La reunión que mantendrán este martes el presidente del Gobierno de España y el president de la Generalitat constituye únicamente los preliminares de un proceso que se aventura largo y no exento de contratiempos. Habrá que esperar a la efectiva creación de la llamada mesa de diálogo para analizar las iniciativas concretas que las partes quieran impulsar para su discusión. Nada de lo que afecta a la cuestión catalana se resolverá en breve, lo que garantiza un control continuado de cada una de las fases que todavía están por llegar. De ahí que resulte grotesca la petición de Pablo Casado a Pedro Sánchez solicitándole ya la dimisión y la convocatoria de nuevas elecciones. ¿Qué se reserva para cuando avance la negociación?
Todo invita a pensar que el encuentro anunciado por La Moncloa no tendrá contenido sustantivo, lo que no le resta, sin embargo, importancia. La liturgia con la que se ejecute ofrecerá algunas claves en torno al mensaje que Sánchez y Aragonès quieran trasmitirse (y transmitirnos) a través de la escenificación de un (re)encuentro institucional entre quienes disponen del poder suficiente para hacer viable un ejercicio de negociación. Pero entonces, ¿qué podemos esperar de la reunión de mañana? Algunos dirán que no demasiado. Yo creo que bastante, si los protagonistas logran inyectar firmeza y credibilidad a un proceso político de alto riesgo, cuyo éxito nadie está en condiciones de asegurar. ¿Cómo hacerlo? De manera bien simple: las partes deberían comprometerse a no abandonar la mesa de diálogo hasta la consecución de un acuerdo, capaz de colocar el problema que motivó la negociación en mejor situación para su solución que la que permite la realidad actual. Se trata, sin duda, de una garantía de mínimos, pero suficiente para dar fe de una honesta voluntad de las partes de buscar una salida dentro de lo política y jurídicamente factible.
A partir de este martes será pertinente ir analizando la arquitectura de los elementos sobre los que se asiente este proceso en todo aquello relacionado con la composición de la mesa, su método de trabajo y el propio sistema de adopción de acuerdos, así como la formulación jurídica de los mismos y su legitimación democrática futura. Un extremo, este último, que debe acometerse con suma inteligencia, pues facilitará el resultado o simplemente lo convertirá en un imposible. No parece razonable ahora limitar la agenda de temas a debatir, aunque es obvio que no todas las aspiraciones de máximos verbalizadas podrán ser objeto de negociación. Y lo más interesante: resulta clave blindar la consecución de esos pequeños acuerdos que permitan ir generando un patrimonio valioso de resultados capaz de desincentivar en ambas partes soluciones ordenadas bajo la fórmula del todo o nada. Tiempo habrá de analizar cada uno de estos elementos con profundidad. Ahora basta con apreciar el valor de un encuentro entre presidentes encaminado a comprometer a sus protagonistas en torno a los trabajos de una mesa de diálogo apta para arrojar resultados de utilidad en Cataluña y en toda España.
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