El déficit de la Seguridad Social pulverizará todos los récords este año. Según el Plan Presupuestario que el Gobierno ha enviado este jueves a Bruselas, el agujero se situará en el 4,1% del PIB en 2021 —frente al 1,4% de 2019—, una cifra equivalente a más de 45.300 millones de euros. Para ponerlo en contexto: este importe supone un tercio del gasto total en pensiones que el Estado abonó el año pasado.
Este fuerte repunte se explica por la situación excepcional de crisis económica en la que ha desembocado la pandemia de coronavirus. La destrucción de empleo desencadenada por el cierre de la actividad y la ingente factura que están suponiendo los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para las arcas públicas son los principales responsables del alza. Tan solo los ERTE, que fueron flexibilizados al inicio de la emergencia sanitaria para evitar castigar aún más el mercado laboral, supondrán una factura cercana a los 35.000 millones en 2020 para las arcas públicas, una parte de ella soportada por la Seguridad Social por la bonificación en las cotizaciones.
Para 2021, el Gobierno prevé que los números rojos de la Seguridad Social, que desde hace una década cierra todos los años con déficit, se reduzcan y se sitúen en el 3% del PIB calculado para ese año. Pese al descenso, el agujero seguirá en cotas récord: 36.741 millones, el doble que el año pasado, cuando aún nadie podría prever que un virus invisible pondría de rodillas a la economía mundial y que España sería uno de los países más castigados tanto en número de contagios como en debacle económica. Aun así, el Gobierno prevé revalorizar las pensiones en un 0,9% en 2021, según destaca el documento enviado este jueves a Bruselas.
En total, el desajuste de la Seguridad Social será de más de 82.000 millones en dos años, pero el Ejecutivo ha dispuesto que la Administración central se haga cargo de parte de este desfase. El Plan Presupuestario lo pone negro sobre blanco, y recoge que más de la mitad del gasto extra que tendrá que asumir la Seguridad Social en 2021 se convierta en un lastre menos pesado a través de unas transferencias extraordinarias de unos 20.000 millones.
La Administración central tendrá el mayor desfase
Es así que el déficit de la Seguridad Social previsto por el Gobierno para 2021 se situará en el 1,3% del PIB después de que la Administración central se haga cargo de algo más de la mitad de ello a través de unas transferencias extraordinarias equivalentes al 1,7% del PIB. Algo parecido ocurrirá con las comunidades autónomas: el Ejecutivo prevé que sus números rojos alcancen el 2,2% del PIB el año que viene, pero el Gobierno ya trasladó la semana pasada tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ―el cónclave entre el ministerio de Hacienda y los consejeros regionales de la rama para debatir la financiación autonómica― que asumirá la mitad de este desfase.
En concreto, el Ministerio de Hacienda propuso que la Administración central se haga cargo del equivalente del 1,1% del PIB del déficit de las regiones estimado para el año que viene, a través de una transferencia extraordinaria de 13.486 millones, cuyo reparto todavía no está decidido si se hará en función de criterios covid-19 o según las reglas de financiación autonómica. Aun así, el resultado no cambia: la Administración del Estado será el subsector que acumulará el desfase más elevado en 2021, del 5,2% ―y también en 2020, con el 6,6% del PIB― que hubiera sido del 2,4% sin transferencias a autonomías y Seguridad Social. En total, el desajuste del conjunto de las Administraciones públicas se situará en el 7,7% el año que viene, tras dispararse este año hasta el 11,3%.
En realidad, estos guarismos no representan una senda de déficit como se venía habitualmente aprobando en los años anteriores antes de empezar a diseñar los Presupuestos. Ante esta crisis extraordinaria, que nada tiene que ver con la Gran Recesión ni en su origen ni en su repentino impacto, el Gobierno ha decidido suspender las reglas fiscales tanto para este año como para el que viene, en línea con la decisión de la UE de congelar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento a causa de la emergencia sanitaria. Por ello, los porcentajes que recoge el Plan Presupuestario solo representan unas tasas de referencia y no unos objetivos cerrados, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reiteró en más de una ocasión que esta decisión excepcional no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal.
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