Damien Abad (Nîmes, 42 años) era uno de los fichajes estrella del nuevo Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron. Abad ocupaba, hasta la semana pasada, la jefatura del grupo parlamentario de Los Republicanos (LR), el partido de la derecha histórica. Más que un fichaje, el nombramiento de Abad como ministro de Solidaridades, Autonomía y Discapacidades era una opa hostil a los conservadores. Y el ministro, un auténtico trofeo político: un dirigente de la principal fuerza de la oposición que se pasaba con armas y bagajes al otro lado.
Pero la satisfacción en las filas macronistas tras el nombramiento del Gobierno el viernes duró poco. Se enfrió definitivamente cuando el diario Médiapart reveló el sábado que dos mujeres acusaban a Abad de violación. La noticia desconcertó a la nueva primera ministra, Élisabeth Borne, y desdibujó cualquier efecto de novedad que hubiese podido tener el nuevo equipo. Las revelaciones han entorpecido el arranque del quinquenio y la campaña para las elecciones legislativas del 12 y el 19 de junio.
La Fiscalía de París anunció este miércoles que carecía de elementos suficientes para abrir una nueva investigación, un respiro momentáneo para Abad tras unos días en la cuerda floja. Borne había indicado que lo mantendría en el cargo a menos que la justicia interviniese. Según el semanario Le Canard Enchaîné, Macron recordó el domingo a sus colaboradores: “Solo la justicia puede decidir sobre la culpabilidad o la inocencia”.
“Hechos materialmente imposibles por mi discapacidad”
Abad sufre una discapacidad que le limita el movimiento de las extremidades. “Siempre he evitado poner de relieve mi discapacidad”, declaró el lunes a la prensa. “Me veo forzado a hacerlo para defenderme e incluso a desvelar mi intimidad en detalle al explicar que los hechos que se me imputan son materialmente imposibles”.
La decisión de la Fiscalía también puede ser un alivio para un Gobierno que, de hecho, es provisional. Si los macronistas pierden la mayoría parlamentaria en las legislativas, Macron deberá nombrar a un primer ministro y a un nuevo Ejecutivo procedentes de la nueva mayoría. La coalición electoral del presidente, que lleva por nombre Ensemble (Juntos), es favorita, pero cualquier tropiezo puede tener un coste en diputados.
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El caso Abad ha puesto a prueba los criterios para mantener o destituir a un ministro. ¿Cuál es el momento adecuado? ¿Cuando alguien lo acusa en los medios de comunicación? ¿Cuando los tribunales reciben una denuncia o cuando se revela una denuncia antigua? ¿Cuando la justicia abre la investigación? ¿Cuando el ministro está imputado? ¿Cuando cae la condena?
Macron, durante la campaña que le llevó al poder en 2017, proclamó: “En principio, un ministro debe abandonar el Gobierno si es imputado”. Se trataba, según el término en boga entonces, de “moralizar” la vida pública. En una década, Francia vio cómo un exministro de Presupuestos, Jérôme Cahuzac, acababa condenado por fraude fiscal y blanqueo de capitales; un ex primer ministro, François Fillon, por un caso de empleos ficticios; y un expresidente, Nicolas Sarkozy, por financiación ilegal y corrupción y tráfico de influencias (Fillon y Sarkozy han recurrido).
Aquellos también fueron los años del Me Too y las denuncias de abusos y violaciones que hasta ese momento habían permanecido ocultas. Macron, reelegido en abril para un quinquenio más, sostiene que la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia sexista es “la gran causa” de su presidencia.
Dos mujeres acusan a Abad. La primera, que Médiapart identifica por su nombre de pila, Margaux, presentó en 2012 y 2017 sendas denuncias contra Abad, a quien acusaba de haberla violado en 2011. Las denuncias fueron archivadas. La segunda mujer, identificada con el pseudónimo de Chloé, le acusa de haberla violado durante un encuentro en 2010 en el que ella quedó inconsciente tras beber el champán que él le sirvió. Chloé presentó la acusación el pasado 13 de mayo mediante un mensaje enviado al Observatorio de las violencias sexuales y sexistas en la política, una organización no gubernamental fundada por feministas en la órbita de la oposición de izquierdas. El Observatorio lo comunicó por correo electrónico la semana pasada a los partidos LR y Renacimiento (el nuevo nombre de La República en marcha, el partido de Macron). Sin respuesta.
La Fiscalía ha explicado que, al desconocerse la identidad real de Chloé y no poder recoger directamente su testimonio, era incapaz de aceptar el caso. Pero podría asumir la investigación en cuanto la víctima se identificase.
No existe una doctrina clara en el Elíseo ante casos como el de Abad u otros ministros acusados. En 2017, Macron relevó preventivamente a varios ministros por casos abiertos por empleos ficticios o nepotismo. Ni siquiera estaban imputados. Un ministro de Ecología, François de Rugy, dimitió en 2019 tras revelarse que, cuando presidía la Asamblea Nacional, había ofrecido banquetes con langosta, entre otros gastos considerados excesivos, y más en plena revuelta de los chalecos amarillos contra las élites de París.
En cambio, el presidente de la República mantuvo a uno de sus hombres fuertes, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, que durante meses fue objeto de una investigación por presunta violación. Darmanin no llegó a ser imputado y, a principios de año, su caso fue archivado. Otro ministro influyente, el titular de Justicia, Éric Dupond-Moretti, sí está imputado, en su caso por un supuesto conflicto de intereses.
Tanto Darmanin como Dupond-Moretti continúan en el nuevo Gobierno. Abad, que ni está bajo investigación ni ha sido imputado, también.
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