Una decena de agentes abrió a martillazos el viernes la puerta de la casa de un periodista, entraron con las armas desenfundadas, lo esposaron y se llevaron todo el material de trabajo que encontraron. Sucedió en San Francisco, California, una de las ciudades más progresistas de Estados Unidos, un país donde la libertad de prensa es un derecho constitucional de máximo nivel. La ola de solidaridad e indignación de la prensa del área de la Bahía ha puesto bajo sospecha a la policía de la ciudad y de paso ha hecho que un turbio suceso local trascienda a todo el país.
El detenido era el periodista freelance Bryan Carmody, de 49 años, que a través de la empresa North Bay News proveer de historias a las televisiones locales. “Sé lo que querían, dijo Carmody a Los Angeles Times. “Querían un nombre”.
La historia comienza el pasado 22 de febrero con la muerte repentina de un personaje muy popular en la ciudad, Jeff Adachi, el jefe del turno de oficio de los abogados públicos de San Francisco. Adachi, de 59 años, tenía una larga carrera como defensor público y era un importante nombre local en la defensa de los más vulnerables. Se había presentado a alcalde de la ciudad en 2011. Siempre había tenido una relación tensa con la policía de San Francisco.
Adachi fue hallado sin vida en un apartamento de la ciudad después de haber pasado la tarde con una mujer llamada Caterina. Ella llamó a los servicios de emergencia. Las primeras informaciones sin confirmar decían que Adachi había sufrido un ataque cardíaco mientras estaba viajando, pero había filtraciones y versiones contradictorias. Carmody se propuso averiguar dónde estaba el abogado cuando murió y a las pocas horas tenía en su poder un atestado policial lleno de detalles escabrosos: los agentes hallaron en el apartamento restos de alcohol y drogas.
Carmody vendió la información del atestado policial a tres televisiones locales. Toda la ciudad pudo ver imágenes del interior del apartamento tomadas por la policía. El diario San Francisco Chronicle también obtuvo una copia y asegura que no fue a través de Carmody. Ambos afirman categóricamente que no pagaron por la información. “Ni un café”, dijo Carmody a Los Angeles Times.
La filtración de ese informe fue motivo de sospecha desde el primer momento. La tensa relación de Adachi con la policía disparó las sospechas de que había sido el propio departamento el que lo había filtrado para arruinar su imagen. Los medios especularon con la tardanza de los servicios de emergencias en responder a la llamada de la misteriosa Caterina. Un mes después de los hechos, la autopsia reveló que a Adachi se le paró el corazón como consecuencia de una mezcla de alcohol y cocaína.
La junta de supervisores del condado de San Francisco criticó duramente a la policía de la ciudad por la falta de cuidado en el manejo de la información. La viuda de Adachi calificó a la policía de “despreciable”. El comandante Greg McEachern ofreció disculpas a la familia. Algunos miembros de la junta de supervisores respaldaron sin ambages la versión de que la filtración estaba motivada políticamente para arruinar la imagen de Adachi como héroe de los derechos civiles de la ciudad.
La policía comenzó una investigación sobre el origen de la filtración que les llevó hasta Carmody. Hace dos semanas, según el reportero, se presentaron en su puerta. “Me pidieron educadamente que les dijera quién era la fuente y me negué”, dijo Carmody al Chronicle. El viernes, se presentaron con una orden de registro. Carmody estuvo detenido entre las 8:22 de la mañana hasta las 13:55 mientras los agentes se llevaban todo su equipo, además de material informático y el atestado en cuestión, que estaba en una caja fuerte. La orden de registro está firmada por dos jueces pero se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que no se sabe cuál es la razón legal para el registro.
“Los ciudadanos y los líderes de San Francisco han pedido una investigación completa y profunda de esta filtración, y esta acción representa un paso en el proceso de investigar un posible caso de obstrucción a la justicia y la distribución ilegal de material confidencial de la policía”, dijo el portavoz de la policía de San Francisco, David Stevenson, en un comunicado citado por Los Angeles Times.
La acción de la policía suscitó una ola de solidaridad de periodistas y organizaciones de los derechos civiles durante el fin de semana en redes sociales. En declaraciones a los medios californianos, Thomas Burke, un abogado especializado en libertad de prensa que representa a Carmody, dijo que el registro “está pensado para intimidar” y que se trata de una acción “altamente incorrecta”. Burke ha pedido a la fiscalía local que no revise la información de los equipos informáticos de Carmody. “Es básicamente confiscar una redacción”.
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