La amenaza de sequía persistente se extiende, y la protección del campo ante las pérdidas potenciales es limitada. Solo 3,3 millones de hectáreas están aseguradas ante los daños por falta de agua, es decir, un 15% de la superficie agraria útil (23 millones de hectáreas) y el 20% de la superficie de cultivo de 17 millones de hectáreas, según los datos de Agroseguro, sociedad que administra los seguros combinados por cuenta de las aseguradoras. Así, el capital asegurado frente a este riesgo asciende a 2.800 millones de euros, alrededor de un 5% del valor total de la producción final agraria, que suma 52.000 millones.
Los siniestros son cada vez más frecuentes, intensos y agresivos, a consecuencia del cambio climático, según las aseguradoras. Y, además, se extienden a más periodos a lo largo del año: los pedriscos ya no se producen solo en los meses de más calor ni las heladas en invierno, y las lluvias torrenciales no tienen fecha. Sin embargo, la parte de la cosecha que está asegurada representa un porcentaje minoritario tanto en los cultivos de herbáceos, como al olivar, el viñedo y los frutos secos.
Las sequías son el fenómeno que provoca, junto con la piedra, los daños más graves. Hasta la fecha las más graves en las dos últimas décadas se han producido cada cinco años: en 2006-2007, 2012, 2017, y previsiblemente este año, si no hay un vuelco en las condiciones meteorológicas. En la mitad sur, especialmente en los herbáceos de secano, los daños ya son parcialmente irreversibles y lo serán igualmente en regadíos por la falta de agua embalsada, si bien no se puede cifra hoy la cuantía.
En 2012, las indemnizaciones ascendieron a 210 millones, con solo 135.000 hectáreas aseguradas. En 2017, los pagos ya se elevaron a 143 millones, de los que 110 eran para cultivos herbáceos, básicamente cereales. En 2021, los pagos por sequía correspondieron únicamente a 152.000 hectáreas, con cobros de 12 millones. Hoy la superficie podría llegar a millones de hectáreas, especialmente de herbáceos y leguminosas, leñosos desde el olivar a los frutales pasando por los viñedos y los pastos. La organización agraria COAG señala el estado de alerta en la mitad de las superficies de cultivo.
Más primas y menos coberturas
La mayor siniestralidad en el conjunto de la actividad del seguro en la rama agrícola y, con ello las mayores indemnizaciones, han provocado un ajuste de beneficios en las aseguradoras. Empresas, Administración y sector han tratado de buscar salidas para garantizar el futuro del seguro.
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De un lado, se plantearon medidas de laboreo como cambios de variedades, adelanto o retraso de siembras, aumento de zonas de riego o una mayor universalización de las contrataciones. Sin embargo, las compañías, con el beneplácito de la Administración, optaron por el incremento de primas, el aumento de franquicias, menos coberturas o mayores penalizaciones a quienes tuvieran una mayor siniestralidad por la ubicación de sus explotaciones al no haber más recursos públicos para apoyar las contrataciones para subvencionar el importe de las primas.
Las subvenciones por parte del Ministerio de Agricultura estuvieron congeladas en 211 millones con la Administración del PP, para subir durante el Gobierno del PSOE a 256 millones, a los que se suman hoy unos 80 millones de las comunidades. Mientras, el agricultor ha pasado de pagar menos del 40% del coste de la prima al 60%, lo que se ha traducido en una caída de las contrataciones (desde 450.000 a 409.00 el año pasado), aunque el capital asegurado en todas las líneas ascienda a la cifra récord de 15.590 millones por los mayores precios de los productos.
Las organizaciones agrarias Asaja,UPA y COAG han planteado a las empresas y a la Administración la necesidad de un cambio en la actual política de los seguros agrarios para que sea realmente un paraguas de los ingresos del sector ante los riesgos meteorológicos. Desde UPA se aboga por aumentar el cultivo asegurado dando mayores coberturas a un precio rentable; desde COAG se critica que la vía elegida fuera solamente la de aumentar su coste. Asaja va más allá y solicita la destitución del presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti, y también critica la gestión que se hace desde la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, Enesa, dependiente del Ministerio de Agricultura.
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