Venezuela se hunde a pasos agigantados en una dramática crisis económica, política y de derechos humanos. Millones de personas han tenido que huir del país en los últimos años por la inepta, corrupta y opresora gestión del régimen chavista, recientemente acusado por una misión de investigación de la ONU de gravísimas violaciones de derechos humanos. Ante semejante escenario, la comunidad internacional no puede permanecer indiferente y debe tratar de facilitar una salida abriendo el camino a soluciones políticas con los medios disponibles: por un lado, una acción diplomática que ayude a los demócratas venezolanos a avanzar en el reestablecimiento de condiciones, precisamente, democráticas; por otro, la perspectiva de sanciones que golpeen al régimen sin afectar a la ciudadanía. No hay que ser ingenuos: dado el historial del régimen chavista, es sumamente difícil lograr avances significativos. Pero no hay duda de que nada ocurrirá sin una involucración eficaz de actores exteriores. Por eso, la iniciativa de la UE, liderada por el vicepresidente de la Comisión y alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, para facilitar una salida pacifica y democrática en el país está más que justificada.
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