En la última semana ha reaparecido sin demasiado ruido mediático un viejo e irrenunciable debate sobre la distribución territorial de instituciones del Estado que pertenecen a la sociedad en su conjunto, y no a una comunidad concreta, por muy poderosa que sea. No es nueva la invitación a meditar sobre ese reequilibrio que no condena a la indigencia institucional o al desamparo a la capital de España, Madrid, pero sí atañe a todos los españoles en cualquier parte del Estado, desde Sevilla a Valencia o desde Barcelona a A Coruña. El presidente Pedro Sánchez entró en ese debate en su discurso de clausura del Foro La Toja para defender la necesidad de abordar el problema de forma “leal”, y en el mismo sentido se había expresado ya el lunes ante el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.
El nuevo ciclo político que impulsan los fondos europeos y el capotaje de la pandemia (pese a su imprevisible desarrollo, con amplias zonas del planeta sin vacunación a la vista) abren un escenario reformista que permite revisar la concentración absoluta del poder del Estado en la capital, sin que por esa causa la capital deje de serlo. Ninguna de esas posibles y saludables reubicaciones institucionales podría ir en detrimento de Madrid porque en ningún caso podría sustraerle a Madrid algo que no le pertenece. Los titulares de esas instituciones son todos los españoles sin que resulte relevante la comunidad en la que residen.
Las propuestas han sido múltiples a lo largo de los años, y no siempre han encontrado una vía de defensa templada u oportuna. En las actuales circunstancias, sin embargo, el desarrollo autonómico y su fortalecimiento exigen una participación en la gobernabilidad del Estado que comprometa a toda la sociedad. La descentralización que España ha materializado en estos últimos años ha alcanzado cotas que no tienen parangón en ningún país europeo, como los estudios comparados demuestran una y otra vez: ni Alemania, ni Suiza ni desde luego Reino Unido exhiben el nivel de traspasos y transferencias competenciales del que disfruta España. Y, sin embargo, en algunos de ellos, y el modelo más próximo es Alemania, las instituciones no viven por la fuerza ancladas en la capital.
El debate que ha abierto el presidente, en paralelo con otros presidentes de comunidades como Ximo Puig, Miguel Ángel Revilla o Francina Armengol, ofrece la oportunidad de promover la cara B de un acuerdo de inspiración netamente constitucional. En esta nueva etapa las comunidades autónomas pueden ser quienes aporten a la gobernabilidad del Estado un compromiso firme al acoger esas sedes sin ánimo de rivalidad ni competencia con Madrid: hacer Estado, construir Estado, es una obligación compartida. Con esa redistribución pactada y negociada solo puede crecer la fortaleza democrática de las Autonomías en ruta hacia su cumplimiento federal de facto. No parece haber causas insalvables que impidan que determinadas instituciones encuentren un lugar funcional, coherente y práctico fuera de Madrid. La corresponsabilidad de la ciudadanía, allí donde resida, sería el primer efecto inmediato de esas decisiones. El relanzamiento de la economía y el nuevo ciclo que abre la era pospandemia podrían llevar dentro la semilla de una cohesión territorial, social, política e institucional aun imperfecta, y en estricto cumplimiento de la Constitución.
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