El lento despegue de las campañas de vacunación en Europa ha abierto un filón de nervios, impaciencia y desinformación que los traficantes de medicamentos están intentando aprovechar a toda prisa. Los fraudes relacionados con las vacunas para prevenir la covid-19 empezaron incluso antes de que ningún laboratorio hubiese desarrollado el medicamento. Sin embargo, se han acelerado tras la aprobación de tres antídotos en Europa y las ofertas fraudulentas de vacunas en el mercado negro detectadas por la Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF) ascienden ya a 1.000 millones de dosis, con un valor potencial de 14.000 millones de euros.
El Gobierno de la República Checa denunció este miércoles por segunda vez en un mes que ha recibido una oferta de un presunto intermediario para adquirir vacunas de AstraZeneca. El primer ministro, Andrej Babis, admitió hace apenas un mes que incluso antes de que empezaran las entregas en la Unión Europea fue contactado por un vendedor de Dubái. Esta semana su ministro de Sanidad, Jan Blatny, reconoció que otro ciudadano de Emiratos Árabes trató de colocar un lote producido en India.
Las autoridades checas no dieron credibilidad a la oferta de Dubái, pero dijeron tener constancia de que la misma persona se dirigió a otros tres jefes de Gobierno de la UE. También desde Italia han llegado informes sobre presuntas prácticas ilícitas similares a las denunciadas por Praga. “La OLAF ha recibido información de muchas fuentes gubernamentales acerca de ofertas realizadas por intermediarios para vender grandes cantidades de vacunas”, señalan desde el organismo europeo que combate el fraude.
Las administraciones públicas que han contactado con la OLAF en las últimas semanas muestran, según la oficina europea, que “las ofertas de los intermediarios para vender grandes cantidades de vacunas han aumentado rápidamente desde que emitimos [el 15 de febrero] una señal de alerta sobre este tipo de estafas”. A fecha de 2 de marzo, el organismo ya computa intentos fraudulentos de distribución de unos 1.000 millones de dosis. El alcance total de las potenciales estafas ronda los 14.000 millones de euros, según el organismo.
Las ofertas, a menudo, proceden de empresas domiciliadas en países fuera de la UE, lo que complica su identificación y rastreo. La mayoría, según la OLAF, son sociedades inactivas o durmientes que se reactivan para estas estafas. “El objetivo de los defraudadores es convencer a las autoridades públicas de que hagan un pago importante por adelantado para asegurar la venta y desaparecer después con el dinero”, explican desde el organismo comunitario.
Stefano Betti, investigador asociado del International Institute for Strategic Studies, explica que en un contexto de escasez de oferta están irrumpiendo “actores que se presentan como intermediarios que ofrecen vacunas a precios a menudo exorbitantes”. “La OLAF tendrá complicado reconstruir el camino de esos intermediarios. No sabemos quiénes hay detrás de ellos. Dicen que vienen de parte de otras personas que estarían conectadas con las compañías farmacéuticas, que lo han negado”, añade.
Todo apunta a que las ofertas que han recibido las autoridades europeas son estafas, sin producción real. Sin embargo, las operaciones llevadas a cabo a nivel internacional tras una alerta emitida por Interpol ya han llevado a la incautación de millones de dosis falsas en Sudáfrica y al desmantelamiento en China de una red de falsificación. Todo ello alimenta el temor de que algunos de esos presuntos intermediarios puedan estar distribuyendo vacunas falsificadas.
Riesgos para la salud
La OLAF también se mantiene en guardia porque teme la llegada al mercado negro europeo de vacunas falsificadas, adulteradas o en mal estado, con el riesgo que entrañaría para la salud. A mediados de febrero, el organismo ya abrió una línea de investigación sobre ofertas sospechosas de presuntos intermediarios. “No solo es un problema de verificar si las vacunas eran auténticas o no. ¿Quién puede garantizar que esos intermediarios han mantenido los requisitos con los que deben transportarse y almacenarse las vacunas para que sean eficaces?”, añade el profesor Stefano Betti.
Las farmacéuticas niegan cualquier contacto y recuerdan que solo hablan con las autoridades públicas. Pfizer, la farmacéutica que junto a BioNTech logró la primera autorización en la Agencia Europea del Medicamento, señala que confía en sus “años de experiencia en la protección contra la falsificación y el desvío de productos para anticipar y ayudar a prevenir cualquier amenaza potencial a la cadena de suministro de la vacuna”. Durante una reciente visita de EL PAÍS a la planta de Pfizer en Puurs (Bélgica), la mayor planta de la compañía en Europa, se impidió incluso la toma de fotografías de los viales para no facilitar la labor a los posibles falsificadores.
La compañía reconoce que “la pandemia ha dejado a muchas personas con miedo y con ansiedad por protegerse cuanto antes”. “Somos conscientes de que, en este tipo de entorno, impulsado por la facilidad y accesibilidad del comercio electrónico y el anonimato que ofrece Internet, hay un aumento en la prevalencia del fraude, la falsificación y otras actividades ilícitas relacionadas con las vacunas y los tratamientos para la covid-19”, añade un portavoz.
La irrupción de los falsos intermediarios ha ganado fuerza desde principios de año, coincidiendo con la concatenación de percances en la producción y distribución de las vacunas encargadas por la Comisión Europea. El organismo comunitario ha cerrado contratos de reserva con seis farmacéuticas, de las que tres (BioNTech-Pfizer, Moderna y AstraZeneca) ya tienen el medicamento autorizado y puesto en el mercado.
Pero el ritmo de despacho durante el primer trimestre del año ha sido menor de lo esperado, en particular, en el caso de AstraZeneca. Y algunos países han acusado la escasez de suministro, en particular, los más golpeados por la segunda ola de la pandemia, los más dependientes de la vacuna de AstraZeneca (que es la más barata de las tres) o los que llevan un mayor ritmo de administración de las vacunas recibidas.
Posibles ventas directas a ciudadanos
Los tropiezos del arranque de las campañas han abierto el camino para una explosión del mercado negro, siempre pujante en el área de los medicamentos. Si bien la Comisión Europea realizó las reservas de vacunas con las farmacéuticas, el contrato final y el pago corre a cuenta de los 27 socios. Y ahí es donde los intermediarios ven su oportunidad y se ofrecen ante la escasez.
A primeros de diciembre de 2020, en víspera de las primeras autorizaciones de vacunas para la covid-19, Interpol ya emitió una alerta dirigida a las autoridades de sus 194 Estados miembros sobre “una potencial actividad criminal en relación con la falsificación, robo y publicidad ilegal de las vacunas”. El aviso del organismo policial advertía de que “la pandemia ya ha desencadenado unas conductas criminales, predatorias y oportunistas sin precedentes”.
Los países de la UE dispusieron desde el comienzo de la campaña de vacunación de las máximas medidas de seguridad y protección para evitar cualquier desvío de vacunas. Stefano Betti considera, no obstante, que las ventas ilegales pueden proceder también de un eslabón corrupto en la cadena de suministro. De hecho, el fenómeno de las estafas y falsificaciones de vacunas repite ahora la dinámica del año pasado, cuando se desató la carrera entre los Estados por hacerse con un material protector repentinamente necesario y escaso en el mercado.
Las ofertas de mascarillas y otro instrumental se dispararon y tras ellas, a veces, se escondía la entrega de material falsificado y de escasa calidad o, simplemente, la desaparición del supuesto proveedor tras cobrar el suministro. En aquella fase inicial de la pandemia, las investigaciones de la OLAF llevaron a la identificación de 1.000 operadores sospechosos y a la incautación de 40.000 millones de productos, entre ellos, geles desinfectantes con alto volumen de metanol, mascarillas de baja calidad y equipos para test falsos. Según explican fuentes diplomáticas, la presidencia de turno de la UE ―en manos de Portugal— tiene como una de sus prioridades explorar en este primer semestre líneas de actuación para afrontar la falsificación de productos sanitarios.
Los analistas temen que esos traficantes del mercado negro no solo se estén dirigiendo a gobiernos, sino también directamente a ciudadanos. A las puertas de la UE, en Ucrania, la policía investigó en enero las denuncias sobre un presunto tráfico de vacunas que se vendían a ciudadanos por 3.000 euros por dosis. “Ese es el segundo posible canal de venta, al ciudadano a través de plataformas de Internet. Ese fraude lo hemos visto ya con productos sanitarios o incluso con pruebas PCR falsificadas. En mayo de 2020 ya vimos los primeros ejemplos de estafas con vacunas”, explica Betti.
A mediados de febrero, la directora ejecutiva de Europol, Catherine De Bolle, mantuvo una reunión de trabajo con las autoridades policiales de 11 países europeos para analizar, entre otras cosas, los riesgos de la actividad criminal relacionada con la pandemia. Entre los principales peligros analizados figuraba el de la venta de vacunas falsas aprovechando la puesta en marcha de las campañas de vacunación en la UE. Las policías europeas ya tenían para entonces constancia de que las primeras ofertas habían aparecido en la llamada Internet oscura, es decir, páginas web que no son accesibles desde los navegadores convencionales.
Desde Pfizer advierten de que “los productos falsificados sofisticados a menudo son difíciles de identificar tanto por los profesionales de la salud como por el público en general, por lo que es esencial que todas las vacunas y tratamientos, incluidos los de la covid-19, se obtengan de distribuidores legales y autorizados”.
Las autoridades policiales creen que las ofertas falsas se multiplicarán en estas primeras semanas de las campañas de vacunación y que los productos falsificados pueden llegar tanto al mercado negro como a los canales legales de distribución. Europol apunta que una de las posibles tácticas del crimen organizado para explotar el negocio podría ser el rellenado de los viales ya usados. Por ello recomienda un control estricto en la gestión de esos residuos que, según el órgano policial, deberían ser destruidos o incinerados.
Source link