Desde hace años, la necesidad de reformar el sistema por el que los trabajadores autónomos cotizan a la Seguridad Social forma parte del debate público. La cuestión está, además, incluida en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos y es uno de los elementos de la reforma de la Seguridad Social incluida en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia de la economía española. De ahí que la iniciativa del ministro José Luis Escrivá de plantear su propuesta de reforma deba acogerse de forma positiva, aunque ahora se abre un periodo de negociación con el sector que puede y debe perfeccionar algunos aspectos del plan.
Por norma general los trabajadores autónomos se enfrentan a ingresos de carácter muy variable y poco uniforme a lo largo del ejercicio, por un lado, y, por otro, reciben una protección del sistema muy inferior respecto a los beneficios que reciben los trabajadores por cuenta ajena. La propuesta del Gobierno pretende abordar ambas deficiencias al establecer un sistema de 13 tramos en las cuotas para que los autónomos paguen en función de sus ingresos y que oscilarán entre los 184 euros para aquellos con menor retribución (en la actualidad la cuota mínima es de 294 euros) y un máximo de 1.267 para quienes alcancen el tope de ingresos contemplado en el último tramo. Ahora, son los propios trabajadores autónomos los que deciden qué cuota eligen, independientemente de sus ingresos, y en torno a un 85% de ellos escoge la cotización mínima, lo que luego redunda en un bajo nivel de protección.
La iniciativa busca, a su vez, reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones, al obligar a los trabajadores con mayor renta a elevar su aportación mensual al sistema. A su vez, reduce los niveles de cotización de los autónomos con menores ingresos, dos de cada tres, según los cálculos del Ejecutivo, para evitar que el pago de las cuotas penalice su actividad y favorezca en última instancia la economía sumergida. Además, el trabajador podrá cambiar hasta en seis ocasiones a lo largo del año el tramo para adaptar con mayor fidelidad su cotización a los ingresos que vaya obteniendo.
La reforma va en línea con lo establecido en las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea del 9 de noviembre de 2019, que inciden en la necesidad de avanzar para que los niveles de protección de trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena se vayan aproximando. La pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de cambiar el modelo de protección, ya que algunas ayudas estaban vinculadas al nivel de cotización, por lo que acabaron siendo muy modestas. Con todo, falta concreción sobre los beneficios que recibirán los trabajadores autónomos por cese de actividad, incapacidad temporal o los permisos por paternidad o maternidad, si de verdad se quiere avanzar hacia la equiparación de la protección social de todos los trabajadores.
Los cambios no serán drásticos ni inminentes, contarán con un periodo de adaptación de nueve años, hasta 2031, para poder completar la ejecución del nuevo modelo y se evaluarán sus efectos y el desempeño de las nuevas normas cada tres años, una medida importante cuando se trata de abordar reformas de carácter estructural y que debería ser replicada en otras reformas legislativas en marcha.
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