El Consejo de Ministros de Interior de la UE ha logrado este viernes en Luxemburgo un acuerdo político sobre el mecanismo de solidaridad obligatoria para el reparto de refugiados entre países europeos, una de las piezas clave del pacto migratorio lanzado por la Comisión Europea en septiembre de 2020 y que llevaba casi dos años estancado. Bruselas recabará en los próximos días la oferta de plazas de los países dispuestos a colaborar en futuros repartos en caso de crisis migratoria en uno o varios Estados comunitarios. Una vez que esté en vigor la norma, todavía pendiente de aprobación formal, los socios que no deseen colaborar tendrán que hacer una contribución económica o ayudar financieramente a otros socios a costear la devolución de migrantes en situación irregular sin derecho al asilo.
Tanto Gérald Darmanin, ministro del Interior de Francia, que ostenta este semestre la presidencia del Consejo, como la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, han dejado entrever su enorme satisfacción por un principio de acuerdo que han calificado de “histórico”. “Ha sido una reunión extremadamente exitosa”, ha señalado Johansson, rebosando júbilo, en la rueda de prensa posterior al encuentro. Darmanin ha celebrado el éxito de la estrategia de la presidencia “para desatascar unos trabajos muy importantes para la UE”.
El enorme éxodo de refugiados que ha desatado la invasión de Ucrania, con más de seis millones de personas desplazadas a países europeos, ha contribuido a reforzar los argumentos de la Comisión a favor de aprobar el pacto migratorio cuanto antes. Además, los países tradicionalmente contrarios a una política común de asilo, como Polonia o Hungría, se han visto en primera fila de la crisis de ucrania como receptores del mayor número de personas que huyen de la guerra.
El vicepresidente de la Comisión para asuntos migratorios, Margaritis Schinas, cree que el hito logrado por el Consejo en Luxembugo “es una prueba inequívoca de la Europa unida que, en los últimos meses, hemos visto emerger incluso más fuerte”, en alusión a la respuesta coordinada y contundente frente a las agresiones del presidente ruso, Vladímir Putin.
Más de una docena de países han indicado ya su intención de participar en la plataforma de reubicación de demandantes de asilo que pondrá en marcha la Comisión, según ha indicado Darmanin. El Ejecutivo comunitario, según ha anunciado Johansson, “organizará en los próximos días un encuentro de la plataforma de solidaridad para darle una expresión concreta a este histórico acuerdo”.
Aparte del pacto sobre las medidas de solidaridad, los ministros también han logrado un principio de acuerdo sobre dos de los proyectos legislativos relativos a la responsabilidad de los Estados en la gestión de los flujos de migración irregular. Uno de ellos, según la Comisión, establecerá por primera vez un proceso de selección previa a la entrada de migrantes, con la identificación de todas las personas que crucen sin permiso las fronteras exteriores o que desembarquen en territorio comunitario tras una operación de salvamento en el mar. El otro es el relativo a Eurodac, la base europea de datos en la que se registran las huellas dactilares de las personas solicitantes de asilo.
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“Con esta presidencia se están dando unos progresos importantes”, señalaba el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su llegada a la reunión del Consejo. El representante español anticipaba el acuerdo y destacaba el valor de “la declaración política sobre la reubicación voluntaria, pero con carácter de solidaridad; es la primera vez que se habla políticamente de solidaridad”.
El pacto, compuesto por nueve proyectos legislativos, no había logrado avanzar en dos años de tramitación por la falta de acuerdo sobre el capítulo de la solidaridad en caso de crisis migratoria. Las negociaciones arrancaron ya envenenadas por la profunda desconfianza que la crisis migratoria de 2015 dejó entre los Estados miembro. La Comisión, presidida entonces por Jean-Claude Juncker, intentó imponer unas cuotas de reparto manu militari, con sanciones de hasta 250.000 por cada refugiado que un país se negase a aceptar. Polonia y Hungría se rebelaron y se negaron a asumir una norma que nunca llegó a aplicarse de manera efectiva.
El Ejecutivo comunitario cambió de rumbo tras el relevo de Juncker por Ursula von der Leyen. Bruselas propuso entonces una solidaridad obligatoria, pero a la carta, en la que cada país podría elegir entre varias fórmulas de cooperación más allá del reasentamiento de refugiados. Aun así, el nuevo pacto también encalló por las discrepancias e intereses de los países en función de su posición geográfica y de la posible repercusión de una crisis migratoria.
Las sucesivas presidencias semestrales del Consejo eran incapaces de dar con una fórmula que encajase a los países de primera línea fronteriza y a los de interior; a los que lidian con entradas irregulares, como es el caso de España, y los que afrontan salvamentos en alta mar, como Italia; y a los que están dispuestos a acoger refugiados llegados a otros países, como Alemania, con los que se niegan en redondo, como Polonia o Hungría.
Pero Francia optó por desgajar el pacto y buscar acuerdos por separado sobre las diferentes propuestas. Y la fórmula parece haberse apuntado un primer tanto con los compromisos logrados este viernes en Luxemburgo. Las propuestas no han sido sometidas a votación formal, pero la presidencia francesa ha constatado una amplia mayoría a favor. Y la comisaria Johansson ha recordado que los proyectos legislativos sobre la mesa pueden aprobarse por mayoría cualificada en el Consejo, lo que evita el riesgo de un veto por parte de capitales como Varsovia o Budapest.
Darmarin ha reconocido, no obstante, que los pactos logrados son solo “una primera etapa del pacto” y que queda todavía un largo camino para encajar todas las piezas de uno de los rompecabezas más complicados en la historia de la Unión. La Comisión, entre otras cosas, tendrá que continuar el desarrollo de la llamada dimensión exterior del acuerdo, destinada a lograr la cooperación de los países de origen y tránsito de los migrantes en situación irregular para frenar el tráfico de personas o para aceptar la devolución de los solicitantes de asilo rechazados.
El objetivo es disponer de una estructura legal que permita afrontar crisis migratorias como la de 2015, cuando más de un millón de sirios llegaron a la UE en cuestión de semanas. Entonces, se adoptó una decisión de reasentamiento en la que participaron 25 socios de la UE y permitió el traslado de 21.999 migrantes desde Grecia y 12.713 desde Italia, según los datos de la Comisión. Bruselas reconoce que las cifras quedaron muy por debajo de lo deseado, entre otras cosas, porque los Estados miembros no lograban identificar a los potenciales candidatos para un reasentamiento y porque esa posibilidad solo estaba abierta a las personas procedentes de países con una tasa de reconocimiento de petición de asilo superior al 75%.
A partir de 2018, también se pusieron en marcha operaciones de reubicación para las personas llegadas a Italia y Malta tras ser rescatadas en el mar. Pero las cifras también fueron bajas con unas 2.000 personas trasladadas hasta finales de 2020. En 2019, Grecia pidió ayuda para el traslado a otros países de 2.500 menores no acompañados, pero la petición fue desoída durante meses hasta que una decena de socios se mostraron dispuestos a acoger un total de 1.600 menores. La Comisión concluyó que la solución definitiva pasaba por una estructura estable, previsible y permanente de solidaridad que este viernes parece haber empezado a hacerse realidad.
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