En lo que constituye el arranque más sangriento de año en las últimas dos décadas de conflicto entre Israel y Palestina, el Ejército israelí mató el pasado miércoles a 11 palestinos e hirió a otros 102 durante una incursión en Nablús, en el norte de Cisjordania. Se trata de la redada más mortífera desde 2005, que supera a la que sucedió el mes pasado cuando en una operación similar fallecieron otros 10 palestinos en la ciudad de Yenín, también en Cisjordania. La operación ha vuelto a desencadenar la tristemente habitual escalada de violencia con lanzamiento de cohetes desde Gaza y bombardeos de aviación israelí sobre el territorio.
Resulta inaceptable que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, lejos de guardar una mínima prudencia ante unos hechos en los que han muerto al menos cuatro civiles, se haya apresurado a aplaudir a los “héroes” de la redada de Nablús. Hizo lo mismo en los sucesos de Yenín. En un Estado democrático, acciones con estas consecuencias letales exigen una detallada investigación que analice los procedimientos aplicados y, en su caso, determine responsabilidades. Nada indica que eso vaya a suceder.
Acierta la Autoridad Palestina al exigir al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que presione a su incondicional aliado en la zona y adopte “acciones inmediatas” para detener este tipo de actuaciones. El Gobierno más ultraderechista en las siete décadas de historia de Israel ha adoptado una impronta extremadamente violenta e insensible a una escalada de muertos que necesita actores con autoridad y recursos para hacerle abandonar esta estrategia. En este aspecto, la actual Administración demócrata estadounidense resulta un agente necesario pues cuenta con la capacidad —históricamente demostrada en el pasado con los sucesivos acuerdos de paz firmados por Israel— para hacer ver a Netanyahu la equivocada, injusta y perjudicial actitud gubernamental. En lugar de encauzar el problema, la adopción de medidas militares solo conduce a un destructivo callejón sin salida. En vez de servir para neutralizar a los elementos más radicales palestinos, como asegura la versión oficial, estas muertes provocan una justificada indignación entre toda la población palestina, como muestra la huelga general convocada ayer en Cisjordania.
Desde su llegada al poder el pasado 29 de diciembre, el Gobierno de Netanyahu ha dado sobradas muestras no ya de no querer aproximarse a algún tipo de solución con Palestina, sino de avivar el conflicto. Los muertos y heridos en Yenín y Nablús, así como la innecesaria y provocadora visita de Ben-Gvir a la explanada de las mezquitas en Jerusalén, son evidencias de una clara voluntad de dinamitar cualquier avance conseguido con anterioridad. Permanecer impasible ante semejante estrategia no debiera ser una opción de la comunidad internacional.
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