El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores esta semana.Rayner Peña R. (EFE)
A un lugar conocido como “el cerro”, a 30 minutos en carro de la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas, se llevaba a los detenidos, todos con capucha, se les daba una pala y se les obligaba a cavar lo que serían sus tumbas. Luego los funcionarios simulaban dispararles echando unos tiros al aire. Este lugar y otros 16 galpones, quintas, terrenos o sedes de ministerios han sido usados como centros clandestinos de tortura por los organismos de inteligencia en Venezuela, tanto civiles como militares, según revela el tercer informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos ordenada por las Naciones Unidas, presentado este martes. Una víctima contó a la misión que en otra de estas casas ubicada en zona de La Mariposa, un suburbio de Caracas, estaba sentado junto a otra persona detenida que suplicaba repetidamente por su vida. Al cabo de un rato, el testigo, que estaba encapuchado y no podía ver, oyó un disparo y el sonido de un cuerpo que caía al suelo. “Los agentes de la Dgcim que lo llevaron allí empezaron a reírse y a utilizar insultos homofóbicos contra él antes de llevarlo de vuelta a Boleíta”, dice el informe.
El nuevo informe describe patrones y modos de actuación de un sistema de persecución de disidentes del Gobierno de Nicolás Maduro con base en 122 casos ocurridos en 2017, 2018 y 2019 –los años de más detenciones– para los que hablaron con víctimas, testigos y exfuncionarios de los organismos de inteligencia.
“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, declaró Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU.
“Los crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de los organismos de inteligencia del Estado, orquestadas por personas en los niveles más altos de autoridad, han tenido lugar en un clima de casi total impunidad. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para que se garanticen los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación”, agregó Francisco Cox, miembro de la misión.
Los investigadores presentan por primera vez detalles sobre la cadena de mando para cometer las torturas, también sobre un sistema de incentivos económicos por el número de detenciones logradas y reclutamiento de los torturadores dentro de las filas de los organismos de seguridad y también desde el brazo de los llamados colectivos, los grupos de choque armados afines al chavismo. Entre los responsables señalados por las personas entrevistadas por la Misión figuran Nicolás Maduro, la primera dama Cilia Flores, el diputado y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello y Tareck El Aissami, actual ministro de Petróleo, todos del círculo más estrecho del Gobierno, mencionados porque ordenaron la detención de personas.
Los funcionarios con más menciones en el informe, sin embargo, son Iván Hernández Dala, director de la DGCIM y jefe de la casa militar que custodia a Maduro y, Gustavo González, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, respectivamente, que han resistido por años la rotación en los altos cargos militares y las denuncias ya conocidas de violaciones a los derechos humanos sin ser removidos de sus cargos.
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Hernández Dala llegó a inteligencia militar en 2014, designado por Maduro en sustitución de Hugo Carvajal, hoy disidente del chavismo y detenido en España en espera de extradición a Estados Unidos. Los investigadores refieren el testimonio de un alto cargo del organismo para señalar que entre Hernández Dala y Maduro había intercambio de información recurrente y que tuvo acceso a recursos para modernizar el aparato de inteligencia con armas y sistemas de vigilancia como las cabinas telefónicas que instalaron en la sede para que los abogados hablaran con los detenidos y pudieran ser monitoreados clandestinamente.
Sobre la cadena de mando, el informe precisa: “Un exoficial de la FANB le refirió a la Misión que las órdenes relativas a objetivos no políticos siguen la cadena de mando regular dentro de la Dgcim. Sin embargo, según varias fuentes, en el caso de objetivos políticos, el presidente Maduro aprueba y a veces también ordena la detención de opositoras y opositores reales y percibidos del Gobierno. Un exempleado de la Dgcim le expresó a la Misión que Hernández Dala le llevaba al presidente Maduro informes de investigación para su aprobación”. De acuerdo a las investigaciones, en 2013 se comenzó a investigar a todos los oficiales que viajaban al extranjero a países considerados hostiles como Estados Unidos.
El informe ahonda en detalles sobre el sistema que soporta esta red de persecución y torturas. Un exdetenido le refirió a la Misión que hay cinco brigadas encargadas de realizar detenciones arbitrarias y de llevar a cabo actos de tortura contra los detenidos dentro del Helicoide. Sin embargo, según las fuentes consultadas, los jefes de los organismos emplean un sistema de reclutamiento de potenciales perpetradores al identificar a los que disfrutan viendo actos de tortura. “La Misión recibió información de que quienes participaban en actos de tortura ‘quedarían bien ante los de arriba’. En consecuencia, si llevaban a cabo lo encomendado, se les recompensa. Se les concedían ascensos, eran elegidos para cursos y se ganaban el respeto en la institución. Actuaban con la convicción de que los más leales serían protegidos y recompensados, ‘esta era la cultura del sistema’”.
Hasta ahora no ha habido reacciones de parte del Gobierno de Maduro a los duros señalamientos que también sustentan una denuncia contra crímenes de lesa humanidad que está siendo investigada por la Corte Penal Internacional. El mandatario colgó un tuit para recordar el discurso de Hugo Chávez en las Naciones Unidas, en la que criticó a Estados Unidos como el eterno rival ideológico de la izquierda, señalando que “olía a azufre”.
Los investigadores no han podido venir al país a hacer las pesquisas en el terreno, porque el Gobierno no autoriza su presencia. Más de 200 entrevistas sustentan la investigación para este informe y otro que detalla las violaciones de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco, que podría ser los últimos si no se logra la renovación por dos años más del mandato de la misión ordenada por la entonces Alta Comisionada Michelle Bachelet. La semana pasada Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Perú informaron de que introducirán una resolución al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el próximo 26 de septiembre para que la misión continúe las pesquisas.
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