riad en el que ciudadanos saudíes entrenan en Estados Unidos. Barr sostuvo que los investigadores habían encontrado material antiestadounidense en las publicaciones de las redes sociales de 21 cadetes saudíes, quienes ya fueron dados de baja del entrenamiento.
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