El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido este miércoles mantener en vigor el decreto de la Generalitat que convocaba las elecciones autonómicas para el próximo 14 de febrero y que el Govern dejó sin efecto hace una semana. La Sección Quinta de lo contencioso-administrativo ha adelantado este mediodía el fallo sobre las medidas cautelares pedidas por media docena de demandantes contra el texto del Ejecutivo. Ese decreto de la Generalitat dejaba en suspenso la convocatoria del 14-F y emplazaba a celebrar las elecciones el 30 de mayo por la crisis sanitaria derivada del coronavirus. El Gobierno catalán cree que la decisión genera más “incerteza” y “obliga a los catalanes a escoger entre el derecho a la salud y el derecho al voto”.
El pasado martes, el mismo tribunal ya había suspendido el decreto de aplazamiento al aceptar las medidas —en aquella ocasión, “cautelarísimas”; o sea, sin escuchar a las partes— y, por tanto, había obligado a reactivar la maquinaria electoral para el 14-F. La nueva decisión del TSJC, una vez escuchadas las alegaciones de los interesados (incluida la Fiscalía y la Generalitat) mantiene esa suspensión y, en consecuencia, deja viva la convocatoria del 14 de febrero.
La sala ha valorado esta mañana las alegaciones presentadas por el Gobierno catalán, que defiende la necesidad de aplazar los comicios por la emergencia sanitaria. Sus informes técnicos muestran que el pico de ocupación de las UCI sería tres días antes de la votación y que no se podría garantizar que unas 200.000 personas en cuarentena o positivas puedan votar con normalidad. El president en funciones, Pere Aragonès, ha comparecido a las 14.00 para valorar la decisión, a la espera de conocer los detalles de la interlocutoria. “EL TSJC mantiene una incerteza que afecta de pleno a la campaña electoral, parte indispensable de cualquier proceso electoral”, ha lamentado el también líder de ERC. Los dos socios del Govern, Junts y Esquerra, creen que la decisión judicial supone un episodio más de lo que consideran “la injerencia en la vida política e institucional de Cataluña”.
Los magistrados del TSJC no atienden esos argumentos y ya han avanzado su decisión de “mantener la suspensión” del decreto de aplazamiento firmado el pasado 15 de enero por el presidente en funciones. “Por tanto, se mantiene cautelarmente la fecha del 14-F” para las elecciones, mientras se tramita el recurso, según la nota difundida por la sala de prensa del tribunal. Los preparativos electorales para el 14-F, en consecuencia, deben continuar. Y con la máxima celeridad, porque los plazos que marca la ley electoral están muy tasados. La Generalitat ya anunció el martes —tras conocer la primera decisión del tribunal— que reactivaba la maquinaria electoral y, entre otras cosas, ha pedido a la Junta Electoral que amplíe el plazo para el voto en el exterior.
El aplazamiento electoral había sido acordado por el Govern y todos los partidos políticos con representación parlamentaria, a excepción del PSC. Los socialistas insistían en que los comicios deberían celebrarse antes. Este jueves, la última encuesta del CIS muestra un empate técnico entre el PSC y ERC. La resolución íntegra se dará a conocer mañana viernes y en ella los magistrados desarrollarán los argumentos por los que han decidido admitir las medidas cautelares solicitadas por seis demandantes, entre los cuales hay ciudadanos particulares y partidos políticos extraparlamentarios.
El TSJC recuerda que la decisión puede recurrirse, pero el recurso en ningún caso suspende lo decidido ahora por los jueces. El tribunal también ha avanzado que dictará una sentencia sobre el fondo del asunto (si el decreto de aplazamiento del Govern vulnera derechos fundamentales) en breve y, como máximo, antes del 8 de febrero. Es decir, en medio de la campaña electoral, lo que añade un nuevo escenario de incertidumbre al proceso.
Ciudadanos ha pedido acatar la resolución judicial, pero también ha defendido que no se puede votar con la actual situación epidemiológica. Su candidato, Carlos Carrizosa, ha insistido en la “idoneidad” de modificar el calendario electoral y ha instado al Ejecutivo a que dicte un nuevo decreto que, según su parecer, sí cumpla con todos los requisitos.
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